Contar con conexión al servicio de energía eléctrica no garantiza desarrollo pues se requiere disponibilidad, continuidad dentro de parámetros establecidos, suministro de forma segura y valores de consumo dentro de rangos requeridos.
En el caso de Colombia la constitución política establece en el artículo 365 que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio y que mantiene la regulación, el control y la vigilancia. En este sentido, la Ley eléctrica 143 de 1994, en el artículo 6 establece que este servicio se debe prestar con eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.
En cuando a la cobertura y de acuerdo con cifras del Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL), la cobertura de energía en Colombia fue de 96,5% en 2018. Es decir, cerca de 495.000 hogares (aproximadamente 1,5 millones de personas) no cuentan con acceso a este servicio.
En cuanto a calidad del servicio y de acuerdo con el Diagnóstico de la Calidad del Servicio de Energía Eléctrica, realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos para 2020, en Colombia se presentaron aproximadamente 28 interrupciones del servicio al año, con una duración total aproximada de 31 horas.
En el caso de La Guajira, se referencian con respectos al servicio de energía eléctrica que se cuenta con una cobertura del 58,81% (Demanda y eficiencia energética, 2019), teniendo cerca de 81.960 viviendas sin servicio, de las cuales 77.154 son rurales; y en casos puntuales como el municipio de Uribia, la cobertura es solo del 5,63%, con el agravante de que más del 80% de los usuarios en el departamento se reparten entre los estratos 1 y 2, en barrios subnormales que se caracterizan por no tener condiciones económicas que afectan el pago del servicio.
En cuanto a la calidad del servicio las afectaciones del pasado como los bajos niveles de inversión en construcción, mantenimiento y modernización de redes siguen afectando la continuidad y calidad de la prestación, generando todavía con bastante frecuencia interrupciones no programadas al igual que interrupciones programadas definidas como mantenimientos que afectan directamente los habitantes. En este sentido, en el 2018 los usuarios del servicio eléctrico en Riohacha estuvieron sin energía 58,2 horas en promedio y registraron 59,42 interrupciones en el año, mientras que la ciudad de Medellín presentó cortes de energía menores a cuatro horas y menos de ocho interrupciones durante el 2018.
Es de recordar que la empresa AIR-E inicio actividades desde el 01 de octubre del 2020 como nuevo operador de la red encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica atendiendo los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena. Dado lo anterior, para el
2020 se cuenta con proyecciones al seguimiento a la calidad que dan cuenta de una leve mejoría, planteándose una disminución en el indicador SAIDI equivalente a 25,5 horas y en el indicador SAIFI una disminución de 8,9 veces entre el 2019 al 2020 en la región Caribe.
Sobre este particular, y referenciando el tema de la calidad del servicio, encontramos que en lo corrido del año en varios sectores de Riohacha se vienen presentando afectaciones continuas en cuando a cortes del servicio y a subidas y bajadas del voltaje, que afectan la prestación. Un caso concreto fue el ocurrido el sábado 17 de septiembre donde parte del centro de la ciudad capital específicamente los circuitos 2,4 y 6 estuvieron sin el servicio por más de 8 horas continuas, con el agravante que se celebraba el día del amor y la amistad lo que ocasionó pérdidas a los establecimientos comerciales del sector.
En este sentido, es importante recordar que avanzar en materia de calidad en la prestación del servicio de energía resulta ser un factor determinante para incrementar la productividad de las empresas. Las interrupciones en el servicio de energía generan pérdidas de materias primas y bienes finales, originan alteraciones en los ciclos de producción, así como daños en la maquinaria y equipos (Arlet, 2017), impactando de forma negativa la actividad económica y desincentivando la llegada de inversión productiva a las regiones.
También es necesario referenciar que la escala alcista del servicio de energía eléctrica que se ubica para el caso de los usuarios de AIR-E en los primeros cinco meses de este año en 44,55% muy superior al promedio reportado por Afinia que fue del 33,52% y del promedio en el interior del país que oscila entre el 20% y el 25%. Si se analiza el comportamiento entre junio de 2021 y junio del 2022 se registra que el aumento de la tarifa en la región Caribe sobrepasó el 72%. En el caso de Riohacha en los últimos 12 meses los precios de la electricidad se incrementaron en un 47,1%. Esta situación resta empleos al afectar en las finanzas la disponibilidad de recursos de las empresas, al igual que frena la inversión al no ubicarse nuevas empresas en el territorio por el costo tan exagerado del servicio, también influye en aumentos en productos de la gasta familiar y en el caso de los hogares más vulnerables genera no pagos del servicio al tener que escoger entre alimentarse o pagar la energía electica.
Sobre este particular el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero Guerrero considera que “Es necesario garantizar el acceso al servicio de energía en el departamento con costos justos, ya que esto no solo promoverá el progreso económico a nivel territorial, sino que también contribuirá a generar una mayor equidad y en este sentido es necesario que se revisen y modifiquen las normas que regulan el tema tarifario en la región, al igual que se realicen las inversiones necesarias para garantizar disponibilidad y continuidad, así como el desarrollo de alternativas para garantizar la generación aislada con solución individual solar fotovoltaica y soluciones aisladas híbridas para microrredes”.