EN AÑO 2020 COVID-19 Y 2021 LEY 550, GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

Por Martin Barros Choles

Por causa de la pandemia del coronavirus, el año que concluye ha sido desafortunado para los mandatarios, que iniciaban el primer año del periodo de gobierno y que sigue latente afectando a muchas personas en el mundo, sin que se haya podido siquiera frenar contagios del covid-19, a la espera de vacunas elaboradas a la carrera, para aprovechar la competencia comercial, en el gran negocio del siglo, que se disputan las multinacionales farmacéuticas de los imperios capitalistas. El covid, nos encerró, distanció, tapó bocas, nos puso el habito de lavados de manos, uso de gel, alcohol y a saludarnos de puños, codos y hasta toquecitos de pie.  Los distintos métodos utilizados para prevenirse del mal no eran de total garantías. Muchos se contagiaron cumpliendo de manera disciplinaria y estrictas, directrices y recomendaciones. Otros han hecho casos omisos por ejemplos al uso de tapa boca, ambulan por todas partes y nada les pasa. Las desinformaciones, desorientaciones e imprevisión, son motivos para andar del timbo al tambo, por ignorancias e imprecisiones.

El año 2020 fue perdido por causas extrañas, que no se ha podido controlar, procurando erradicarla, pero ha dado que hacer, incrementándose cada día el volumen de víctimas, donde algunas no alcanzan a sobrevivir, por variedades de complicaciones en el estado de salud personalizados. Los gobernantes se han visto maniatados en los manejos de la tragedia humana, que vivimos. Se han limitado a seguir las pautas de los decretos que expide el gobierno nacional y acomodar los presupuestos, para mantener el funcionamiento y la prestación de servicios administrativos. Los mandatarios municipales y departamentales no han tenido margen para lucirse, ni destacarse, con anotaciones positivas en obras y hechos relevantes, generadoras de comentarios y opiniones públicas. No todo ha sido negativo con el covid, entre corruptos. Las facultades extraordinarias por causa del coronavirus, fue oportuna, para apropiarse de recursos económicos de diferentes asignaciones y destinaciones, mermando compromisos de damnificados que esperan pacientemente obras de buena fe, antes que desatenciones y engaños.

A un cuando el covid sigue en el año 2021, la atención del nuevo año la ocupará la aplicación de la ley 550, en la gobernación de La Guajira, mediante facultades ordenansales conferidas, por la Asamblea Departamental y admitida, por la Dirección de Apoyo Fiscal, del Ministerio de Hacienda, designando el Gestor, de la restructuración administrativa y fiscal. La aplicación de la citada ley es necesario, para frenar embargos y actualizar el estado financieros, desajustados por descoordinaciones y asentamientos, de registros de cuentas en pasadas administraciones, de gobernadores encargados. El departamento le corresponde relacionar las obligaciones que pesan a su cargo, debidamente clasificadas y convocar a los acreedores, a efecto de suscribir, acuerdo de pago, previó de calcular los montos de obligaciones, analizar ingresos corrientes departamental, para determinar el crédito que asume el Ministerio de Hacienda, eligiendo una junta de representantes de acreedores ordenando suspender tramites de procesos ejecutivos, generadores de embargos. La aplicación de la citada ley no solo es para el pago de obligaciones, sino también efectuar cambios burocráticos, reformando la administración, con denominaciones y grados, de los cargos relacionada con funcionarios de carreras, que de hecho conllevan indemnizaciones, pensiones y otros. Los cambios no dejan de ser traumáticos, por la inestabilidad que causan en administraciones, desarmonizando las operaciones administrativas, ocasionada por la inseguridad de los funcionarios, aferrados en defender derechos adquiridos. La ley 550 se sabe cuando inicia, pero no tiene termino de fenecimiento, con transparencias opacas y pocas garantías, de eficiencia en cumplimientos de obligaciones, sin pagos de “peajes” remunerativos de acreedores a la administración departamental, por cancelación de cuentas adeudadas.

El gobernador Jorge Pérez Bernier, hizo uso de la restructuración en la postrimería del primer periodo de gobierno y no logro concluirlo, el gobernador Álvaro Cuello, sino Hernando Deluque. Al gobernador Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, les concedieron facultades, pero desistió de la misma, previniendo traumatismo administrativo.