Por Abelardo De La Espriella
El sentido común indica que la propuesta de la hipoteca inversa promovida por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, es sensata y se constituye en una interesante alternativa para los adultos mayores propietarios de vivienda que carecen de una pensión para garantizar su subsistencia.
Grosso modo, el proyecto consiste en que las personas de la tercera edad puedan acceder a una pensión cuyo cálculo se haría con base en el valor del inmueble que sirve como respaldo de la misma. Así, en el ocaso de sus vidas, los viejos no tendrían que padecer limitaciones económicas. Hasta ahí, la propuesta es loable e interesante.
El proyecto apunta a que las hipotecas inversas sean tramitadas ante la banca privada, en las siguientes modalidades: desembolsos únicos, desembolsos programados y desembolsos vitalicios. La propiedad que respaldará la hipoteca solo podrá ser ejecutada por el banco, cuando los firmantes de la misma hayan muerto.
La teoría es muy bonita y, posiblemente, además de ser una alternativa interesante para quienes se puedan acoger a esas hipotecas, será un negocio maravilloso para los bancos privados, esos mismos que en esta pandemia han sido inferiores al desafío que ha planteado la naturaleza, que han permitido que miles de empresas colapsen con el establecimiento de unos requisitos imposibles para los trámites crediticios, por no hablar de las brutales tasas de interés que cobran.
Empecemos por plantear un interrogante elemental: ¿las hipotecas inversas se tasarán de acuerdo con el avalúo catastral de las propiedades, o con base en el precio de mercado de aquellas? Entre uno y otro, hay una diferencia abismal. Los banqueros, obviamente, dirán que tiene que hacerse con fundamento en el valor que arroje el Catastro, lo que de entrada se constituye en un menoscabo patrimonial para aquellos que se acojan al proyecto en ciernes.
Repito: la iniciativa no es mala, pero tal y como fue planteada, trae unos riesgos enormes. Empecemos por “blindarla”, sacando a la banca privada de este negocio. Habida cuenta de que se trata de una medida de seguridad social, enfocada en los adultos mayores propietarios de un bien inmueble, considero que el Estado debe ser el que, además de diseñar el programa, sea el encargado de ejecutarlo, brindando todas las garantías a quienes acudan a esa figura.
Propongo que se estudie la viabilidad de asignarle esa función al Fondo Nacional del Ahorro, una entidad que ha dado sobradas muestras de eficiencia. No podemos crear un programa de tanta sensibilidad, para dejarlo al arbitrio de un sector financiero indolente, que no tendrá problema ninguno en subvalorar las propiedades y proceder a su ejecución cuando algún abogado “sofisticado” considere que es tiempo de suspender los desembolsos pactados.
Insisto: los antecedentes y la impiedad de la banca privada colombiana son motivo suficiente para oponerse a que sea esta la delegada para poner en marcha el proyecto de las hipotecas inversas.
Y a quienes no compartan esta sospecha solo me resta pedirles que se den una pasada por los fondos privados de pensiones y miren la montaña de reclamaciones y de quejas de personas que confiaron a ellos sus ahorros para el retiro y que ahora, desesperadamente, quieren retornar al fondo público.
