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A través de una carta dirigida al presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, Bibiana Bacci, esposa del exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, expresó una serie de consideraciones relacionadas con la situación de su esposo.

La comunicación, enviada al mandatario, pone sobre la mesa las inquietudes de Bacci y busca llamar la atención de las autoridades frente a las circunstancias que rodean al exgobernador de La Guajira.

En la misiva, Bacci plantea sus argumentos y solicita que su caso sea tenido en cuenta, en el marco de las garantías y procedimientos establecidos por la ley.

Valledupar, Cesar, 2 de septiembre de 2026

Señor

ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO

Presidente de la República de Colombia Presidencia de la República

Bogotá, D.C.

ASUNTO: SOLICITUD HUMANITARIA Y URGENTE DE INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD, LA SEGURIDAD Y EL DEBIDO PROCESO DEL SEÑOR JUAN FRANCISCO GÓMEZ CERCHAR, PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD EN CONDICIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD

Respetado señor Presidente:

Yo, BIBIIANA BACCI, actuando en mi condición de esposa del señor JUAN FRANCISCO GÓMEZ CERCHAR, y en representación de nuestra familia, acudo respetuosamente ante usted para formular un llamado que no pretende solicitar privilegios, impunidad ni interferencia alguna en las decisiones de la Rama Judicial.

Acudo ante usted como esposa, madre y miembro de una familia que durante años ha tenido que enfrentar una situación que consideramos de extrema gravedad y que ha trascendido el ámbito estrictamente judicial.

Venimos a pedirle algo elemental, HUMANIDAD; humanidad para una persona privada de la libertad que se encuentra gravemente enferma. Humanidad para un hombre que permanece bajo custodia del Estado y cuya vida, integridad y salud dependen en buena medida de las actuaciones de las instituciones penitenciarias.

Humanidad para una familia que ha tenido que acudir a organismos de control para conseguir que se respeten derechos fundamentales que deberían estar garantizados de manera inmediata y humanidad frente a una situación en la que, además de las decisiones judiciales que pesan sobre mi esposo, hemos tenido que soportar lo que nuestra familia percibe como una persecución política, institucional y mediática que ha terminado por colocarlo en una situación de permanente estigmatización y vulnerabilidad.

Queremos dejarlo absolutamente claro:

No solicitamos al señor Presidente que desconozca ninguna sentencia. No solicitamos que interfiera en las competencias de la Rama Judicial. No solicitamos privilegios penitenciarios.

No solicitamos impunidad.

Solicitamos que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales frente a una persona privada de la libertad. Juan Francisco Gómez Cerchar se encuentra sometido a las consecuencias jurídicas de las decisiones judiciales adoptadas en su contra.

Pero una condena no elimina su condición humana, no elimina su derecho a la salud, no elimina su derecho a la dignidad, no elimina su derecho a la integridad personal, no elimina su derecho al debido proceso y tampoco autoriza a ninguna institución o particular a atribuirle nuevos hechos delictivos sin la existencia de pruebas que permitan establecer su responsabilidad.

Durante el Gobierno del entonces Presidente Gustavo Petro, nuestra familia tuvo que enfrentar múltiples circunstancias relacionadas con la situación penitenciaria, médica y de seguridad de mi esposo. Ante las dificultades que se fueron presentando, fue necesario acudir a la Personería Distrital de Riohacha, entidad que activó una ruta institucional de protección de derechos fundamentales y realizó seguimiento a la situación de Juan Francisco Gómez Cerchar.

Posteriormente, debido a su permanencia en el establecimiento penitenciario de La Dorada, Caldas, fue necesaria la articulación con la Personería de La Dorada, precisamente para procurar la continuidad de la protección y vigilancia de sus derechos fundamentales, es decir, las preocupaciones de nuestra familia no fueron simplemente manifestaciones particulares, fueron situaciones que llegaron al conocimiento del Ministerio Público y que requirieron actuaciones institucionales. La familia tuvo que acudir a los organismos de control porque entendió que existía un riesgo real de que los derechos fundamentales de Juan Francisco Gómez Cerchar resultaran afectados.

Solicitamos respetuosamente que la Presidencia de la República conozca y valore los antecedentes documentales de estas actuaciones.

Señor Presidente, existe una circunstancia que no puede ser ignorada; mi esposo se encuentra en Bogotá por razones estrictamente médicas.

