Por: Luis Horgelys Brito Ariza
Una profunda crisis sacude al gremio minorista de estaciones de servicio del departamento de La Guajira, producto de una presunta red de irregularidades en la asignación de cupos de combustible subsidiado. Más de 40 estaciones de servicio en municipios como San Juan del Cesar, Uribia, Maicao, Hatonuevo, Albania, Mingueo, Urumita, Barrancas, camarones y otros han denunciado una abrupta reducción de cupos sin justificación legal, sin resoluciones publicadas y sin ninguna socialización previa, configurando una grave vulneración de derechos constitucionales.
Esta situación, sin precedentes, ha llevado a un clamor colectivo por parte del gremio, quienes solicitan la intervención directa del Presidente de la República, Gustavo Petro, para que se investigue a fondo y se tomen medidas urgentes frente a lo que podría tratarse de una red de tráfico de influencias y captura institucional dentro del sector energético.
El derecho de petición elevado por este veedor ciudadano y respaldado por el gremio minorista de combustibles, se evidencia que el Ministerio de Minas y Energía, a través de su Dirección de Hidrocarburos, habría ejecutado modificaciones arbitrarias en el sistema SICOM desde el 1 de julio de 2025, sin acto administrativo ni fundamento técnico alguno.
Además, la UPME – Unidad de Planeación Minero Energética, llamada a diseñar metodologías técnicas objetivas, ha guardado silencio y no ha publicado criterios que respalden esta redistribución. Esto ha generado una redistribución inequitativa y desproporcionada que favorece a pocas estaciones en detrimento de muchas otras, rompiendo la equidad territorial y afectando gravemente la economía local.
¿Favorecimiento indebido desde las cúpulas gremiales?
Entre las estaciones favorecidas con incrementos de cupos, se encuentran Marta Vanessa, Séptima Avenida y Esso Albania, todas presuntamente vinculadas al señor Raúl Nicolás Fragoso Daza, actual presidente nacional de FENDIPETRÓLEO. Según la denuncia documentada, por el gremio minorista de las estaciones no solo habría sido beneficiado con más cupos, sino que sus estaciones estarían vendiendo combustible en grandes volúmenes a empresas mineras, lo que desvirtúa el verdadero propósito del subsidio: garantizar el abastecimiento básico de los territorios de frontera.
Esta situación genera graves sospechas de conflicto de intereses, pues se estaría utilizando una posición gremial privilegiada para influir directamente en la asignación de cupos, perjudicando a empresarios pequeños y medianos que han cumplido durante décadas con todos los requisitos legales y técnicos.
Llamado a la Procuraduría y a la Gobernación de La Guajira
Este escándalo exige una respuesta institucional inmediata. Por ello, se solicita también a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, que ejerza vigilancia preferente sobre el proceso de asignación de cupos entre 2022 y 2025, y que se investigue disciplinariamente a todos los funcionarios implicados.
Asimismo, se llama a la Gobernación de La Guajira para que asuma un rol activo, liderando una mesa técnica departamental que escuche al gremio afectado, recopile pruebas, y formule propuestas concretas para una redistribución justa y transparente.
Una crisis que pone en riesgo el empleo, el transporte y la seguridad energética del departamento
La reducción injustificada de cupos ha puesto en jaque a decenas de estaciones legalmente constituidas. Esto ha desencadenado una guerra de precios por supervivencia, despidos de empleados, cierre técnico de estaciones, y una seria amenaza de desabastecimiento en zonas rurales.
Además, se ha violado el derecho al debido proceso, al no notificar formalmente a las estaciones afectadas, ni brindar oportunidad de ejercer recursos legales. Esto vulnera abiertamente los artículos 29, 13, 25 y 333 de la Constitución.
Una petición respaldada con pruebas y testimonios
La denuncia elevada ante la Presidencia de la República cuenta con una relación cronológica de estaciones afectadas, documentos probatorios, declaraciones de propietarios, certificados de operación legal y evidencias técnicas. Esta información fue recolectada de manera directa por el autor del derecho de petición, tras recorrer personalmente los municipios afectados.
¡La Guajira exige justicia!
Hoy, el gremio minorista de estaciones de servicio de La Guajira levanta la voz con dignidad y exige respeto. No se trata de una queja aislada, sino de una crisis estructural que compromete el desarrollo económico, la autonomía energética y la equidad territorial.
Señor Presidente Gustavo Petro, usted ha reiterado su compromiso con los territorios marginados, con la transparencia, y con la justicia social. Es momento de actuar y proteger a quienes hoy están siendo aplastados por intereses particulares disfrazados de institucionalidad.