De los 5.1 billones que se han girado a 35 EPS, unos 4.1 billones se han destinado a
saldar deudas con IPS y proveedores, según análisis de la información financiera.
Un altísimo porcentaje de los 5 billones de pesos que el
Gobierno Nacional destinó para el sector de salud durante marzo de este año sí están
llegando a los prestadores de servicios del país.
Así lo reveló hoy la Superintendencia a través del primer informe sobre flujo de recursos
de las EPS. Informe al cuál se comprometió el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel,
durante una citación de control político en la Comisión VII del Senado, convocada para
verificar el uso que se le ha dado a los recursos en el sistema de salud en época de
pandemia y la implementación de los controles para la entrega de equipos de bioseguridad
al personal de salud.
El informe corresponde al análisis sobre el destino de los dineros girados por las entidades
responsables de pagos de salud del mes de marzo de 2020, el cual muestra que los
recursos fueron utilizados principalmente para cubrir obligaciones con la red de servicios
y proveedores.
Precisamente, al revisar los reportes de información que han hecho 35 EPS se observa
que durante este periodo les han ingresado $5,1 billones correspondientes a ingresos
corrientes y anticipos de presupuestos máximos que les ha hecho el Gobierno Nacional a
través de la ADRES.
Según el informe preliminar de la Supersalud, las EPS destinaron $1 billón para
inversiones, $1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de $4,1 billones. De
esta última suma, el 60% fue para IPS privadas o mixtas, el 17% para IPS públicas y el
23% se destinó a otros proveedores, incluidos los profesionales independientes, los
prestadores con objeto social diferente, transporte especial de pacientes, proveedores de
insumos y medicamento, así como el gasto administrativo.
El máximo órgano de control del sector salud también caracterizó la distribución de los
recursos que recibieron las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud – IPS ($3.1
billones), identificando que de estos el 30% corresponden a IPS habilitadas en diferentes
departamentos, el 12.5% se destinan a IPS que se encuentran habilitadas en Bogotá,
seguida por Antioquia (10.9%) y Valle del Cauca (9%), y el 37.6% restante distribuido en
los 30 departamentos restantes, esto debido a que el giro de los recursos están
relacionados con la capacidad de infraestructura hospitalaria, donde hay mediana y alta
complejidad que concentran la prestación de servicios de salud.
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Vigilancia a los dineros
Por otro lado, Aristizábal Ángel aseguró que la Supersalud viene haciendo seguimiento
tanto a la implementación de medidas expedidas por el Ministerio de Salud para oxigenar
financieramente como a la información publicada por Adres con respecto a la
concentración de giros, para emitir las alertas ante una presunta desviación o
concentración de recursos.
De forma complementaria al análisis juicioso y minucioso de las cifras reportadas, el
funcionario señaló que la circular externa 008 de 2020, expedida por su despacho a
mediados de abril, ha permitido fomentar la transparencia de las cifras y los destinos de
los recursos que administran las EPS, las cuales están obligadas a reportar toda su política
de pagos en los primeros cinco días de cada mes.
“Las instrucciones que les dimos con esta circular nos permiten evaluar cómo se están
aplicando los recursos, en que se están gastando, cómo se están girando y cuáles son
sus saldos a la fecha”, señaló.
En este sentido, dijo, se han ordenado medidas cautelares para que los responsables de
pago den las respuestas correspondientes.
Advirtió que de las 37 EPS objeto de este análisis, dos de ellas (Comparta y AIC) no
reportaron información a la Supersalud, razón por la cual se está evaluando una eventual
investigación administrativa. Esto también se llevará a cabo con las EPS que reportan
información de forma inoportuna, es decir fuera de los tiempos establecidos, y de baja
calidad.
“Sancionaremos a los responsables de no entregarnos la información porque hay algunos
gerentes que no cumplen las instrucciones impartidas, y vamos a generar las
investigaciones a que haya lugar contra los representantes legales y las juntas directivas”,
agregó Aristizábal Ángel.