Durante su permanencia en La Dorada, Caldas, se presentaron dificultades para garantizar la cobertura y continuidad de los servicios médicos que requiere a través de su EPS y de la red disponible en esa jurisdicción.

Juan Francisco Gómez Cerchar padece graves patologías que requieren controles, tratamientos y atención especializada. Por esta razón, su permanencia en Bogotá está relacionada con la necesidad de garantizar la continuidad de su tratamiento médico. No puede utilizarse su presencia en Bogotá como argumento para insinuar que se encuentra allí con fines diferentes a los estrictamente relacionados con su salud.

Nuestra familia ha tenido que luchar para que una persona gravemente enferma pueda recibir atención médica adecuada mientras permanece privada de la libertad; y esto resulta especialmente preocupante porque el Estado conoce perfectamente que quien está recluido no tiene las mismas posibilidades que una persona en libertad para procurar por sí mismo su atención médica.

La familia considera indispensable que el Gobierno Nacional conozca que la protección de Juan Francisco Gómez Cerchar ha requerido intervención institucional. La Personería Distrital de Riohacha, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales como Ministerio Público, activó una ruta de protección y realizó seguimiento a la situación de mi esposo.

La situación penitenciaria posteriormente requirió articulación con la Personería de La Dorada, Caldas. Por ello, solicitamos que las actuaciones, comunicaciones, requerimientos, respuestas y

demás documentos relacionados con esta ruta de protección sean tenidos en cuenta para establecer objetivamente las circunstancias que nuestra familia ha venido denunciando. No estamos hablando únicamente de una percepción familiar. Estamos hablando de actuaciones institucionales que pueden ser verificadas documentalmente.

Señor Presidente, nuestra familia tiene la convicción de que Juan Francisco Gómez Cerchar ha sido objeto de una persecución que ha trascendido la investigación y el juzgamiento de hechos concretos. La percepción de nuestra familia es que, alrededor de su nombre, se ha construido durante años una narrativa pública en la que se le atribuyen hechos, conductas y responsabilidades que exceden incluso aquello por lo cual ha sido judicialmente condenado.

No pretendemos que nuestra percepción sea tomada como una verdad absoluta. Precisamente por eso solicitamos que sea verificada institucionalmente.

Lo que sí resulta innegable es el enorme impacto que esta estigmatización ha tenido sobre mi esposo, sobre sus hijos, sobre nuestra familia y sobre las condiciones de seguridad en las que debe permanecer una persona que ya se encuentra privada de la libertad.

Existe un aspecto particularmente preocupante que solicitamos sea examinado por las autoridades competentes. El periodista Gonzalo Guillén ha realizado durante años publicaciones y señalamientos relacionados con Juan Francisco Gómez Cerchar.

Nuestra familia ha considerado que algunas de esas publicaciones han excedido el legítimo ejercicio de la libertad de prensa al atribuir públicamente a mi esposo responsabilidades y conductas que no corresponden necesariamente a hechos judicialmente demostrados.

Pero la preocupación adquiere una dimensión especial frente a los hechos recientes relacionados con la Procuraduría. Luego de conocerse el ataque contra una oficina de la Procuraduría General de la Nación, el señor Gonzalo Guillén realizó publicaciones públicas en las que solicitó investigar una eventual relación entre dicho ataque y el traslado de Juan Francisco Gómez Cerchar desde La Dorada hacia Bogotá. En dichas publicaciones llegó a sostener públicamente que mi esposo tendría capacidad para dirigir una organización desde el establecimiento penitenciario de La Picota.

Posteriormente, según lo divulgado públicamente, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez habría referido que una procuradora judicial le manifestó preocupación por su seguridad después de una publicación de Gonzalo Guillén relacionada con un posible atentado presuntamente ordenado por Juan Francisco Gómez Cerchar.

Frente a esto nuestra familia formula una pregunta que consideramos legítima: ¿De dónde surgieron esas informaciones? ¿Quién suministró al periodista los elementos para realizar tales afirmaciones?

¿Existía previamente alguna información oficial? ¿Quién conocía o manejaba esas hipótesis antes de que fueran difundidas públicamente? ¿Existen fuentes identificables? ¿Han sido verificadas esas afirmaciones por las autoridades? ¿Existe alguna evidencia objetiva que permita establecer una relación entre Juan Francisco Gómez Cerchar y el ataque ocurrido en la Procuraduría? Estas preguntas no pretenden censurar la libertad de prensa.

