Por: Emmanuel Rangel Redondo
En La Guajira, el agua no es solo un recurso escaso, es una herramienta de poder, una excusa para el saqueo y una promesa repetida hasta la náusea en cada campaña política. Lo que debería ser un derecho, se ha convertido en botín de guerra entre clanes políticos, contratistas voraces y funcionarios que operan con la frialdad de quienes se han acostumbrado a jugar con la sed de un pueblo.
Cada gota de agua en nuestro territorio es codiciada, no por su valor vital, sino por su rentabilidad política y económica. Aquí no se gestiona el agua para garantizar la vida, se manipula para garantizar el control. Por eso vemos proliferar supuestos «proyectos de abastecimiento», muchos de ellos sin estudios técnicos serios, diseñados más para favorecer bolsillos que para surtir comunidades.
La manipulación es descarada: se inauguran pozos sin agua, se instalan plantas desalinizadoras que no funcionan, y se publicitan inversiones millonarias que se evaporan sin dejar rastro, excepto en las cuentas bancarias de unos pocos. Mientras tanto, las comunidades indígenas, campesinas y urbanas siguen cargando baldes, esperando carrotanques, o peregrinando kilómetros para acceder a lo mínimo vital.
Y no es casualidad. Existe una agenda despiadada que opera bajo el manto de la “intervención social”, pero que en realidad responde a intereses clientelistas, contratos amañados y pactos de silencio entre los de siempre. Prometen agua, pero venden espejismos. Lo que están haciendo es robarle la dignidad a la gente a punta de promesas húmedas que nunca llegan a mojarnos la garganta.
La guerra por los proyectos de agua es también una guerra de narrativas: mientras los funcionarios presumen “coberturas”, los medios callan las fallas estructurales, y las empresas contratistas se blindan con licitaciones hechas a la medida. Pero la verdad está en la sed crónica de nuestras comunidades, en los niños wayuu muriendo por desnutrición ligada al agua contaminada, en los campesinos resignados a sembrar con esperanza y cosechar decepciones.
No podemos seguir normalizando este modelo de despojo. La Guajira necesita una política hídrica con enfoque territorial, comunitario y transparente. Necesita que el agua deje de ser mercancía electoral y vuelva a ser lo que siempre ha debido ser: un derecho fundamental, un bien común, una causa por la cual luchar. Porque en este desierto no solo falta agua. Lo que más nos está faltando es justicia.