- La admisión de una acción de tutela presentada por el abogado Felipe Criollo abre un nuevo capítulo en el proceso judicial contra el exgobernador de La Guajira. La defensa cuestiona la valoración de las pruebas, la ausencia de testimonios directos sobre la presunta orden criminal y la identificación de los autores materiales del homicidio ocurrido en Barrancas en 2008.
La historia judicial de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, vuelve a ocupar la atención de La Guajira y del país. El exgobernador, cuya trayectoria política terminó marcada por uno de los procesos judiciales más controvertidos de la región, enfrenta ahora un nuevo capítulo ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Sala de Casación Civil admitiera una acción de tutela presentada por su defensa para cuestionar la condena de 31 años de prisión por el asesinato del entonces concejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta.
Desde entonces, el caso ha transitado por diferentes escenarios judiciales, atravesando investigaciones, decisiones y recursos que han mantenido vigente una historia que todavía tiene repercusiones en la memoria política de La Guajira.
Esta vez, el nuevo movimiento judicial proviene del abogado Felipe Criollo, representante de Gómez Cerchar, quien acudió a la acción de tutela para controvertir la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, en abril de 2026, dejó sin efecto la absolución que el exmandatario había conseguido en segunda instancia y lo declaró responsable del homicidio agravado.
La sentencia le impuso una pena superior a los 380 meses de prisión. En esa misma providencia, la Corte llamó la atención sobre la demora de siete años que tuvo el Tribunal Superior de Bogotá para avanzar en el proceso.
Sin embargo, para la defensa, la discusión está lejos de terminar. Su principal argumento es que la decisión condenatoria habría desconocido garantías fundamentales, entre ellas el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.
Las pruebas, en el centro de la controversia
Uno de los aspectos más sensibles de la tutela tiene que ver con la manera como fueron valoradas las pruebas que llevaron a responsabilizar al exgobernador por el asesinato del concejal.
Según los argumentos expuestos por el abogado Criollo, la sentencia no habría demostrado suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que presuntamente Gómez Cerchar habría impartido la orden de asesinar a López Peralta.
La defensa sostiene, además, que dentro del expediente no existirían testimonios directos que acrediten la supuesta instrucción criminal. De acuerdo con su planteamiento, una testigo y familiares del concejal fallecido habrían conocido esa versión a través de comentarios atribuidos a terceras personas cuya identidad no habría sido establecida.
Este cuestionamiento constituye uno de los ejes centrales del recurso: determinar si los elementos probatorios utilizados para sustentar la condena tenían la solidez necesaria para demostrar la responsabilidad penal del exgobernador.
No se trata de un asunto menor. La discusión pone nuevamente sobre la mesa el alcance de los testimonios, la valoración de las pruebas indirectas y la manera como estas pueden contribuir a establecer responsabilidades dentro de un proceso penal.
Los autores materiales, otro punto de discusión
La defensa también cuestionó la identificación de las personas que habrían ejecutado materialmente el asesinato de Luis Gregorio López Peralta.
En su argumentación, el abogado Criollo hizo referencia a las hipótesis investigativas que señalaban la posible participación de dos hombres conocidos con los alias de ‘Brayas’ y ‘Carevieja’.
Según el representante judicial, esa línea de investigación no habría encontrado suficiente respaldo en las pruebas incorporadas al proceso y tampoco habría permitido establecer de manera concluyente quiénes fueron los responsables materiales del ataque armado.
Para la defensa, estas circunstancias generan interrogantes sobre la solidez de los elementos utilizados para atribuirle al exgobernador la responsabilidad por el homicidio.
La discusión, por tanto, no se limita a cuestionar la existencia de una supuesta orden criminal, sino que también apunta a la reconstrucción de los hechos y a la identificación de quienes participaron directamente en el asesinato.
La Corte, nuevamente frente a la controversia
Otro de los argumentos de la tutela está relacionado con la forma en que la Sala de Casación Penal examinó la sentencia absolutoria que había emitido el Tribunal Superior de Bogotá.
El abogado Criollo cuestiona que la Corte hubiera señalado una supuesta fragmentación en el análisis de los elementos probatorios realizado por los magistrados del Tribunal, sin explicar, según la defensa, de manera suficientemente precisa cuáles fueron los errores cometidos en esa valoración.
Con este planteamiento, la defensa busca que la Sala de Casación Civil examine si la decisión condenatoria respetó las garantías constitucionales y las reglas que rigen la valoración de las pruebas dentro de un proceso penal.
La admisión de la tutela representa un nuevo escenario de discusión jurídica, pero no significa que la condena haya sido suspendida, anulada o modificada. Será la autoridad judicial competente la que determine si los argumentos presentados justifican alguna intervención frente a la sentencia cuestionada.
Un caso que sigue marcando la historia política de La Guajira
El asesinato de Luis Gregorio López Peralta, ocurrido hace más de 18 años, continúa teniendo repercusiones en la vida judicial y política del departamento. Su nombre permanece ligado a un expediente que ha atravesado distintas instancias y que ahora vuelve a generar expectativa por el futuro jurídico de quien fuera gobernador de La Guajira.
Mientras la defensa de ‘Kiko’ Gómez insiste en los presuntos vacíos probatorios y las posibles vulneraciones de derechos fundamentales, la condena impuesta por la Corte Suprema sigue siendo el punto de partida de esta nueva controversia.
La pregunta ahora está en manos de la Sala de Casación Civil: ¿los argumentos presentados por la defensa tienen fundamento constitucional para cuestionar la sentencia condenatoria?
La respuesta será determinante para el rumbo de este proceso, que después de tantos años continúa escribiendo nuevos capítulos en los tribunales y manteniendo la atención de una región que sigue de cerca uno de los casos judiciales más significativos de su historia reciente.