Por Jesús Eduardo Martínez Frías
La madrugada de hoy volvió a teñirse de violencia y miedo en Colombia. Un atentado con explosivos en un peaje entre Riohacha y Maicao estremeció a la población guajira y al país entero, no solo por su crueldad sino por lo que representa: un regreso a las páginas más oscuras de nuestra historia reciente. En el lugar fue hallada una bandera del ELN, lo que apunta a un acto premeditado de carácter político, terrorista y profundamente anacrónico.
Volver a ver estos símbolos del terror en las carreteras colombianas es como despertar de una pesadilla solo para descubrir que nunca salimos de ella. Hace más de tres décadas, los atentados con explosivos, los secuestros y las emboscadas eran parte del paisaje cotidiano. Desde entonces, el país ha intentado, con tropiezos y avances, superar esa época de horror. Sin embargo, acciones como la perpetrada hoy evidencian que no hemos logrado desarraigar del todo las raíces del conflicto armado.
No se trata solo de un atentado aislado, sino de un síntoma. Colombia vive una crisis de seguridad profunda, dispersa y cada vez más preocupante. Las promesas de paz se enfrentan a una realidad donde actores armados se reconfiguran, retoman territorios y desafían al Estado con una mezcla de violencia, propaganda y control social. Este atentado no es solo un golpe físico, sino simbólico: es un mensaje directo a la institucionalidad, una forma de reafirmar poder en un momento de evidente fragilidad estatal.
Y aquí es donde las autoridades nacionales deben reaccionar con firmeza, sin caer en la lógica de la represión desmedida, pero tampoco en la indiferencia o la retórica vacía. Colombia no puede permitirse el lujo de normalizar el terrorismo ni mucho menos tolerar que las rutas que conectan a comunidades enteras se conviertan en campos minados por el miedo.
Hasta el momento en que se escribe esta columna, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado oficialmente sobre el atentado ocurrido en La Guajira. Paradójicamente, se trata de una región a la que prometió proteger desde el inicio de su mandato, asegurando que pondría fin al abandono histórico del Estado. Sin embargo, su silencio frente a este ataque refuerza la percepción de olvido institucional que, una vez más, se convierte en norma para los territorios periféricos del país.
Este episodio es una advertencia. Retroceder en materia de seguridad no solo implica perder el control territorial, sino también erosionar la confianza ciudadana en el Estado de derecho. ¿De qué sirven los discursos de reconciliación si en los territorios reina el terror? ¿De qué vale hablar de transición y paz total si los grupos armados siguen dictando las reglas con explosivos?
La Guajira, una región históricamente marginada, no debe convertirse en escenario del olvido institucional ni del experimento bélico. La violencia no puede seguir repitiéndose como un ciclo sin fin. Hoy más que nunca, Colombia necesita decisiones valientes, justicia efectiva y una presencia estatal que no se limite al papel, sino que se sienta, se vea y se respete.
Porque si el presente empieza a parecerse al pasado, el futuro corre el riesgo de desaparecer.