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La comunidad indígena La Palmita ha hecho pública una denuncia contra la empresa minera El Cerrejón por el despojo histórico de sus tierras, un conflicto que se ha prolongado por décadas y que involucra, según los afectados, la complicidad de funcionarios corruptos que declararon irregularmente como baldíos terrenos que pertenecen legítimamente a la comunidad.
En un comunicado divulgado esta semana, La Palmita informó que tras años de resistencia y lucha legal, se ha reconocido oficialmente que dichas tierras le pertenecen y que fueron arrebatadas de manera ilegal. Sin embargo, durante todo ese tiempo El Cerrejón explotó los terrenos, generando importantes ganancias económicas, sin que la comunidad recibiera ninguna compensación.
“Exigimos no solo la restitución de nuestras tierras, sino también el reconocimiento y la reparación por los años de explotación y enriquecimiento injusto a costa de nuestro patrimonio”, expresaron los voceros de la comunidad.
Además, denunciaron que la minera se niega a dialogar o avanzar en acuerdos de reparación y pretende continuar con la explotación como si fuera dueña legítima de la tierra.
Ante esta situación, la Comunidad La Palmita hizo un llamado al Estado colombiano, a los organismos de control y a las organizaciones de derechos humanos para que acompañen su lucha y no permitan que continúe la invisibilización del despojo ni la vulneración de sus derechos.
“La tierra es de la comunidad de La Palmita, y la justicia debe prevalecer”, concluyeron.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el conflicto entre grandes proyectos mineros y las comunidades originarias, un tema sensible que involucra derechos territoriales, justicia social y sostenibilidad ambiental en Colombia.