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Por Álvaro Sierra Molina

La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Riohacha, realizada este 17 de septiembre a la ciudad de Riohacha, dejó anuncios importantes para La Guajira, pero también generó un debate alrededor de la Universidad de La Guajira y de su rector, Carlos Arturo Robles Julio. Durante su intervención, el mandatario anunció que solicitaría al Ministerio de Educación revisar las actuaciones del rector y señaló que información recibida por el Gobierno Nacional había sido trasladada a la Fiscalía para las actuaciones correspondientes.

Ante una situación de esta naturaleza, resulta fundamental que cualquier investigación avance con absoluta independencia, transparencia y respeto por el debido proceso. Los señalamientos deben ser investigados por las autoridades competentes y las eventuales responsabilidades, si las hubiere, deberán establecerse mediante los procedimientos previstos por la ley. Una denuncia o un anuncio de investigación no constituye, por sí mismo, una sentencia ni puede reemplazar el resultado de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

Pero también resulta legítimo preguntarse: ¿quién es Carlos Arturo Robles Julio y qué ha significado su gestión para la Universidad de La Guajira?

La respuesta no debería construirse únicamente a partir de declaraciones políticas. También debe observarse la trayectoria institucional, los resultados alcanzados y las decisiones de los órganos competentes de la propia Universidad.

Carlos Arturo Robles Julio ha estado vinculado durante años la rectoría de la Universidad de La Guajira. Es ingeniero de petróleos, especialista en Diseño, Formulación y Evaluación de Proyectos y en Finanzas, y magíster en Administración de Empresas y en Finanzas. Además, fue presidente del Sistema de Universidades Estatales del Caribe, SUE Caribe, durante el periodo 2016-2018.

Uno de los hechos más significativos de su administración es la Acreditación Institucional en Alta Calidad otorgada a la Universidad de La Guajira mediante la Resolución 020201 de 2024 del Ministerio de Educación Nacional, por un periodo de seis años. Se trata de un reconocimiento institucional que, según la propia Universidad, fue resultado de un proceso de fortalecimiento progresivo de la calidad académica, la investigación, la formación integral y la gestión institucional.

La acreditación no pertenece exclusivamente a un rector. Es el resultado del trabajo acumulado de docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores administrativos, directivos, egresados y demás integrantes de la comunidad universitaria. Sin embargo, sería igualmente injusto desconocer el papel que corresponde a quien ha ejercido la dirección institucional durante el proceso y ha asumido la responsabilidad de conducirlo.

Existen, además, indicadores objetivos que merecen ser considerados. De acuerdo con información institucional sobre la medición FURAG correspondiente a 2024, Uniguajira obtuvo 89 puntos sobre 100, ubicándose en el primer lugar entre las instituciones de educación superior públicas del Caribe y en el cuarto lugar nacional dentro de esa medición.

Más recientemente, según información publicada por El Heraldo, la Universidad de La Guajira alcanzó 96,2 puntos sobre 100 en la medición del desempeño institucional correspondiente a 2025, resultado que la ubicó nuevamente como la institución de educación superior con mayor desempeño en la Región Caribe y segunda dentro de su grupo a nivel nacional.

Estos resultados no significan que la Universidad sea perfecta ni que su administración esté exenta del escrutinio público. Una institución financiada con recursos públicos debe estar permanentemente sometida a controles, rendición de cuentas y evaluación. Precisamente por ello, cualquier investigación seria debe ser bienvenida si contribuye a esclarecer hechos, proteger los recursos públicos y fortalecer la institucionalidad.

Pero investigar no puede significar condenar anticipadamente.

Hay otro hecho institucional que tampoco debería pasar inadvertido. En mayo de 2026, el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira designó nuevamente a Carlos Arturo Robles Julio como rector para el periodo 2027-2031, mediante una votación unánime de sus integrantes. La Universidad informó que la decisión estuvo acompañada por expresiones de respaldo de estudiantes, docentes, directivos, egresados y organizaciones sindicales.

Esa decisión pertenece al ámbito de la autonomía universitaria y demuestra que la continuidad de una administración no depende exclusivamente de una figura individual, sino de decisiones adoptadas por los órganos establecidos institucionalmente.

Por eso, frente al debate suscitado en Riohacha, La Guajira necesita menos ruido y más argumentos. Necesita que se investigue lo que deba investigarse, que se escuche a todas las partes y que se respete la autonomía universitaria. Pero también necesita que sus instituciones y sus dirigentes sean valorados a partir de hechos, resultados y evidencias.

La Universidad de La Guajira es mucho más que su rector. Es una comunidad de más de 17 mil estudiantes, de más de 2000 docentes, trabajadores, investigadores y egresados que representa una de las principales oportunidades de transformación social del departamento.

Carlos Arturo Robles Julio podrá ser objeto de investigaciones, críticas y controles, como cualquier servidor público. Pero mientras las autoridades competentes no establezcan responsabilidades, corresponde hablar de señalamientos e investigaciones, no de culpabilidades.

La mejor defensa de una institución pública no es el aplauso ciego ni la confrontación política. Es mostrar resultados, rendir cuentas y permitir que la verdad sea establecida por las instituciones competentes.

Y en ese ejercicio, los resultados alcanzados por la Universidad de La Guajira durante los últimos años también hacen parte de la historia que La Guajira tiene derecho a conocer.

Porque cuando se habla de la Universidad de La Guajira, no se está hablando solamente de un rector. Se está hablando del futuro educativo, científico y social de todo un departamento.