POR JHON CATAÑO
Mientras Colombia celebra el auge de las energías renovables y aplaude el potencial inigualable del departamento de La Guajira para producir energía eólica y solar, las comunidades indígenas Wayuu sufren en silencio los costos de esta transición. Desde el centro del país nos repiten cifras proyectadas para la generación de 15.000 megavatios de energías limpias, las cuales equivalen al 90% de la capacidad instalada del país, todo gracias a los vientos privilegiados y la alta radiación solar de esta región.
Pero detrás de estos datos alentadores se esconde una dura realidad, el supuesto desarrollo no llega a los habitantes del departamento y mucho menos a las comunidades que se encuentran asentadas en estos espacios. Los proyectos eólicos en lugar de representar una oportunidad para los guajiros, han profundizado su condición histórica de territorio sacrificado.
Solo por mencionar algunos impactos negativos: las comunidades indígenas son desplazadas de sus tierras ancestrales, por recibir los beneficios económicos enfrentan conflictos entre clanes o familiares, viven procesos de desarraigo cultural, desplazamiento de aves migratorias, daños irreversibles en zonas sagradas y la fragmentación del paisaje, los Wayuu ven cómo se destruyen sus formas de vida sin protección estatal y sin un acompañamiento adecuado.
Así mismo se habla de consultas previas, pero en la práctica son actos formales, sin garantías reales de participación ni consentimiento informado, producto en parte por el bajo nivel educativo de quienes habitan estos territorios. A cambio, las comunidades reciben compensaciones económicas que en muchos casos son irrisorias, firmadas sin comprensión plena y bajo condiciones de desventaja total entre empresas y comunidades.
El discurso de las empresas y de algunos sectores del gobierno, pinta un panorama de abundancia energética y desarrollo para el país. Sin embargo, ese desarrollo no es compartido, mientras los parques eólicos se conectan a las redes nacionales para iluminar las grandes ciudades y mover la industria en las regiones más desarrolladas, en muchas rancherías wayuu ni siquiera hay luz eléctrica, agua potable y mucho menos la prestación de unos servicios médicos básicos.
Lo que ocurre en La Guajira no es un modelo de transición energética justa. Es un modelo extractivista con ropaje ambientalista. Se está reemplazando la minería a cielo abierto por aerogeneradores, pero se mantiene la lógica colonial, usar los territorios periféricos para enriquecer el centro, sin respeto por los derechos de quienes habitamos estos territorios ancestrales. La transición energética que Colombia necesita no puede ser a costa del sacrificio de pueblos indígenas ni de la destrucción del tejido social guajiro.
Es claro que la sociedad guajira no se está beneficiando de estos proyectos y no puede seguir siendo una zona de sacrificio, si no se revierte este modelo impuesto desde la lógica colonizadora y apoyado por las élites nacionales, las heridas que se están abriendo serán profundas y duraderas. La transición energética, para ser justa, debe ser desarrollada bajo una lógica donde todas las partes involucradas ganemos, de lo contrario seguirá siendo un espejismo útil para las estadísticas nacionales, pero cruel y doloroso para quienes nos vemos obligados a pagar el precio.
La pregunta que deberíamos hacernos no es cuánta energía puede producir La Guajira, sino a costa de qué y de quiénes. Si de verdad queremos un futuro sostenible, debemos empezar por respetar a quienes han cuidado estas tierras mucho antes de que el viento fuera un negocio. Porque sin justicia social, no hay transición energética posible.