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Por Johan Enrique Peralta Gómez

Expreso mi solidaridad con el Doctor Hernando «Nando» Deluque y con toda su familia, especialmente con el senador Alfredo Deluque, por el difícil momento que hoy afrontan.

En un Estado Social de Derecho, las decisiones judiciales deben ser respetadas y cumplidas. No obstante, ello no impide que, desde un enfoque garantista y humanitario, se analice la necesidad de mantener privada de la libertad a una persona cuando concurren circunstancias que permiten la aplicación de mecanismos menos restrictivos, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley.

En el caso del Doctor Hernando Deluque, es evidente que nunca ha mostrado una actitud de rebeldía frente a la administración de justicia. Por el contrario, se presentó voluntariamente para atender el requerimiento de las autoridades, demostrando respeto por las instituciones y total disposición de acatar la decisión judicial. Esa conducta constituye un elemento relevante al momento de valorar la necesidad de una medida de aseguramiento o del cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.

A ello se suma su avanzada edad y el hecho de que no representa un peligro para la sociedad ni existe evidencia de que pretenda evadir el cumplimiento de la sentencia o entorpecer la administración de justicia. Tales circunstancias son aspectos que el ordenamiento jurídico colombiano permite valorar al momento de estudiar la procedencia de mecanismos sustitutivos o beneficios legalmente previstos para la ejecución de la pena, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y sean las autoridades competentes quienes así lo determinen.

Confío en que, si se verifican esas condiciones legales, en pocos días el Doctor Hernando «Nando» Deluque pueda regresar al seno de su hogar, donde podrá continuar afrontando esta etapa rodeado del apoyo de su familia, conforme a las decisiones que adopten las autoridades judiciales y penitenciarias.

La justicia no solo debe ser firme en la aplicación de la ley; también debe ser garante de la dignidad humana. El respeto por los derechos fundamentales de todas las personas, incluso de quienes han sido condenados, fortalece el Estado de Derecho y demuestra que el derecho penal también encuentra sus límites en la Constitución y en los principios de humanidad, proporcionalidad y resocialización.

La solidaridad no implica desconocer una decisión judicial; significa reconocer que toda persona conserva su dignidad y sus derechos, aun cuando deba responder ante la justicia. Esa es, precisamente, la esencia de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.