Por: Amylkar D. Acosta M.
A todo señor todo honor. Va para el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón González mi reconocimiento y felicitación por la expedición, enhorabuena, del Documento CONPES 3989 fechado el 31 de marzo, mediante el cual se le da luz verde se emite un “concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de US $ 50 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado al financiamiento del programa de agua potable y saneamiento
para el Departamento de la guajira”. Este viene a constituirse para La guajira en un bálsamo, ante las carencias y falencias en la disponibilidad y disposición del agua potable, elemento básico para la salubridad de los habitantes de La guajira, vulnerables como están en este momento frente a los embates de la pandemia del COVID -19.
Se fajó el Ministro Malagón, haciendo honor a su natalicio en nuestra tierra, mostrando y demostrando su compromiso con ella. Dichos recursos tendrán como destinación específica el apalancamiento del financiamiento del “Programa guajira azul, con el objetivo de disminuir las brechas de acceso a agua potable y saneamiento básico”, que él puso en marcha desde 2018, enfocado fundamentalmente a llevarle soluciones a las zonas rurales.
Ahora el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el departamento de La Guajira tiene como objetivo fundamental “incrementar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas del Departamento de La guajira…”, además del “apoyo a la mejora de la gestión institucional”. Eso sí, sin dejar
de lado la atención a las zonas rurales y sobre todo a los asentamientos de los pueblos indígenas.
Como es bien sabido y nos lo recuerda el Documento CONPES, “de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la cobertura del 47 % del servicio de acueducto en el departamento de La Guajira representa una brecha de 40 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional (88 %). Para el servicio de alcantarillado la cobertura asciende al 42 %, es decir, 34 puntos porcentuales menor que el promedio nacional (76 %)”.
Con este Documento CONPES, el Gobierno Nacional toma la posta dejada por el Gobierno anterior en el Documento CONPES 3944, del 4 de agosto de 2018, mediante el cual se estableció una “Estrategia para el desarrollo integral del Departamento de La guajira y sus pueblos indígenas”, al que le da alcance. Este a su vez respondió a los
1 Miembro de Número de la ACCE
2 requerimientos del auto de la Corte Constitucional a través del cual se declaró el Estado de cosas inconstitucional en La guajira2, a instancias del Procurador General de la Nación Fernando Carrillo y se conminó al Gobierno Nacional a cumplir con las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015, tendientes a que se tomaran
medidas por parte del Estado colombiano para “preservar la vida y la integridad de niños y adolescentes de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao”
3. Este Documento CONPES, entonces, va en la dirección correcta porque, además, le da continuidad a lo previsto en el Documento CONPES 3950 de 2018, en el cual se traza una “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela”, teniendo en cuenta que muchos de los migrantes son nuestros propios connacionales que están de retorno por la calamitosa situación por la que atraviesa el hermano pueblo venezolano. Y de contera va en línea con el Documento CONPES 3918 de 2018, el cual contempla la
“Estrategia para la implementación de los Objetivos del Desarrollo ostenible (ODS)”, de los cuales Colombia fue su gestor e impulsor hasta lograr que en 2015 fueran acogidos por las Naciones Unidas.
En lo único que disiento del contenido de este Documento CONPES es con el reporte del Banco Mundial, que se acoge en él sin beneficio de inventario, en el cual se asegura que el préstamo otorgado al Departamento de La guajira “benefició a 422.000 personas, logró aumentar la continuidad en los municipios beneficiados” del servicio de agua potable, cuando, de acuerdo con el reciente Censo poblacional de 2018 no estamos mejor que cuando estuvimos peor. Tal reconocimiento riñe con el dato que nos trae dicho Censo, citado en el Documento CONPES, en el sentido que 12 años después de contraído el maldito crédito de los US $90 millones con el Banco Mundial, dizque para financiar la “revolución del agua potable” en La guajira, “la cobertura del 47 % del servicio de acueducto en el departamento de La Guajira representa una brecha de 40 puntos porcentuales con respecto al promedio nacional (88 %)”.
Por aquello del síndrome del gato escaldado, que si se sube a una estufa caliente y se quema no se vuelve a subir jamás en otra estufa, así esta la fabriquen con hielo, después de lo que pasó con un crédito contratado en volandas y bajo la presión del Gobierno Nacional, sin el lleno de los más elementales requisitos financieros y técnicos, hay que estar prevenidos. Como decía el recordado humorista Heber Castro, se los dije, se lo
2 Sentencia T – 302 de 2017, reiterada en la Sentencia T-216 de 2019/ Amylkar D. Acosta M. Ya era hora.
Junio, 8 de 2018
3 Amylkar D. Acosta M. S.O.S por La guajira. Junio, 8 de 2015/La guajira: tierra de promisión. Enero, 24 de 2020
3 advertí, les recomendé, les aconsejé y no me hicieron caso4. Me pareció absurdo que estuvieran ensillando sin traer las bestias, pues al momento de contratar el crédito de marras no se tenían estructurados, ni siquiera formulados, los proyectos a ejecutar, las vigencias futuras a comprometer pignorando las regalías no estaba contemplado en el Plan de Desarrollo del Departamento, como lo mandaba la Ley 819 de 2003.
De acuerdo con esta misma Ley, como lo sostuvo la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, “el Departamento no puede contraer nuevos compromisos financieros, no sólo por su déficit en balance primario, sino por estar incumpliendo los límites establecidos en la Ley 617 de 2000”5. Y, lo que era más grave, al tratarse de un crédito externo este no se podía contratar sin garantía de la Nación y esta, a sabiendas que
el Departamento de La guajira, de conformidad con la Ley 358 de 1997, por estar en ese momento en la condición de inviabilidad fiscal no podía ser objeto de préstamos, de cofinanciación ni de garantías, le dio la garantía6. Claro que la Nación no tenía nada que perder, porque esta misma Ley prevé que si contraviniéndola se accede a ello “las garantías que otorgue no tendrán efecto jurídico”. Entonces, hay que tener esta vez ojo avizor. Hay
que precaverse de que algo así no vuelva a suceder, que no se vaya a repetir esta triste historia.
Por ello, de la manera más comedida le solicitamos al Ministro Malagón que para la ejecución de los recursos comprometidos, que al cambio actual son $195.000 millones, se adelante de la mano de la administración departamental y de los 15 municipios, articulando este Programa con el Plan Departamental de Desarrollo. Y, algo muy importante, para blindar estos recursos y la ejecución de los mismos, aconsejo el acompañamiento de los organismos de Control, tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Contraloría General de la República y desde luego de la Contraloría Departamental de La guajira.