La Superintendencia Nacional de Salud extendió hasta el 26 de abril del 2024 la medida de vigilancia especial que rige sobre la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira (EPSI Dusakawi), y le ordenó desarrollar 19 acciones para garantizar el derecho a la salud de sus 281.212 afiliados ubicados en los departamentos de La Guajira (173.758), Cesar (87.626) y Magdalena (19.824).
“Esta Superintendencia maneja dos líneas fundamentales: velar por la garantía al derecho fundamental de salud de los usuarios y proteger los recursos públicos del sistema destinados para el goce efectivo de su derecho; y mientras esto no se cumpla mantendremos las medidas necesarias a los actores y empresas de aseguramiento”,
aseguró Ulahí Beltrán López, Superintendente Nacional de Salud. Dentro del seguimiento y análisis que ha adelantado la Superintendencia sobre la EPSI, se evidencia inoportunidad en la entrega de medicamentos financiados por la UPC y en el acceso a citas y consultas de medicina especializada. Asimismo, existen deficiencias en la captación temprana al control prenatal, tamizaje de VIH en gestantes, la tasa de incidencia en sífilis congénita, la vacunación en menores de un año y control de diabéticos, entre otros.
En la resolución 2023320030008163-6 de este 26 de octubre de 2023, la Supersalud asegura que la EPSI Dusakawi presenta “falencias significativas en la implementación de programas de gestión integral del riesgo para la prevención del cáncer de cuello uterino y mama” que hoy se encuentran bajo la lupa del ente de control.
Si bien persiste la falta de contundencia en la gestión del riesgo en salud de sus afiliados, se reporta un mejor desempeño en algunos indicadores como los de mortalidad por desnutrición y el de infección respiratoria aguda.
También se resalta la disminución del 46.6% en los eventos de mortalidad por desnutrición, lo cual es un avance, pasando de 30 eventos a 14, mejora que coincide con Ia implementación y el enfoque de salud pública del plan de desaceleración de Ia desnutrición infantil para La Guajira establecido por el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social en el último año.
Por su parte el indicador de mortalidad por infecciones respiratorias agudas (IRA) mostró una disminución del 60%, con 10 casos menos en agosto de 2023, lo que indica una mejora
en el cuidado de la salud de la población infantil.
De igual manera, se registra una mejoría en la gestión de saldos de recursos que reposan
en la ADRES reconociendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.
En cuanto a la medida de cesación provisional de acciones que ponen en riesgo los
recursos del sistema que ordenó la Supersalud hace siete meses sobre Dusakawi, se
evidencia que ha traído efectos positivos en el incremento constante del flujo de recursos
hacia la red de prestadores y proveedores, alcanzando un promedio mensual de $20.600
millones de pesos.
Algunas de las 19 órdenes impartidas en la prórroga de la medida de vigilancia especial al
representante legal de la EPSI son:
- Definir estrategias de acuerdo con la caracterización poblacional del modelo de
atención en salud con enfoque diferencial e intercultural, sobre las causas de
morbimortalidad identificadas, con el fin de intervenir y evitar la materialización del
riesgo. - Reportar el seguimiento de los indicadores establecidos con la totalidad de la red
prestadora de salud que contengan la medición y gestión de riesgo, para reducir la
carga de enfermedad y las muertes tempranas evitables. - Implementar las estrategias necesarias para garantizar la prestación de los servicios
en salud a la población afiliada y no afiliada, de manera que se disminuya la
interposición de acciones de tutela e incidentes de desacato. - Reportar el seguimiento realizado respecto a la atención integral de niños, menores
de 5 años con diagnóstico de desnutrición aguda, moderada y severa (DNT).
La Superintendencia Nacional de Salud continuará la vigilancia rigurosa a la aplicación de
la normatividad vigente que propende por el acceso efectivo a los servicios de salud y la
protección de los recursos destinados a la protección de las personas, a través de acciones
de inspección, vigilancia y control.