Por el contrario, pretenden que la libertad de prensa sea ejercida dentro de los límites constitucionales que impone la responsabilidad sobre la información difundida.

Una cosa es informar que existe una hipótesis investigativa y otra muy diferente es presentar públicamente a una persona como responsable de un hecho sin que exista una decisión judicial o una prueba que así lo establezca.

Por ello, solicitamos respetuosamente que las autoridades competentes determinen el origen, fundamento y grado de verificación de las informaciones que han terminado vinculando públicamente a mi esposo con el ataque a la Procuraduría.

También conocemos las manifestaciones realizadas por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, quien puso en conocimiento de la Presidencia de la Sala de Casación Penal su preocupación por la posibilidad de que los magistrados pudieran encontrarse en riesgo como consecuencia de la condena impuesta a Juan Francisco Gómez Cerchar.

Respetamos absolutamente el derecho de cualquier magistrado, procurador, fiscal o servidor público a solicitar protección cuando considere que existe una situación de riesgo. Pero precisamente porque respetamos las instituciones, consideramos necesario señalar:

Una posibilidad debe permanecer como posibilidad hasta que sea demostrada. Una hipótesis debe ser investigada.

Una sospecha debe ser verificada.

Una amenaza debe ser individualizada.

Y una responsabilidad penal debe ser probada.

La familia no cuestiona que las autoridades adopten medidas de seguridad. Lo que cuestionamos es que, a partir de una hipótesis de riesgo, se genere una narrativa pública que termine presentando a Juan Francisco Gómez Cerchar como responsable de hechos cuya autoría todavía debe ser determinada.

Si ocurrió un ataque contra una oficina de la Procuraduría, se trata de un hecho grave que debe ser investigado. Pero precisamente por su gravedad debe ser investigado con rigor científico, debe establecerse:

1. El origen del proyectil.
2. La trayectoria.
3. El arma utilizada, si técnicamente corresponde a un disparo.
4. La distancia desde la cual habría sido efectuado.
5. La hora aproximada del hecho.
6. Los registros de cámaras de seguridad.
7. Los elementos materiales probatorios existentes.
8. Las personas que pudieron tener conocimiento previo de los hechos.
9. Las comunicaciones relacionadas con las amenazas.
10. Y, fundamentalmente, si existe evidencia objetiva que vincule a Juan Francisco Gómez Cerchar o a cualquiera de sus familiares.

No basta la coincidencia temporal, no basta una hipótesis, no basta una publicación periodística, no basta una sospecha, si existe una relación criminal, debe demostrarse y si no existe, nuestra familia

tiene derecho a exigir que se detengan las insinuaciones que colocan a mi esposo y a sus hijos bajo una permanente sospecha pública.

Existe otro aspecto que consideramos particularmente doloroso, Juan Francisco Gómez Cerchar se encuentra en Bogotá porque necesita atención médica.

Su permanencia en la capital no puede ser convertida en una prueba de reuniones clandestinas, coordinación criminal o capacidad para ordenar actos violentos.

Una persona enferma necesita atención médica y una persona privada de la libertad necesita que el Estado garantice esa atención.

Nuestra familia no puede aceptar que una necesidad médica sea transformada públicamente en una circunstancia sospechosa.

Juan Francisco Gómez Cerchar está bajo custodia del Estado, esa circunstancia implica que las autoridades penitenciarias tienen una responsabilidad especial respecto de su vida, integridad y salud. La familia no puede aceptar que, mientras se encuentra bajo custodia estatal y atraviesa graves problemas de salud, sea simultáneamente expuesto a una narrativa pública que pueda aumentar sus riesgos.

Si existen amenazas contra funcionarios públicos, deben investigarse. Pero si existe una persona privada de la libertad que está siendo señalada públicamente como posible responsable de esas amenazas, también deben adoptarse todas las medidas necesarias para protegerla mientras se esclarecen los hechos.

El Estado tiene obligaciones frente a todos, la protección de unos no puede significar el abandono de otros.

