La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y solicitó la suspensión provisional por 3 meses del alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa del covid-19. Se investigan presuntas irregularidades en la etapa contractual y una supuesta violación a los principios de responsabilidad, selección objetiva y planeación, ante la aparente ausencia de estudios previos y análisis de mercado, la identificación de la población objeto y beneficiaria de las ayudas, y de las bases de datos para verificar la focalización e identidades de las personas que están recibiendo las ayudas. Se busca establecer si no se acreditó la experiencia por parte del proponente y si no se le habría exigido la capacidad financiera y organizacional, y si se presentaron sobrecostos en el Contrato 042, del 26 de marzo, que podrían ser del orden de $190 millones de pesos, para la adquisición de 10 mil kit de mercados, cada uno a $50.000, 10.000 de $25.000. La Procuraduría busca establecer si el alcalde y el secretario, en su condición de supervisor del contrato, incurrieron en una falta disciplinaria, los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la administración pública y su grado de responsabilidad. Con la medida cautelar de suspensión en el cargo del alcalde y su secretario por tres meses se busca evitar la reiteración de la comisión de la falta y una eventual interferencia en la práctica de las pruebas ordenadas. Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre. Este proceso entra al programa ´Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
