POR: Amylkar D. Acosta Medina
Nunca antes había sido tan cierto el aserto premonitorio del reputado
economista John Maynard Keynes, en su obra cumbre La teoría del empleo, el interés y el dinero, que en las actuales circunstancias, cuando dijo: “los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”.
Ni él se lo imaginó. Todos los gobiernos del mundo, ya sean de derecha o de
izquierda, desde los socialdemócratas hasta los más soberbios y recalcitrantes neoliberales que lo detestan, esta vez, al igual que ocurrió en la crisis financiera de 2008, están apelando a las políticas fiscales contracíclicas prescritas por Keynes para tratar de salir del atolladero.
Bien dijo el, que “toda demanda crea su propia oferta” a contrario sensu de la Ley de Say que sostenía que “toda oferta crea su propia demanda”. Pues bien, en momentos tan cruciales como el actual, en los que la economía se paraliza debido a las medidas de auto aislamiento, cuarentenas y confinamiento para contener el avance del COVID -19 y que muchísimas personas pierden su ingreso debido a que no pueden salir a la calle para rebuscárselo (en Colombia el 52% del empleo es informal) y por lo tanto pierden su poder adquisitivo, es menester llegarles, por algún medio, por parte del Estado, sobre todo a los más vulnerables, no con el mercadito sino con medio de pago contante y sonante y así se pueden paliar los efectos sociales de la crisis y al mismo tiempo se pueda morigerar la rápida desaceleración que está experimentando la economía, que va camino al estancamiento o lo que es peor hacia una recesión, la que no hemos tenido desde 1999.
Para lograr la cobertura requerida de un programa de esta naturaleza, de hondo contenido social, se requiere que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) se la juegue a fondo y el Gobierno Nacional arbitre los recursos necesarios y suficientes para lograr tal cometido. Para ello se requerirá no menos de dos puntos del PIB ($20 billones, proximadamente). Para su implementación será menester la articulación de las distintas instancias de gobierno, tanto nacional como territorial y apoyarse en las organizaciones sociales que se han dado las propias comunidades.
Para tal propósito, me parece muy atinada la propuesta del destacado experto Mauricio Cabrera para que la Junta directiva del Banco de la República, por ser este un caso excepcional previsto en el artículo 373 de la Constitución Política.
1 Miembro de Número de la ACCE
2 Apruebe por unanimidad (como lo manda la Carta) un crédito al Gobierno
Nacional, el cual a su vez emitiría TES para tal efecto, con esa destinación
específica.
Esta medida la debería complementar la Junta con una rebaja de la tasa de
interés de intervención desde el 4.25%, que se ha mantenido desde el 30 de abril de 2018, al 3.5%, como lo viene haciendo la banca central en otras latitudes con la misma finalidad, eso sí garantizando que se le traslade este beneficio a los prestatarios y no se quede en los meandros del sector financiero. En las actuales circunstancias, no hay que temer que se pueda disparar la inflación por la baja de la tasa ya que la demanda está deprimida.
De la liquidez para los bancos y la irrigación del crédito por parte de estos a las empresas, para evitar que se vayan a la quiebra y se destruya empleos, ya se ocupó el Banco de la República, al poner a su disposición $23.5 billones, amén del mecanismo de cobertura del riesgo cambiario y así protegerse de la volatilidad de la tasa de cambio, que afecta su deuda externa y el giro de sus
negocios.
Cota, marzo, 24 de 2020
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