Los suscritos, representantes del Distrito de Riohacha en las funciones que nos competían para la época de la ejecución del contrato de obra No. 112 de 2013, relativo al parque Coquivacoa, ante la fallo emitido por la Contraloría General de la Republica ,manifestamos a la opinión publica y medio de comunicación losiguiente:1. Respetamos, pero no compartimos la decisión del órgano de control, fundados en evidentes fallas procedimentales, contradicciones, y presumibles desacatos a los principios del debido proceso y del derecho a la defensa.
2. Sustento de lo anteriormente dicho son, por ejemplo:
• Durante la actuación se presentaron ostensibles quebrantamientos al debido proceso, al no atenderseelementales garantías como el suministro del expediente, laresolución oportuna de recursos impetrados, no traslado de uno de los informes técnicos que soportan el presunto dañoe indebidas notificaciones, lo cual no permitió terminar dedesvirtuar eel presunto daño patrimonial.
• Evidente contradicción en los valores consignados en los dos informes técnicos que soportan el presunto daño al patrimonio. En el primero se establece un monto de 464millones y en el segundo baja a 118 millones, tal como se aprecia a página 24 del fallo. Esa reducción fue producto dedemostraciones y pruebas aportadas por nuestra parte.
• Si después del segundo informe que redujo el daño a 118 millones, hubiéramos contado con las plenas garantías, se habría podido demostrar que no había ningún faltante daño.
• Otras evidentes fallas en el proceso, tienen que ver con la designación de abogados de oficio que no ejercieron ninguna función, dejando vacía la asistencia técnica de uno de los vinculados al proceso, tal es el caso, del interventor. Ninguno de los apoderados de oficio busco a su cliente, pidió el expediente, ni presento pruebas o alegatos en favor de sus defendido. Por lo visto solo se vincularon para cumplir requisitos y tratar de evitar eventuales vicios en elproceso.
3. De lo anteriormente dicho se desprende que en este procesoestamos presumiblemente frente a irregularidades procedimentales y otros quebrantamientos jurídicos que, a través del recurso que cabe y de otras acciones legales, permitirán que se termine de demostrar la plena ausencia de responsabilidad fiscal de nuestra parte.