Por: Weildler Guerra
La muerte del abogado Javier Ordóñez en un inexcusable acto de brutalidad policial quedó plasmada en imágenes que le dieron la vuelta al mundo y generaron una oleada de indignación ciudadana que terminó en la destrucción de vehículos e instalaciones policiales. Para agravar los hechos, más de una decena de personas, en su mayoría jóvenes, murieron posteriormente por heridas de bala cuyo origen debe ser pronta y exhaustivamente esclarecido.
La indignación ciega se comporta como un buscapié arrojado en una fiesta callejera que carece de dirección, sentido y permanencia. A estos dolorosos hechos debe seguir un proceso de esclarecimiento reflexivo de las causas que están llevando a un aumento alarmante de los actos de brutalidad policial que oriente y proponga las reformas necesarias a esa institución cuya cultura organizacional, valores y procedimientos no están aislados de lo que sucede en el seno de toda la sociedad colombiana.
Los policías trabajan en las calles en medio de las profundas tensiones sociales temporalmente encapsuladas por las diversas restricciones que se impusieron durante la pandemia. Muchas de esas medidas oficiales propiciaron la imagen de que quienes incumplen las medidas restrictivas no son ciudadanos sino vándalos amenazantes cuya conducta transgresora pone en peligro la salud y las vidas de toda una colectividad. No es justo equiparar a un ciudadano que sale a comprar una botella de licor con un peligroso terrorista armado con explosivos.
Sería de poca utilidad para el país apelar a los sesgos ideológicos para abordar estos hechos. Nos movemos entre dos extremos: quienes ven en los victimarios de Ordóñez a unas pocas manzanas podridas de la institución policial y quienes estigmatizan a toda una organización publica conformada por decenas de miles de ciudadanos. Algunos policías conciben su misión como una guerra urbana y ven a los ciudadanos como una comunidad ingrata y hostil. Se inclinan por lo que les dicta su experiencia en las calles y no por los procedimientos aprendidos en las academias y escuelas de policía, pues perciben su formación como un simple rito de pasaje. En contraste, muchos miembros de la Policía conciben su misión de una manera positiva, se ven como mediadores de problemas sociales, alinean su conocimiento de la ley con sus convicciones morales y no se inclinan por el uso de la fuerza cuando ella no es necesaria.
Se requieren profundos cambios en la cultura organizacional de la Policía Nacional que pongan claros límites al uso desmedido o injustificado de la violencia y no dejen su empleo a la discreción de sus miembros. Solo así evitaremos algo mucho más grave, una desconexión moral colectiva que no censure la continua ocurrencia de estos hechos y los justifique ante el resto de la sociedad.