Por todo lo anterior, respetuosamente solicitamos al señor Presidente de la República que, dentro del ámbito de sus competencias:

1. Disponga la revisión institucional de los antecedentes relacionados con la situación de derechos fundamentales de Juan Francisco Gómez Cerchar.
2. Solicite a las entidades competentes verificar las actuaciones adelantadas por la Personería Distrital de Riohacha y la Personería de La Dorada, Caldas, dentro de la ruta de protección de derechos activada en favor de mi esposo.
3. Se garantice la continuidad, integralidad y oportunidad de la atención médica que requiere Juan Francisco Gómez Cerchar.
4. Se adopten las medidas necesarias para proteger su vida, integridad y dignidad mientras permanece privado de la libertad.
5. Se garantice que cualquier investigación relacionada con el ataque a la Procuraduría se adelante con absoluta objetividad y rigor técnico.
6. Se determine si existe alguna evidencia objetiva que vincule a Juan Francisco Gómez Cerchar o a sus familiares con el ataque o con las amenazas investigadas.
7. Se investigue, dentro de las competencias de cada autoridad, el origen y fundamento de las informaciones que públicamente han vinculado a mi esposo con dichos hechos.

• Se garantice el respeto por el debido proceso, la dignidad, la honra y el buen nombre de Juan Francisco Gómez Cerchar y de su familia.
• Se adopten las medidas necesarias para evitar que las hipótesis o versiones periodísticas sean utilizadas como sustituto de la prueba.
• Se garantice que la condición de persona privada de la libertad no sea utilizada para justificar un tratamiento incompatible con sus derechos fundamentales.

Señor Presidente, hoy no acudo ante usted como dirigente política, no acudo como representante de ningún partido, no acudo para pedirle que intervenga en la justicia; acudo como esposa, como madre, como mujer, como integrante de una familia que durante años ha tenido que soportar señalamientos, estigmatización, dificultades institucionales y una permanente incertidumbre alrededor de la vida y la salud de Juan Francisco Gómez Cerchar.

Mi esposo está condenado y cumple las consecuencias de las decisiones judiciales, pero sigue siendo un ser humano, sigue siendo esposo, sigue siendo padre, sigue siendo paciente y sigue siendo una persona cuya vida y salud están bajo responsabilidad del Estado.

Por eso hoy le pedimos al señor Presidente; no le pedimos impunidad, no le pedimos privilegios, no le pedimos que desconozca una sentencia; le pedimos humanidad, humanidad frente a su enfermedad, humanidad frente a su condición de persona privada de la libertad, humanidad frente a su familia, humanidad frente a los riesgos que puede generar una estigmatización permanente y humanidad frente a la necesidad de que en Colombia ninguna persona sea condenada nuevamente por los medios de comunicación por hechos que todavía deben ser investigados.

Señor Presidente, durante años nuestra familia ha tocado las puertas de las instituciones. La Personería Distrital de Riohacha tuvo que activar una ruta de protección. La situación en La Dorada, Caldas, requirió articulación con la Personería de ese municipio, hemos tenido que insistir para garantizar atención médica, hemos tenido que enfrentar señalamientos públicos y hoy nuevamente nos vemos obligados a acudir al Estado porque el nombre de mi esposo está siendo relacionado públicamente con un hecho extremadamente grave que todavía requiere investigación.

Por eso nuestra petición es sencilla; Investigue, verifique, Proteja, garantice sus derechos y sobre todo:

No permita que una persona privada de la libertad y gravemente enferma sea despojada también de su dignidad.

Nuestra familia no pretende silenciar a nadie. No pretende censurar a ningún periodista.

No pretende interferir en ninguna investigación.

Pero sí exige que la libertad de expresión, la actividad periodística y las actuaciones institucionales se desarrollen dentro del marco de la Constitución, la ley, el debido proceso y el respeto por los derechos fundamentales.

Si Juan Francisco Gómez Cerchar debe responder por algún hecho adicional, que lo determine la justicia con pruebas. Y si alguien amenazó a un magistrado o atentó contra una institución, que sea investigado y judicializado.

Pero que no se condene anticipadamente a mi esposo por una hipótesis; que no se convierta una posibilidad en una certeza, que no se convierta una publicación en una prueba y que no se convierta la enfermedad de un hombre privado de la libertad en un argumento para alimentar una narrativa de persecución.

Señor Presidente, nuestra familia solamente pide humanidad, porque incluso quien está privado de la libertad conserva aquello que ninguna sentencia puede quitarle, su dignidad, su vida, su salud y sus derechos fundamentales.

Atentamente

BIBIANA BACCI

Esposa de Juan Francisco Gómez Cerchar

En nombre propio, de sus hijos y de la familia Gómez Bacci