Por Martin Barros Choles
El globo Cerrejón Central, es la única mina en Colombia, cuyo subsuelo no corresponde a la nación, sino a un grupo de personas, naturales y jurídicas, denominada comunidad, conformada desde el siglo XIX, legalizada en 1947, en predios de la Corona Española, por quienes se apropiaron de la extensión predial.
La Comunidad del Cerrejón, inició explotación del Carbón en La Guajira, hace más de 30 años, en el municipio de Barrancas, sin que la administración municipal, a la fecha, haya recibido, ningún derecho, ni beneficios, por conceptos de regalías, compensaciones, ni mucho menos, por impuesto, de Industria y Comercio. Tambien evadieron durante muchos años, el impuesto predial.
La Comunidad, sin razón legal alguna, se niega a presentar en el municipio de Barrancas, declaraciones de impuesto municipal, relacionada con la actividad minera, en lo relacionados con: ingresos brutos, facturados o adquiridos, por concesiones o contratos de explotaciones mineras anuales. En la referenciada declaración, auto liquidan los impuestos gravados, de conformidad a la base de ingresos, si no se trata de contribuyentes o actividades, exentas de referido impuesto municipal. El hecho que una persona natural o jurídica, o determinada, actividad, industrial, comercial y servicio, estén exenta por ley o Acuerdo Municipal, no la exime a los responsables, de presentar anualmente, la declaración de impuesto. Cuando esta se omite, constituye causal de sanciones administrativa. No existe por ningunas normas legales, que exceptúe, ni excluya, a la Comunidad del Cerrejón, de presentar de declaración de impuesto en el municipio de Barrancas.
La Comunidad, fue objeto de tramite administrativo tributario, por la administración municipal, que la emplazó, a través de la secretaria de Hacienda, para que presentara declaraciones del impuesto de industria y comercio, correspondiente a las vigencias fiscales, de los años, 2014 al 2018, donde el contribuyente, tuvo ingresos superiores al billón de pesos, durante los citados cinco años de explotaciones, efectuadas por Carbones del Cerrejón, Carbones Colombiano del Cerrejón y una empresa China, que explota la mina, de manera subterránea. Se negaron a declarar con posterioridad al emplazamiento notificado, lo cual generó sanción por no declarar, en cumplimiento, a disposiciones legales vigente, expedida por el secretario de Hacienda. La sanción conlleva una multa, equivalente al 10% de los ingresos brutos obtenidos o facturados por la comunidad, durante cada una de las vigencias fiscales. El sancionado una vez notificada la sanción, disponía de dos meses, para interponer recurso de reconsideración, termino en que podría aceptar la sanción y esta, se le reduce hasta el 10% de la liquidación de multa.
La Comunidad argumentó que no estaban obligado a declarar, contrariando la ley, a lo que el secretario de Hacienda, Amiro Gómez, confirmó la sanción, agotando la vía gubernativa del tramite administrativo, remitiendo el expediente, al Tesorero, para que se procediera al cobro coactivo.
Al terminar la vigencia del periodo, de administración del alcalde Jorge Alberto Cerchar y asumir el nuevo alcalde, Iván Mauricio Soto Balan, nombró de secretario de Hacienda, a Isaac Carrillo y de Tesorero, Félix Monsalve, quienes continuaron con el tramite de los procesos tributario, hasta cuando, intercedió, el Procurador Regional de La Guajira, en favor de la Comunidad, cuya intención, no era otra, que de ponerle fin, los procesos de manera irregular, en perjuicio de la administración municipal. El alcalde no se si por miedo, ordenó sin mediar acto administrativo justificatorio, no continuar con los procesos, sin tener en cuenta, consecuencias negativas, que puedan originarse a futuro, por existencia de procedimientos legales, para iniciar y terminar, los procesos administrativos. Todo por complacer al Procurador de La Guajira, que supuestamente, es pariente cercano, de miembro comunero, domiciliado en Santa Marta, afectado con sanciones solidarias.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria, Contra Amiro Gómez e Isaac Carrillo, en condición de secretarios de Hacienda, del municipio de Barrancas y Félix Monsalve, en condición de Tesorero. A los alcaldes Jorge Cerchar Figueroa e Iván Mauricio Soto, fueron absuelto, porque no había ningún motivo para investigarlo, como tampoco existe, para los secretarios de Hacienda, ni el Tesorero.
La intervención del Procurador en procesos contra la Comunidad y miembros comuneros indujo al alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, en error, incurriendo en falta, por violación de funciones, constitucionales y legales, al no responderse, los recursos interpuestos, por los comuneros, ejerciendo el derecho de defensa, por orden impartida al secretario de Hacienda, para no continuar con los tramites iniciados.
No seria nada raro, que la Procuraduría Regional de La Guajira, termine sancionando disciplinariamente, Amiro Gómez e Isaac Carrillo, por buscar recursos económicos, como secretario de Hacienda, de la administración municipal, cumpliendo a cabalidad, procedimientos legales, en trámites administrativos. Los funcionarios investigados, puedan resultar víctimas, en prácticas de corrupción e intimidación, para generar miedos, favoreciendo, de manera injusta e ilícitamente, a la entidad evasora, Comunidad de Cerrejón.