POR SAIT IBARRA LOPESIERRA
En La Guajira se ha vuelto frecuente confundir el debate político con el juicio anticipado. La gestión del gobernador Jairo Alfonso Aguilar Deluque ha sido evaluada, en muchos casos, desde la coyuntura mediática y no desde el análisis responsable que exige una administración que asumió el departamento en medio de profundas dificultades estructurales, particularmente en materia de agua potable, saneamiento básico e infraestructura social.
Los cuestionamientos alrededor de la contratación adelantada a través de la Empresa Departamental de Servicios Públicos (Esepgua) deben abordarse con rigor. Se trata de una entidad creada para enfrentar una problemática histórica. Ejecutar recursos en este sector no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Hasta el momento, no existen pronunciamientos definitivos de los organismos de control que comprometan de manera directa al gobernador.
En el caso de los recursos destinados a bibliotecas, corresponde a las instancias competentes determinar si se presentaron fallas administrativas o retrasos en la ejecución, sin convertir investigaciones en curso en condenas públicas. La administración departamental ha mostrado disposición a entregar información y a responder a los requerimientos institucionales.
Más allá del ruido político, los avances en ejecución, la presencia territorial y la activación de proyectos estratégicos evidencian una gestión que decidió asumir los retos del departamento. Gobernar La Guajira implica tomar decisiones complejas y asumir costos.
Con aspectos por mejorar, como toda administración, el desempeño de Jairo Aguilar Deluque ha sido responsable y orientado a resultados. