Como es sabido, la pandemia del Covid-19 que se originó en el 2020, trajo como resultado medidas de bioseguridad restrictivas que afectan el crecimiento productivo del país. Dado esta situación, Colombia se hundió en una recesión de la que apenas mostró signos de recuperación en el primer trimestre del 2021, con un crecimiento de 1,1% en comparación con el mismo período del año anterior. En este sentido, diversos sectores de la economía evolucionaron hacia un mundo de virtualidad, que abrió paso a rezagos y oportunidades.
El desempleo y la informalidad fueron los primeros síntomas de esta crisis económica y social; junto a esto, el DANE reveló que hubo un aumento de la pobreza monetaria en el país, donde el 42,5% de la población que vive en condición de pobreza, aumentó 6,8 pp con respecto al 2019 (el más alto históricamente) y el 15,1% en condición de pobreza extrema, aumentó 5,5 pp con respecto al año anterior, debido principalmente a la pandemia. Estos datos estuvieron por encima de la incidencia de pobreza del 33,7% y de pobreza extrema del 12,5% en Latinoamérica.
Teniendo en cuenta que el salario mínimo para el 2020 fue de $877.803, más el auxilio de transporte, la línea de pobreza se situó en $331.688 y la línea de pobreza extrema en $145.004, generando que 3 millones de personas aproximadamente ingresaron el año pasado en situación de pobreza y 2,78 millones de personas aproximadamente se encuentran en condición de pobreza extrema.
El Gobierno Nacional el año pasado, apostó por un programa social temporal Ingreso Solidario (que duraría hasta junio de 2021) y según lo reportados por el director del DANE, sin las ayudas institucionales la incidencia en la pobreza hubiese sido mayor en Colombia. Para prorrogarlo se planteó incluirlo en el proyecto de ley de la Reforma Tributaria, que fue retirada por el paro que desde el 27 de abril vive al país. La propuesta dirigía el ingreso solidario a los hogares vulnerables y en condición de pobreza, que no son beneficiarios de Familias en acción, jóvenes en acción, compensación del IVA o Colombia mayor. El Estado tendrá entonces que plantear otras alternativas para que este programa continúe y así no aumente la incidencia de pobreza en el país.
En cuanto al panorama regional, el DANE, reportó un aumento considerable de la pobreza monetaria que tuvo mayor diferencia porcentual de incidencia de pobreza en las ciudades principales (Barranquilla, Bucaramanga y Cali). Cabe anotar, que estas ya presentaban un aumento de la población vulnerable que conforman el 30,4% en el país y son muy sensibles a los choques de la economía.
La Guajira, por su parte, es el departamento con mayor incidencia de pobreza monetaria en Colombia con el 66,3% (aumentó 4,5 pp que representan 66.817 habitantes) y en condición de pobreza extrema con el 39,7% (aumentó 6,2 pp que representan 78.226 habitantes, la mayor variación en los últimos 5 años).
En Riohacha, la línea de pobreza monetaria es de $288.753 y la de pobreza extrema es de $137.658, registrándose la segunda mayor incidencia de pobreza monetaria que está en el 57,1% y pobreza extrema en el 27,7% (esto representa que ingresaron 24.110 personas a condición de pobreza monetaria y 22.857 personas a condiciones de pobreza extrema), por debajo de los indicadores departamentales. A su vez, la población perteneciente a la clase vulnerable se redujo a 26,4% (la sexta mayor del total nacional), al igual que la clase media se redujo a 26,4% y la alta a 20,5% (la menor población de clase media y alta del país).
Con unos niveles de informalidad crecientes, donde en el primer trimestre de enero a marzo la informalidad de Riohacha fue del 67,10% una de las ciudades con mayor informalidad, después de Cúcuta (72,49%) y Sincelejo (67,10%), afectado por la pérdida de puestos de trabajo y con una gran población en condición de pobreza, que crece cada vez más, la situación para el departamento es complicada.
La desaceleración de las actividades productivas, la disminución de los precios del carbón, cuya explotación es la principal generadora de ingresos, el cierre temporal o definitivo de las unidades de negocios debido a su limitado patrimonio y acreencias financieras y la desbordada desconfianza en las instituciones gubernamentales, harán que se agudice más la problemática de este territorio.
Ante este panorama, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero Guerrero considera que es necesario poner en marcha acciones trasversales de alto impacto entre las que se puede incluir intervenciones concretas desde la perspectiva del aporte de las empresas como motores de desarrollo y bienestar dada su capacidad de generar empleos, la base para impulsar el crecimiento económico siempre y cuando este sea sostenible”.
En este sentido, se proponen alternativas que ayuden a la reactivación económica teniendo en cuenta las escasas capacidades financieras y productivas de las empresas luego de los efectos de la pandemia.
Estas acciones pueden ser la disminución de impuestos, la apertura de una línea de capital de trabajo para reiniciar los negocios y la implementación de programas especializados que brinde herramientas que mejoren los niveles de productividad e innovación de las empresas. Esta iniciativa debe contemplar apoyos para la mejora en la calidad de la oferta de bienes y servicios, el desarrollo de procesos para hacer nuevos negocios, la promoción del consumo local, el desarrollo de estrategias comerciales para la identificación de mercados que promuevan la producción local, etc.
“Desde la cámara de comercio desarrollamos programas exitosos que permiten a las empresas mantenerse en el mercado y ofrecer empleos sostenibles y de calidad que a su vez impacta a la economía local. Necesitamos sumar esfuerzos financieros para beneficiar más empresas y con esto aportar a la disminución del desempleo y la informalidad en el departamento” agregó Romero Guerrero.