POR JHON JAIRO CATAÑO
Colombia es un país de contrastes, mientras algunas regiones muestran niveles de desarrollo similares a los de economías avanzadas, otras enfrentan condiciones propias de países con ingresos bajos. La reciente investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre desigualdad territorial en Colombia evidencia una realidad innegable: en nuestro país coexisten múltiples «Colombias», y La Guajira desafortunadamente pertenece a la categoría de «Colombia Vulnerable».
El estudio del BID clasifica los departamentos en cuatro grandes grupos según su desarrollo: Colombia Consolidada, Emergente, en Transición y Vulnerable. La Guajira se encuentra en este último grupo, donde factores estructurales como el acceso deficiente a servicios básicos, la baja inversión en educación y la precariedad en infraestructura han perpetuado un ciclo de pobreza y desigualdad que parece no tener fin en el tiempo.
Uno de los datos más alarmantes es el acceso a saneamiento básico. Mientras en la Colombia Consolidada la cobertura alcanza el 95%, en La Guajira apenas llega al 38%, comparable con Haití y Kenia. Esto no solo afecta la calidad de vida de miles de guajiros, sino que también refleja la falta de políticas públicas eficaces para cerrar estas brechas. El derecho al agua potable y a condiciones dignas de salubridad no debería depender del lugar de nacimiento, pero en Colombia sigue siendo una lotería geográfica.
El crecimiento económico en La Guajira también presenta desafíos significativos, según el BID, los departamentos más vulnerables han crecido un punto porcentual por debajo del promedio nacional en la última década. Este rezago no solo afecta la economía local, sino que también limita la movilidad social y perpetúa la falta de oportunidades para las nuevas generaciones. Sin una diversificación económica real y un fortalecimiento de las capacidades productivas locales, el futuro seguirá siendo incierto para miles de jóvenes guajiros.
Es evidente que necesitamos un enfoque territorial que vaya más allá de medidas asistencialistas o de inversiones aisladas, la solución a las desigualdades territoriales debe partir de un compromiso del Estado con estrategias de desarrollo sostenibles, que incluyan un fortalecimiento real de las entidades territoriales, una mayor inversión en infraestructura y una educación de calidad que responda a las necesidades del contexto guajiro.
Pero la responsabilidad no es solo de los gobiernos en sus diferentes niveles, el sector privado, la academia y la sociedad civil deben jugar un papel clave en la construcción de soluciones innovadoras. La Guajira tiene un gran potencial en sectores como el turismo, las energías renovables, la economía de las industrias creativas y la producción agrícola, pero necesitamos políticas de incentivo y capacitación para aprovechar estas oportunidades.
La Guajira no puede seguir siendo parte de la «Colombia Vulnerable», es momento de que se reconozca la deuda histórica con el territorio y se promuevan acciones concretas para cerrar las brechas de desarrollo. No se trata de caridad, sino de justicia social y de la construcción de un país verdaderamente equitativo.
La pregunta que debemos hacernos los guajiros es: ¿Cuánto más vamos a esperar para actuar?