- Por una prestación del servicio de energía continua, eficiente y de calidad.
Por: Luis Horgelys Brito Ariza
El 18 de agosto de 2026, fui invitado por líderes sociales del municipio de Barrancas, La Guajira, a participar en un espacio convocado ante la profunda preocupación que existe en el sur del departamento por los constantes apagones, fluctuaciones y deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.
En el encuentro participaron el alcalde de Barrancas, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, alcaldes del sur del departamento, entre ellos los de Barrancas, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Villanueva y Urumita, representantes del Ministerio Público, personeros municipales, procuraduría, líderes sociales y el agente especial de AIR-E, Jaime Mesa Buitrago.
Aunque el encuentro fue denominado una “mesa técnica”, debo decirlo con respeto pero con absoluta franqueza: en mi concepto, tuvo más características de un conversatorio o una exposición institucional que de una verdadera mesa técnica.
Una verdadera mesa técnica debe producir soluciones, compromisos verificables, cronogramas, responsables, indicadores, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento.
Porque los habitantes del sur de La Guajira no necesitan únicamente explicaciones.
Necesitan soluciones.
EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE CUÁNTO DEBE AIR-E; EL PROBLEMA ES CÓMO SE GARANTIZA EL SERVICIO
Durante el encuentro, el agente especial de AIR-E expuso la crítica situación financiera de la empresa y manifestó que existe una deuda superior a seis billones de pesos.
También se planteó como alternativa la posibilidad de realizar racionamientos o desconexiones sectorizadas frente a las dificultades que actualmente enfrenta el sistema.
Y aquí considero necesario hacer una reflexión jurídica y ciudadana:
¿Desde cuándo la crisis financiera de una empresa puede convertirse en una razón para que los usuarios tengan que soportar indefinidamente un servicio deficiente?
Una cosa es la situación financiera de AIR-E.
Otra completamente diferente es el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio público eficiente, continuo y de calidad.
No podemos confundirlas.
COLOMBIA ES UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO, NO UN ESTADO SOCIAL DE EXCUSAS
El artículo 1 de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado, entre otros principios, en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del interés general.
Y el artículo 2 establece cuáles son los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Esto tiene una consecuencia fundamental:
Las instituciones públicas no existen exclusivamente para administrar problemas; existen para resolverlos y garantizar derechos.
Por eso, cuando una comunidad lleva meses o años padeciendo interrupciones reiteradas del servicio de energía, la respuesta institucional no puede limitarse a explicar por qué ocurre.