Una sorpresiva y contundente declaración, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, alertó sobre una posible violación al decreto presidencial que prohíbe expresamente la exportación de carbón colombiano al Estado de Israel.
Según el funcionario, un buque habría zarpado recientemente del puerto de Ciénaga con destino a ese país, lo que encendería las alarmas sobre el cumplimiento de la medida impuesta por el gobierno nacional en agosto de 2024.
“Estamos recibiendo información que nos llega de trabajadores, y que también fue referenciada por la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta información señala que al menos seis embarques han salido desde el Cesar y La Guajira rumbo a Israel, luego de expedido el decreto que prohíbe dichas operaciones”, afirmó Sanguino.
El ministro aseguró que la situación está siendo evaluada por el Ministerio de Trabajo y será remitida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como a la Presidencia de la República, para establecer responsabilidades y posibles sanciones. “¿Podría ser intervenida parte de la Armada Nacional? ¿Trae este buque una orden del Presidente? Son preguntas que nos hacemos y que deben ser respondidas”, dijo el ministro.
Empresas niegan exportaciones
Frente a los señalamientos, tanto Cerrejón como Drummond —las dos principales empresas exportadoras de carbón en la región— han negado tajantemente haber realizado ventas a Israel. Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, incluso ha presentado pruebas que, según ella, demuestran que la compañía no ha violado el decreto.
No obstante, el ministro Sanguino sostuvo que la información recibida en las últimas horas “controvierte esas afirmaciones”, especialmente por la salida del buque desde el puerto de Ciénaga, operado por Drummond.
Condiciones laborales y posibles sanciones
Durante su visita, el ministro también se refirió a las condiciones de salud de los trabajadores en las explotaciones mineras de Cerrejón y Drummond. “Hemos documentado 12 enfermedades que afectan a por lo menos 1.000 trabajadores, asociadas directa o indirectamente a la minería a cielo abierto. Esas cifras deben generar una reacción institucional seria”, declaró.
Aseguró que, aunque el actual gobierno ha actuado con mayor celeridad, los gobiernos anteriores archivaron la mayoría de investigaciones laborales. “De 140 investigaciones abiertas, solo 3 produjeron resultados. Eso es preocupante”, agregó.
El Ministerio del Trabajo ya ha impuesto sanciones pecuniarias y se prepara para nuevas decisiones derivadas de investigaciones en curso. También se anunció la instalación de una mesa de reconversión laboral para atender a los trabajadores que podrían quedar cesantes en eventuales cierres mineros.
El ministro realizó el anunció con presencia de la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz; el secretario General (e) Gerson Castillo; el director Territorial Guajira, Jorge Miguel Guevara; y representantes del colectivo de transición energética justa intersindical, Sintramienergética, Sintradrummond y Sintradem, que trabajan la transición justa en el sector carbón; la CNV Internacional, los presidentes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Fabio Arias; y de la Confederación General del Trabajo, CGT, Percy Oyola.
Así mismo, se conoció que los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía, expidieron la Resolución 40324 del 21 de julio de 2025, por la cual se crea la mesa de diálogo social para la garantía de condiciones de trabajo digno y decente en la transición energética justa para trabajadores y sindicatos en el sector carbón.
Despedidos por enfermedad: una advertencia legal
Sanguino fue enfático al advertir que despedir a un trabajador enfermo por causas asociadas a su labor puede acarrear sanciones legales. “Eso no puede ocurrir. Las juntas de calificación de riesgos existen justamente para proteger a estos trabajadores. Si una empresa despide en esas condiciones, está infringiendo la ley”, explicó.
Finalmente, el ministro reiteró que las multinacionales no pueden abandonar el país sin hacerse responsables de los impactos laborales. “El caso de Glencore y Prodeco en Cesar, donde devolvieron títulos sin plan de transición, no puede repetirse”.