Con motivo de la pandemia por el Covid- 19, el departamento de La Guajira mostró un panorama de desaceleración de las actividades productivas, la disminución de los precios del carbón, cuya explotación es la principal generadora de ingresos para el territorio, el cierre temporal o definitivo de las unidades de negocios debido a su limitado patrimonio y acreencias financieras y una desbordada desconfianza en las instituciones gubernamentales.
Este entorno económico analizado por la Cámara de Comercio de La Guajira en diversas publicaciones es una barrera para el desarrollo del territorio. Este análisis derivó en la formulación de planteamientos que continúan vigentes y que requieren acciones de planificación para crear condiciones que sostengan y estimulen la oferta y la demanda para la recuperación de la economía territorial.
En estos análisis de coyuntura económica se reiteraba la necesidad de visibilizar las fortalezas competitivas del departamento para estructurar y ejecutar proyectos que apalancaran el desarrollo con apoyo del gobierno nacional y de la cooperación internacional, operativizando la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, como instrumento de planeación para la priorización de programas y proyectos encaminados al logro de la visión de competitividad del territorio, con foco en la solución de las fallas de mercado, gobierno y articulación.
Para esto nuevamente se insiste en una visión de futuro compartido que facilite la coordinación del trabajo entre instituciones del departamento y que se inicie con la construcción de una narrativa estratégica de competitividad que posicione a La Guajira como una región competitiva y atractiva para la inversión nacional y extranjera.
Sin embargo, sobre estos particulares no existen adelantos significativos y el tiempo obliga a orientar acciones en este sentido. Los anuncios de desvinculación de más 400 empleados de Cerrejón acerca a La Guajira a escenarios desafiantes sumado a que en menos de trece años la concesión para la explotación de la mina del Cerrejón terminará, entregándose al Estado colombiano las áreas e infraestructuras de operación.
Es clave resaltar que el cierre no es el fin del negocio como lo han manifestado en múltiples ocasiones los responsables de la operación, pero el mercado internacional del carbón térmico cada día es más estrecho, imponiéndose cada vez más la premisa de generación de energías más limpias, con la desventaja también del activismo social y judicial promovido en todo el país en contra de los proyectos mineros.
El departamento del Cesar vive una situación de incertidumbre complicada, con la decisión tomada por la carbonera multinacional Prodeco que anunció que devolvería los títulos mineros, acabando su actividad de explotación, y dejando sin trabajo a más de 2.200 trabajadores. Dicho anuncio ocasionó que la economía de la región empezará a resentirse pues la actividad minera dinamiza gran parte de la economía en hoteles, hospedajes, restaurantes, tiendas, etc., y genera más de $243 mil millones de pesos en regalías a la nación y $65 mil millones al departamento. Ante esta situación los mandatarios locales alzaron la voz pidiendo soluciones.
En el departamento de La Guajira, el Cerrejón durante 35 años ha generado más 13 mil empleos de forma directa e indirecta de los cuales, el 65% de estos son personas oriundas de la región que recibieron en salarios y beneficios más de $705 miles de millones de pesos a precios del 2015 y los gobiernos municipales y departamental recibieron en regalías $8.1 billones entre 1990 y 2016.
Cifras más recientes muestran que en el 2019 Cerrejón aportó el 45,4% ($4.4 billones) a la composición sectorial del PIB departamental, generando en ese año 5.896 empleos directos, de los cuales el 66% (3.910) son personas de La Guajira y 5.166 empleos indirectos. En términos de exportaciones para el primer trimestre de 2020 generó ganancias de 1.8 billones de pesos.
El cierre de la mina traería impactos negativos al departamento, ya que directamente se verían afectadas más de 44.000 personas entre trabajadores y sus familias, que dejarían de recibir en sueldos y prestaciones $832.485.972 millones de pesos, afectando la economía local y para los proveedores y contratistas supondría una pérdida de $91.281 millones de pesos. Así mismo, se dejarían de invertir $12.300 millones de pesos en programas sociales, se afectaría el acceso al agua potable de 33 poblaciones y las becas educativas de 17.000 estudiantes. (Datos del Informe de Sostenibilidad 2019 del Cerrejón).
