Por Luís Alonso Colmenares Rodríguez
Al parecer en la gobernación solo se cumple el deber de responder cuando los obligan los jueces a través de las tutelas. En ese sentido, los funcionarios de la gobernación se creen unos emperadores a los cuales el ciudadano tiene que rendirles pleitesía; no son capaces de entender que esa relación es, al contrario, y que el servidor público se debe al ciudadano.
El servidor público, en estricto sentido, es un subalterno del ciudadano.
Y digo lo anterior agregando unas precisiones que son necesarias.
A pesar de todos los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico vigente, se ha vuelto costumbre que cuando alguien se atreve a hacer respetar sus derechos lo matriculan a uno como enemigo del gobierno, y llueven críticas con la inclusión de adjetivos para descalificarlo.
Es decir, el ciudadano se le tiene que arrodillar al poder, dejar que a uno lo atropellen, que jueguen con la moralidad de la gente. Mejor dicho, hay que quedarse callado porque está prohibido expresar opiniones y reclamar lo que sea necesario de manera objetiva.
Y discúlpenme lo personal, pero tengo que referirme a lo que
he tenido que vivir en ese sentido.
Para algunos arrodillados, y que le sirven de parlante a todo lo
que se relacione con el poder, fue un gran error haberme atrevido a
revisar el proyecto de presupuesto del departamento de La Guajira
para la vigencia fiscal 2021 que la gobernación había presentado
ante la Honorable Asamblea departamental, respecto de lo cual
concluí que había deficiencias técnicas; de lo cual me dio la razón
la Asamblea porque devolvió el proyecto para que fuera corregido.
Pero también puse en evidencia que los textos de otros dos proyectos habían sido plagiados de unos presentados por la Gobernación de Boyacá.
Y así me lo reconoció la secretaria de hacienda departamental en su oportunidad.
Al parecer, eso no le gustó al gobierno departamental y, con el
fin de atemorizarme y ponerme en el escarnio público para desprestigiarme, supongo que radicaron a las carreras de manera manual una supuesta propuesta de prestación de servicios, sin mi firma y sin especificación de valor, y regando el argumento de que yo estaba “respirando por la herida” porque no me habían aceptado una supuesta
propuesta multimillonaria que yo le había presentado a la gobernación a través de una persona que, para el momento de la radicación, ni siquiera tenía la calidad de funcionario, como lo reconoció el gobernador en respuesta a un derecho de petición que le presenté.
Le pregunto de manera respetuosa a mis lectores: ¿se hubieran quedado tranquilos ante un atropello de su moral en una situación de esta naturaleza?
Para aclarar las cosas presenté un derecho de petición al gobernador el día 20 de octubre de 2020, le dí alcancé el día 26 de octubre, se los reiteré el
15 de diciembre. Pero hicieron caso omiso y no me r e s p o n d i e ro n .
El 5 de febrero presenté una acción de tutela para que ordenara
a la gobernación la respuesta a mis derechos de petición. Dicha tutela fue asignada el mismo día al juzgado 19 de conocimiento penal municipal de
Bogotá y admitida el 8 de febrero.
El 10 de febrero recibí una respuesta de la gobernación en mi
correo electrónico que tenía fecha 17 de diciembre y no tenía radicación digital de ventanilla única, la cual remití a la juez para sus consideraciones.
Para resumir, palabras más y palabras menos, todas las respuestas eran evasivas, y la gran justificación de las respuestas que firmó el jefe de la oficina jurídica de la gobernación se soportaba en que estábamos en pandemia.
Criterio absurdo, además de irrespetuoso. Estaban eludiendo su responsabilidad, porque para el 17 de febrero de 2020, fecha
en la cual radicaron de manera manual una supuesta propuesta
mía, todavía no se había tomado ninguna decisión respecto a la
pandemia, y estaban funcionando todos los medios de radicación
electrónica de ventanilla única.
No supieron echar la mentira. Por eso el 19 de febrero la juez falló la tutela amparando mis derechos fundamentales y ordenando a la gobernación de La Guajira que en el término de 48 horas respondiera de manera completa y de fondo mis derechos de petición.
Esos son los hechos. Y en esto no claudico hasta que se hayan establecido las responsabilidades que sean del caso.
Algunos funcionarios públicos creen que pueden jugar con la moral de la gente, porque están acostumbrados a atropellar a todo el que les dé la gana y que nadie diga nada.
De acuerdo con las respuestas que me presenten y que también le presenten a la juez tomaré las decisiones del camino a seguir.