Guajira grafica 
Esta semana la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República reveló el primer mapa de la impunidad en Colombia asociado a los delitos de corrupción o en contra de la administración del Estado. Los resultados son francamente desalentadores y para Santander son preocupantes.
Las cifras indican que entre los años 2010 y 2023 se han formulado en el país muchísimas denuncias por corrupción, alrededor de 57.000 denuncias, y que solo en el 90 % de ellas se obtienen resultados. En algunos departamentos, especialmente en la Costa Caribe, ese porcentaje es más alto, tanto así que se llega a un alarmante promedio de un 94 % de procesos sin condena.
En Santander estamos bordeando esos porcentajes, con el agravante que en el departamento se han incrementado las denuncias por corrupción, bastantes en comparación con otras regiones, y los resultados no revelan una actividad significativa en las investigaciones o procesos por esos delitos. Apenas se mueven el 10 % de esas denuncias.
El mensaje del “mapa de impunidad” es claro y está dirigido especialmente a la Fiscalía General de la Nación, que de por sí es la entidad encargada de investigar los delitos y acusar a los infractores. Si la Fiscalía no avanza en las investigaciones por delitos de corrupción y si no obtiene resultados favorables, poco o nada podrán hacer los jueces penales. Es simple, sin acusaciones no hay juicios.
Y en Santander, la cosa de verdad que preocupa. Basta decir que hace unos años se robaron con un “carrusel de créditos” el Instituto para el Desarrollo de Santander, Idesan, y hasta ahora ningún funcionario ha sido imputado por la Fiscalía. Ni el director de la época ni nadie, ni tampoco un particular muy cuestionado en esa tramoya, Fabián Rolando Méndez, esposo de la diputada Marggy Carolina Rangel.
Y así sucesivamente podrían mencionarse otros casos. Denuncias sobre ‘elefantes blancos’ sin trámite alguno, contratación irregular en los municipios del área metropolitana, despilfarro de dineros públicos, y nada pasa. La mayoría de esas denuncias están en etapa preliminar y en algunas no se ha movido un papel.
Nadie niega que las investigaciones por delitos de corrupción sean complejas, pero el panorama en la región es deplorable. Es cierto que faltan investigadores y que los fiscales están congestionados y el sistema colapsado, pero cuidado, porque está reinando la impunidad y campea la mediocridad. ¡Grave!