La directora Ariannys Torres Sánchez y funcionarios del Instituto de Transporte y Movilidad del Distrito –INSTRAMD – Riohacha, lo mismo que contratistas realizaron un plantón frente a las instalaciones del Palacio de Justicia como protesta ante un procedimiento jurídico el cual se considera no se viene aplicando dentro de la legalidad.
El caso obedece a un embargo que se le hizo a la entidad por la suma de 490 millones de pesos el cual se le está reclamando al Instramd por un servicio de vigilancia que jamás se prestó.
GuajiraGrafica.net entrevistó a Ariannys Torres Sánchez, quien señaló: “lo primero que hicimos al tener conocimiento del procedimiento fue revisar en nuestros archivos físicos, jurídicos, contractuales a ver si existía algún contrato o documento que soportara esta reclamación”.
G.G.-¿Qué medidas adoptaron al no encontrar ningún soporte que sustentara tal reclamación?
A.T.S-Nosotros no encontramos ningún documento que soportara esta reclamación, por eso instauramos las nulidades pertinentes que creíamos y aquí dentro del juzgado se solicitó por parte de los abogados de la entidad, pero al final de los requerimientos que se han hecho, el juzgado en lo único que insiste es que se embarguen todas las cuentas del Instramd.
G.G-¿Luego de esta acción del juzgado que propusieron ustedes?
A.T.S.-Después de realizada una reunión en que se expuso el caso a todos los funcionarios y contratistas, se decidió venir al Palacio de Justicia porque creemos que este es el órgano que debe impartir y garantizar los derechos de cada institución, de cada persona.
G.G-¿Con este plantón cree que se logren resultados?
A.T.S.- Claro, hoy nos encontramos aquí dándole a conocer a la ciudadanía que el Instituto viene saliendo de un flagelo que lo viene arrodillando hace muchos años y que hoy otra vez nos vamos a encontrar con un detrimento patrimonial porque en la institución no se encuentra ninguna documentación que soporte haber prestado este servicio.
G.G.Esto es inaudito, ¿cómo es que se va a cobrar un servicio que jamás se ha prestado?–
A.T.S. De hecho, hemos comentado a los compañeros de mayor tiempo de trabajo en esta institución si conocen de algún servicio de vigilancia que se haya prestado en años anteriores o en esa misma fecha y ellos totalmente en desacuerdo pronuncian un no rotundo, en que nunca han visto una empresa de vigilancia. Y por qué hoy nos van a flagelar con 490 millones de pesos de un servicio que no existió. Por eso nos encontramos aquí, haciéndonos sentir para que la sociedad conozca lo que está haciendo el instituto, lo que creemos que no es justo para la institución.
Por otra parte se conoció que la nómina del instituto es de cien millones de pesos mensuales en que se cubre salud, sueldos, descuentos, o sea, para pagar esa cuenta se tardaría todo el resto del año para solventar una situación que es ilegal, que nunca se dio, indicó una de las funcionarias de la entidad flagelada.
Los funcionarios y todos los empleados del instituto se muestran inconformes ante una ilegalidad de pagar algo que no tiene un soporte legal y esto los motivó a protestar generando rencor en los funcionarios al sentir que su trabajo se ve menospreciado por un grupillo de personas que pueden llegar a crear esta clase de situaciones y que no va a pasar absolutamente nada, fue el clamor unánime de los que sienten afectados en sus derechos.
De igual manera, ante la negativa de un juez al no dar respuesta a las nulidades y excepciones, decidieron instaurar una acción de tutela a fin de que se les tenga en cuenta en sus justos reclamos y peticiones.