El abogado en ejercicio, especialista en derecho administrativo y servicios públicos domiciliarios, activista social y veedor ciudadano del municipio de San Juan del Cesar, Luis Horgelys Brito Ariza, presentó este martes un incidente de desacato ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esta localidad, por el incumplimiento del fallo de tutela proferido el pasado 26 de mayo de 2025, dentro del proceso radicado bajo el número 44-650-40-89-001-2025-00094-00.
La acción va dirigida en contra del alcalde municipal, Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez, y del representante legal de la empresa AGM Desarrollos S.A.S., concesionaria del servicio de alumbrado público en San Juan del Cesar, quienes fueron ordenados por el juez constitucional a realizar, dentro de un plazo de 30 días hábiles, la reposición o reparación de 14 postes de energía en mal estado, ubicados en las calles 7 y 8 del casco urbano del municipio.
Según lo dispuesto en el segundo numeral del fallo judicial, las autoridades accionadas debían conformar un equipo técnico e intervenir la infraestructura deteriorada, en atención al grave riesgo que representaban para la vida, integridad y seguridad de los habitantes. No obstante, transcurrido el término otorgado, ni la alcaldía ni la empresa concesionaria han ejecutado las acciones ordenadas, constituyendo una clara desobediencia a la autoridad judicial.
“El juez amparó los derechos fundamentales a la vida, la seguridad y la dignidad humana, y exigió que se actuara de manera inmediata. No hacerlo configura desacato, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, el cual prevé sanciones como multa y arresto para los responsables”, manifestó el jurista Luis Horgelys Brito Ariza, quien ha venido denunciando sistemáticamente las deficiencias en los servicios públicos del municipio.
Este incidente de desacato busca no solo garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial, sino también enviar un mensaje claro a los funcionarios públicos y contratistas del municipio: la vida y seguridad de la comunidad no son negociables ni postergables. La omisión frente a una orden judicial en firme constituye una falta grave que debe ser corregida mediante las sanciones previstas en la ley.
Brito Ariza, reconocido por su labor jurídica y social en el departamento, ha reiterado que continuará velando por los derechos de los ciudadanos y seguirá ejerciendo control social y legal frente al incumplimiento de los deberes institucionales.
“No hay justicia si las decisiones judiciales no se cumplen. El pueblo merece respeto y acción inmediata cuando se trata de su seguridad y bienestar.”