Desde el pasado 27 de abril, Aldrin Quintana Ustate, gerente de la Clínica Maicao, anunció a la opinión pública la grave crisis financiera en la que se encuentra la entidad debido a la alta cartera morosa de EPS y secretaría de Salud de La Guajira. En ese momento, el médico hizo un llamado al gobierno nacional, organismos de control y entes territoriales a atender la situación que no solo afectaba al centro asistencial que aunque está ubicada en el municipio fronterizo, atiende pacientes de varios municipios del departamento.
Pese a la insistencia del gerente de la institución maicaera, la respuesta fue nula y en días pasados, a través de un extenso comunicado de prensa, los gerentes de las clínicas Maicao, Someda, en San Juan del Cesár; Cedes, Gyo Medical y Renacer en Riohacha, se dirigen a la presidencia de la República, al ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República, al gobernador de La Guajira, al presidente de la Asamblea del departamento, a las secretaría de Salud departamental y locales de los municipios afectados, así como a los alcaldes, con el fin de anunciar que de no hacerse con urgencia una mesa de flujo de recursos que refleje el pago de la cartera vencida, el funcionamiento de los centros asistenciales que han tenido la mayor carga de atención de pacientes durante la pandemia, podrán funcionar solo hasta el 15 de junio de 2021.
Lo adeudado a las clínicas Maicao, Someda, Renacer, Gyo Medical y Cedes, asciende a los $83.350.607.286, acumulado que se encuentra discriminado de la siguiente manera: Nueva EPS $15.361.815.296; Coomeva EPS $12.947.009.148; Medimas EPS $2.856.387.777; Coosalud ESS EPS $2.796.029.020; Dirección Departamental de Salud de La Guajira $26.124.071.444; Cajacopi EPS $9.846.551.804; Organización Clínica General del Norte S.A $2.370.615.149; EPS Sanitas $3.121.548.213; Adres $3.530803.242; UT Nuevo Fosyga $443’732.043; Consorcio Sayp $1’919.121.524; La Previsora $1.153.661.401; Consorcio Fidufosyga $879.261.401.
En su comunicado, los gerentes de las clínicas instan al gobierno nacional a través del ministerio de Salud y Protección Social y la Supersalud, a que asuman las deudas vencidas de entidades que fueron liquidadas como Saludvida, Saludcoop, Cafesalud, Comfacor, Caprecom y Comparta, las cuales suman un acumulado de $26.283.572281, lo que ayudaría a los centros asistenciales a garantizar su atención a la población guajira que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia de Covid-19.
Los representantes de las clínicas Someda, Maicao, Cedes, Renacer y Gyo Medical, son claros en afirmar que pese a la implementación de acciones de contingencia para superar la pandemia, la carga financiera que han soportado por años, les hace imposible seguir haciendo frente a la crisis sanitaria que requiere una exagerada oferta de recurso humano, de infraestructura, suministros médicos y de bioseguridad, que les ha hecho triplicar sus gastos, La crisis es tal que el suministro de elementos como medicamentos y oxígeno, lo tienen suspendido por la falta de solvencia, hecho que pone en riesgo no solo a las entidades sino a los pacientes contagiados por Covid-19 que requieren drogas de alto costo y que hoy los centros no tienen como cubrirlos.
De producirse el cierre de las clínicas privadas, se pasaría a afectar no sólo la salud del pueblo guajiro, el departamento entraría en una grave crisis social por el aumento del desempleo, los municipios dejarían de percibir los impuestos que como empresas tributan y lo más grave de todo: podrían aumentar el de por sí alto número de muertos por efectos de la pandemia y otras patologías de alto costo que son atendidas en Someda, Maicao, Renacer, Cedes y Gyo Medical.
En éste momento pende de un hilo la salud de más de 1 millón de habitantes del departamento de La Guajira y el gobernador, las EPS y el gobierno nacional tienen la última palabra, además sería bueno que la dirigencia de territorio peninsular y los congresistas guajiros, alcen su voz, porque no se trata solo del cierre de clínicas privadas, se trata de la atención en tiempos de pandemia en un departamento que no cuenta con la infraestructura necesaria para suplir la demanda que cubren los centros asistenciales que están siendo obligados a cerrar.