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Un nuevo caso de descontento de las comunidades indígenas de Barrancas, tiene como protagonista al ex alcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto Balan. Firmó dos convenios con la asociación de cabildos wayuu, por un gran monto de más de más de cinco mil millones de pesos, solo por unas cuantas charlas en las comunidades indígenas del área rural.

  Hay que recordar que Barrancas, por ser una área de influencia minera, percibe un giro de regalías por la extracción carbonífera, de las cuales el 4.5 por ciento son asignadas específicamente a comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales. 

   Es decir, en bienio (2023-2024), cuatro mil millones de pesos corresponden para los indígenas y cuatro mil millones de pesos para las negritudes. De los indígenas se tomaron 4.000.000.000 y de los afros 1.000.000.000 para completar los cinco mil millones que cuestan las dos convenios de charlas indígenas, sin previo aviso a ellos. Los afros protestan por este este corte de su presupuesto, sin ninguna consulta.

  Lo paradójico del caso, es que una de estas charlas fue encaminada al fortalecimiento de la identidad wayuu, como si hace milenios ya no la tuviera.

  Durante estas charlas, de habló de un plan de vida, cuando ya existe un plan de vida activo proyectado por diez y once años, a menos que el consejo autorice al alcalde modificar el plan de desarrollo. Por ello el Resguardo Indígena Provincial, que está  legalmente constituido, se queja y pide pronta explicación de cuáles fueron los argumentos técnico-jurídicos y de socialización para poder invertir esos recursos, y por no darse la socialización en esa área.

  Por tal razón, en Barrancas y sus alrededores, este es un nuevo caso grave a seguir. Sobre todo, porque afecta nuevamente a la vulnerable comunidad indígena de La Guajira, con la que el Estado ya tiene una deuda histórica.

  La polémica denuncia, fue hecha públicamente por la Veeduría Ciudadana de Transparencia Municipal, Vigía Municipal. Quien actualmente dirige la veeduría, es el profesional guajiro Luis Emiro Solano Gómez acompañado de un puñado de profesionales barranqueros, quienes hoy tomaron esta iniciativa de vigilar y controlar los recursos públicos del municipio. El cual, con este manto de duda, debe tener su soporte por la ejecución de la gran cifra.

   Además, según ellos, hay otras necesidades más prioritarias que unas charlas. Es más prioridad en vez de ellas, conseguir comida, inaugurar aulas de clase, poner transporte, hacer nuevos acueductos, llevar el agua dulce, es decir, mejorar los servicios públicos. De igual manera, muchos resguardos indígenas ni siquiera están al tanto de estas, y por ello se han negado a firmar por falta de información.

   De acuerdo a un informe de Vigía Municipal, Veeduría Ciudadana de Barrancas, dirigido a los órganos de control de la Procuraduría, Controlaría y Fiscalía, el señor Luis Emiro Solano Gómez expresa: «Solicito se investiguen los presuntos hechos de corrupción en que puede haber incurrido el ex Alcalde del MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, señor IVAN MAURICIO SOTO BALAN, con ocasión de la celebración y ejecución de los siguientes convenios:

   «1. CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU ALAULA YOU APUSHI, PARA FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA DEL PROYECTO ‘IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO DE LA GOBERNANZA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPI O DE BARRANCAS’ CON BPIN 2023 M001390002. FECHA: 02/11/2023.

  «2. CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU ALAUL AYOUA PUSHI, PARA FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA DEL PROYECTO ‘FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA’ CON B PIN 2023 M001390003. FECHA: 12/12 /2023».

   Según consta en un documento público, en acuerdo con el ex alcalde Iván Mauricio Soto, los convenios fueron firmados el 12 de diciembre, y terminados el 31 del mismo mes, por la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS WAYUU ALAULA YOU APUSHI, cuyo representante legal es Rafael Enrique Uriana, y el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura y el Desarrollo Integral y La Gestión Sierra Nevada, cuyo representante es Andrés Felipe Cleves Daza, quien a su vez hizo otra subcontratación con una fundación, y es el responsable de ejecutar los dos jugosos convenios.

   La famosa denuncia es por celebrar los referidos convenios sin adelantar la consulta previa y concertación con las comunidades indígenas del municipio de Barrancas, La Guajira. No recogen todas las firmas. En varios resguardos no se socializó, y por tal razón en algunas comunidades no han aceptado las charlas. Necesitan más explicaciones, las autoridades indígenas. Justificar la astronómica inversión, de algo que apenas vieron, o escucharon.

   Y, así mismo, sigue la denuncia de la veeduría por celebrar los referidos convenios por un monto de 5.089.143.544 millones de pesos, recursos derivados del soporte de regalías, estipulando un plazo de ejecución de doce días hábiles. Una verdadera exageración, cuando las prioridades de los indígenas, como siempre, han sido distintas, de menos palabrería y más terrenales.

 Por lo tanto, los órganos de control están detrás de esta anómala historia, para aclarar que no haya habido posible irregularidad. Que el municipio explique, pero, sobre todo, que muestre buenos resultados. Se espera aclarar más la situación, pero con menos charla y más hechos, que nos convenzan de esa alta inversión.