Por otro lado, en el tema de la explotación del gas natural la situación también es preocupante. En el 2017 la Unidad de Planeación Minero-Energética de MinMinas – UPME, manifestaba que las reservas de gas existentes en el departamento se encuentran declinando desde el 2014, alcanzando a ser solo en el 2016 del 22%, en el 2017 del 20% y en el 2025 será del 9% de las reservas nacionales probadas.
Este panorama es desalentador para el departamento, ya que la actividad minero-energética caerá sin transformaciones productivas alternativas que generen oportunidades económicas y sociales a los habitantes. Ante esta situación es necesario y pertinente empezar a planificar la descarbonización de La Guajira y no esperar que nos suceda lo ocurrido en el Cesar. En este sentido la administración departamental y las administraciones municipales deben empezar a desarrollar un plan estratégico de reorganización de las dinámicas productivas del territorio.
Reiteramos en la necesidad de repensar el territorio, generando políticas claras de diversificación para impulsar encadenamientos productivos acordes a la vocación y potencialidades del territorio. Es necesario, por ejemplo, plantear alternativas de recuperación del sector agro, este genera más empleos que la minería, pero son empleos precarios debido al poco desarrollo generado en la falta de innovación tecnológica, en la escasa tecnificación de los cultivos, en la nula utilización de innovación genética y en la incapacidad gubernamental para establecer una competitividad sólida que transcienda la economía informal o de subsistencia.
Para el desarrollo de la agroindustria se debe terminar la Represa del Rio Ranchería de acuerdo a lo plasmado en el Conpes 3362 del 14 de julio de 2005, que la declaró de importancia estratégica para el país, “ya que permitiría no solo desarrollar la política agropecuaria del Gobierno Nacional, sino contribuir a mejorar las condiciones de vida de una zona considerada deprimida pero con un alto potencial productivo, que beneficiaria un número significativo de pobladores rurales, en su mayoría indígenas y pequeños propietarios”. En este sentido, también son necesarios y urgentes para la reactivación del agro, la construcción de los distritos de riego propuestos, y para mejorar condiciones sociales a la población la construcción del acueducto regional (suministro de agua potable a nueve municipios: San Juan, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania.
En esta transición es necesario para impulsar el comercio regional e internacional en el territorio, hacer todos los esfuerzos posibles para que se habilite por parte de la DIAN a Puerto Nuevo, en Bahía Portete, como puerto de desembarque y embarque de mercancías en la Zona de Régimen Especial Aduanero de Uribia, Manaure y Maicao; contactar inversionistas para la construcción de un nuevo muelle en Manaure para la comercialización de la sal marina y el abastecimiento al mercado nacional, la prestación de este servicio sería la única manera de ser competitivos y reemplazar las importaciones de sal.
Si los proyectos mineros terminan operaciones se puede pensar en que las infraestructuras que revierten a la nación puedan disponerse para el turismo (Los aeropuertos en la mina y en el puerto, el puerto Simón Bolívar, la plataforma submarina de extracción de gas, etc.). Es necesario también para potencializar la actividad turística construir la Marina en Riohacha, por su estratégica posición geográfica podría atraer a los yates y veleros que navegan en el Caribe y servir de escala entre Aruba – Cartagena, esto generaría ingresos por la prestación de servicios.
Lograr la certificación Bandera Azul de las playas de Riohacha, las cuales en un primer intento no la obtuvieron, al no poder garantizar la mejor calidad del agua para los bañistas, son más de 500 años descargando las aguas residuales al mar Caribe sin ningún tratamiento. Así mismo, se debe generar una articulación del binomio turismo y cultura, como una potencialidad diferenciadora y única (etnias, música, gastronomía, etc., y fortalecer la gobernanza turística para generar un destino más competitivo y sostenible.
Generar encadenamientos productivos en torno a la explotación de las energías no contaminantes en el territorio aprovechando la mano de obra que quedaría cesante de la actividad minera lo que ayudaría a disminuir el desempleo ocasionado por el cierre de operaciones de la mina Cerrejón.
“Es un imperativo ético con la población guajira, empezar a pensar, construir y ejecutar ese plan estratégico de reorganización de las dinámicas productivas del territorio, desde la Cámara de Comercio ofrecemos nuestro apoyo para iniciar este ejercicio que no da espera” aportó a este análisis Alvaro Romero Guerrero, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira.
