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Por Jhon Jairo Cataño

En la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia, el debate político parece haberse reducido a una sola palabra: seguridad. 

Los candidatos recorren el país hablando del conflicto armado, de los grupos ilegales, de la guerra y del miedo. Algunos utilizando un lenguaje abiertamente beligerante, prometiendo mano dura y confrontación, otros responden con discursos más pasivos y ambiguos frente a la crisis de orden público en la que nos encontramos. 

Sin embargo, en medio de esa disputa política vuelve a repetirse una vieja costumbre, las regiones históricamente olvidadas siguen quedando por fuera de la discusión y de las agendas de quienes aspiran a regir los destino de este país.

Las zonas de frontera son el ejemplo más evidente de ese abandono estructural, mientras en la ciudad Bogotá se centra el debate electoral alrededor de la guerra y la seguridad, millones de ciudadanos que viven en departamentos fronterizos como el nuestro, continúan esperando respuestas a problemas como la pobreza, informalidad, desempleo, contrabando, falta de infraestructura, crisis migratoria y ausencia institucional.

En países de otras latitudes, las fronteras son territorios estratégicos para cualquier nación, pero en Colombia siguen siendo tratadas como periferias incómodas y distantes, lugares donde el Estado aparece solo en tiempos electorales o cuando ocurre una crisis de seguridad o de cualquier otra índole que ponga en la esfera pública la incapacidad del gobierno nacional de turno.

La Ley 191 de 1995, conocida como Ley de Fronteras, nació precisamente con la intención de reconocer las particularidades de estos territorios y promover su desarrollo económico y social, esta Ley abrió posibilidades importantes relacionadas con incentivos económicos, integración regional, fortalecimiento institucional y promoción de actividades productivas que en el papel representaba una oportunidad para transformar las fronteras en escenarios de desarrollo y no únicamente en corredores de ilegalidad.

Pero treinta años después de promulgada esta Ley, la realidad demuestra que el problema no era únicamente la ausencia de normas, sino el modelo centralista que históricamente ha gobernado el país. Colombia sigue pensando las fronteras desde el centro hacia la periferia, sin comprender que estos territorios tienen dinámicas sociales, culturales y económicas propias que requieren políticas diferenciadas y permanentes.

En departamentos como La Guajira, Norte de Santander, Arauca o Putumayo, las comunidades conviven diariamente con una realidad mucho más compleja que el simple discurso de seguridad, en esos territorios el conflicto armado se mezcla con el desempleo, la debilidad institucional, el abandono estatal y la falta de oportunidades para sus habitantes. La ausencia del Estado termina siendo reemplazada por economías ilegales, actores armados y redes de poder informales que llenan los vacíos dejados por las instituciones.

Sin embargo es de resaltar que la campaña presidencial pareciera ignorar esas realidades profundas que históricamente han existido en las fronteras, ya que los candidatos solo hablan de combatir grupos armados, pero casi no discuten cómo garantizar educación, salud, conectividad, infraestructura y empleo en estos territorios. 

En su libro “La Sociedad decadente”, el escritor Ross Douthat plantea que las sociedades decadentes tienden a quedarse atrapadas en discusiones superficiales, incapaces de producir transformaciones profundas. Algo similar está ocurriendo hoy en Colombia, el país debate permanentemente sobre violencia e inseguridad, pero evita discutir el modelo económico y social que durante décadas ha producido exclusión y desigualdad, como génisis del conflicto.

Las fronteras colombianas suelen ser territorios ricos en cultura, biodiversidad y potencial económico, pero atrapados entre el olvido estatal y las dinámicas ilegales. Mientras el centro del país discute ideologías y estrategias militares, en las fronteras la gente sigue esperando carreteras, agua potable, hospitales, oportunidades productivas y presencia real del Estado.

El problema no es solamente quién gane las elecciones, sino qué visión de país seguirá predominando después de ellas, si Colombia continúa mirando las fronteras únicamente desde la lógica militar y no desde una perspectiva integral de desarrollo de los territorios, la crisis seguirá repitiéndose sin importar el gobierno que llegue.

Las fronteras necesitan más y mejores decisiones del gobierno, inversión social, una institucionalidad comprometida y más oportunidades, las fronteras necesitan dejar de ser vistas como zonas periféricas y comenzar a ser entendidas como espacios estratégicos en la vida económica y social del país.

Tal vez el verdadero desafío para Colombia no sea solamente ganar la guerra, sino finalmente construir un país que deje de darle la espalda a sus territorios más olvidados.