POR SAIT IBARRA LOPESIERRA

En Colombia, el reciente debate alrededor de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en los departamentos. La Federación Nacional de Departamentos (FND) ha señalado que estas medidas vulneran la autonomía territorial y limitan la capacidad de los gobernadores de tomar decisiones estratégicas en beneficio de sus comunidades. En el caso de La Guajira, una región históricamente golpeada por la desigualdad, la falta de agua potable y la precariedad institucional, el asunto trasciende lo técnico y se entrelaza de manera inevitable con lo político.

La Guajira no es un departamento cualquiera. Allí, la relación entre el Gobierno central y los dirigentes locales siempre ha estado marcada por tensiones, promesas incumplidas y políticas fragmentadas. Cada decreto que restringe el margen de acción de los gobernadores se percibe como una forma de debilitar su legitimidad frente a la ciudadanía y, al mismo tiempo, de trasladar decisiones clave a funcionarios lejanos en Bogotá. Esta centralización genera una sensación de imposición que alimenta el malestar político en el territorio.

Para la dirigencia local , estos decretos representan un doble golpe. Por un lado, los debilitan en su capacidad de gestión y los dejan expuestos frente a la población, que los sigue responsabilizando por problemas estructurales como la falta de agua, el hambre infantil o la crisis en salud. Por otro lado, afectan el juego político local, pues reducen el margen de maniobra para mostrar resultados y consolidar liderazgos regionales. En un departamento donde la política está estrechamente ligada a clanes familiares, coaliciones locales y luchas por cuotas de poder, la pérdida de autonomía se traduce en un debilitamiento de la clase política frente a la centralidad del Estado.

No se puede desconocer que en La Guajira ha habido un manejo ineficiente de recursos, lo cual le da argumentos al Gobierno para justificar medidas de control. Sin embargo, la pregunta de fondo es si los decretos responden a un interés real de corregir esas fallas o si forman parte de una estrategia política más amplia: concentrar poder en el nivel central, reducir la influencia de los gobernadores y condicionar la relación de los territorios con el Ejecutivo.

En este escenario, los líderes políticos guajiros quedan atrapados en una paradoja: defender la autonomía departamental para no perder relevancia, pero al mismo tiempo cargar con el estigma de los malos manejos del pasado. Esto debilita su capacidad de negociación frente a Bogotá y los deja en un terreno frágil ante la opinión pública.

La Guajira necesita una discusión seria sobre cómo equilibrar el control del Estado con la autonomía regional. Los decretos que hoy cuestionan los gobernadores no solo son disposiciones administrativas: son también expresiones de un pulso político donde lo que está en juego es quién tiene la capacidad real de decidir sobre el futuro de los territorios. En medio de ese pulso, los políticos guajiros corren el riesgo de perder aún más voz y peso, dejando al departamento una vez más sometido a decisiones que se toman lejos de su realidad.