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El gobierno nacional planteó la puesta en marcha de una reforma tributaria en un intento por tapar el hueco fiscal que afecta al país. La medida desde el pasado 28 de abril generó un estallido social y económico, hecho que incidió en la caída del hasta entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera y la necesidad de nombrar al nuevo jefe de la cartera José María Restrepo, quien pretende aunar esfuerzos y consensos para aplicar un nuevo modelo de tributos que según su criterio no afecte a la clase media y a la población colombiana en general.

La intención de la sonada reforma tributaria desencadenó protestas por parte de distintos gremios y sectores sociales, económicos y políticos. Hoy después de 21 días de marchas, bloqueos y parálisis, no se conoce ningún acuerdo para encontrar salida a tan compleja problemática.

Jaime José Escudero Santana, docente de los programas de Economía y Negocios Internacionales de Uniguajira en un sesudo análisis denominado: La reforma tributaria, un desacierto del gobierno nacional en la búsqueda de la sostenibilidad fiscal en Colombia señala que «la pandemia del Coronavirus o COVID-19 surgió como un evento de emergencia global e inesperado que además de cobrar millones de vidas, ha logrado impactar considerablemente el comercio internacional, el consumo local, los niveles de gasto público y las cifras de desempleo, poniendo en jaque las economías estables y devastando a la que están en vías de desarrollo como en nuestro país”.

Advierte el profesor en su documento que “Colombia cerró el 2020 con una alarmante deuda pública superior al 61% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, donde el 62,92% corresponde a un endeudamiento interno de aproximadamente 389,34 billones de pesos (113.575 millones de dólares) y el 37,08% obedece a deuda externa, con un monto total de más de 229 billones de pesos (66.933 millones de dólares)”. Agregó que adicionalmente se observó en la cifra de desempleo su máximo nivel llegando a los 18,2%, es decir, un aumento de 7 puntos porcentuales en comparación a la cifra de 11,2% de 2019. “Se presentó una contracción económica de –7,0%, una reducción en la tasa global de participación y la tasa de ocupación de 4,1 y 6,8 puntos porcentuales respectivamente, sin contar los niveles de informalidad y la brechas sociales y financieras existentes”, concretó.

Según argumenta el académico, todo lo anterior evidencia la profunda crisis económica generada por la emergencia social decretada en 2020, situación que empujó a la pobreza extrema a millones de colombianos que hoy buscan desesperadamente cómo reactivar sus actividades económicas para llevar el sustento a sus hogares.

Afirma que sin duda esto obligó a que el gobierno nacional realizara grandes esfuerzos para la activación y reactivación de programas sociales como el Ingreso Solidario, que llegó a más de 3 millones de hogares colombianos; el pago de primas para ayudar la sostenibilidad empresarial; la devolución del IVA; pagos programados al adulto mayor, Jóvenes y Familias en Acción. “En esa misma línea se presentó en 2019 una reforma tributaria que contempló la reducción de impuestos a las grandes empresas colombianas que contribuían a la sostenibilidad fiscal del país, lo que podría entenderse como la aplicación de una política monetaria expansiva”, puntualizó.

En su estudio, el analista económico reitera que el país está sumido en una crisis producto de los altos niveles de corrupción, lo que hace que las iniciativas antes mencionadas no generen los resultados esperados. “Esto llevó a buscar salidas abruptas por parte del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, como la Ley de Solidaridad Sostenible planteada ante el congreso, lo que se consideró un grave desacierto del ejecutivo debido a la coyuntura económica que enfrenta la nación, con millones de personas en condiciones de pobreza que aún no se recuperan de los estragos causados por la pandemia”, indicó.

Escudero Santana también precisa que la llamada Ley de Solidaridad Sostenible no es más “que una reforma tributaria disfrazada con palabras bonitas” cuyo objetivo es recaudar 26,1 billones de pesos, para minimizar el déficit fiscal con medidas como: aumentar la base gravable reduciendo el monto mínimo, obligando a quienes devenguen salarios aproximados de un millón 400 mil pesos a pagar un 10% del mismo.

“Es conveniente anotar que si entra en marcha la imposición de 800UVT (UVT es la Unidad de Valor Tributario que se usa para realizar procesos de imposición de las obligaciones arancelarias) para el 2022, significaría que más personas tendrán que declarar renta pagando un 25% de los 29 millones de pesos anuales, que corresponden a ingresos de $2.420.000 mensuales, básicamente lo que recibe la clase media. Además, se descontaría el 10% mensual a quienes ganen más de 10 millones de pesos, obligando el pago de impuestos por servicios en los planes obligatorios de salud (POS), medicina prepagada, educación, servicios funerarios, entre otros y finalmente se proponía gravar con impuestos productos de la canasta familiar como la panela, el azúcar y el café», explicó.

Sobre esto, el maestro dijo categóricamente que “conocida la realidad actual y lo que ha propuesto el gobierno nacional urge plantearse el siguiente interrogante ¿Es conveniente la aplicación y puesta en marcha de la Ley de Solidaridad Sostenible en Colombia?”. Al mismo tiempo aseveró que de acuerdo a las cifras y estadísticas analizadas, no es una propuesta conveniente. “Todos debemos trabajar en pro de la transformación del país de la mano de un Estado amigo, que tome decisiones de acuerdo al contexto en el que vivimos y es deber de la academia formar profesionales críticos y competentes de cara a los problemas colombianos”, manifestó.

“Desde el Programa de Economía de la Universidad de La Guajira, adscrito desde el 2016 a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas no somos indiferentes a la realidad actual y los tiempos difíciles que afronta nuestro país. Un Estado social de derecho que se ampara en la constitución política debe primar por el bienestar colectivo, se garantice equidad en el acceso a las oportunidades, se respeten los derechos humanos y se vele por ofrecer al ciudadano la satisfacción de sus necesidades básicas con eficientes servicios públicos, que en su mayoría son recaudados por los contribuyentes que pagan impuestos, crean y sostienen las grandes, medianas y pequeñas empresas, como  principal fuente de  generación de empleo e ingresos”, sostuvo. 

Otros de los datos que relacionó el docente fueron las cifras de informalidad en Riohacha, que en el 2019 llegaban al 62% y la de desempleo en 2020 superó el 30%. “Es esta información la que nos permite entender que no se puede imponer ni legitimar una reforma tributaria lesiva para la clase media y trabajadora que dinamiza la economía del país”, ratificó.

Por otro lado, manifestó que, con la llegada del programa de Economía a La Guajira, se busca dotar a los gobiernos locales de información estadística a través del estudio de la realidad social y económica del territorio con el fin de cumplir con el principio de la política macroeconómica.

En conclusión, la reforma tributaria o Ley Solidaria Sostenible vista desde la perspectiva del economista de Uniguajira, es el detonante que encendió las alarmas de un país que salió a marchar y que espera mejores resultados de un gobierno fallido, que generó grandes expectativas en 2018 y que poco a poco su imagen favorable se ha ido desvaneciendo y con ella la esperanza de una nación más equitativa, con menos niveles de corrupción con un plan serio de recuperación económica, que incluya mejores condiciones laborales, un sistema de salud eficiente, un alto grado de calidad educativa, políticas de industrialización y desarrollo progresivo y sostenible.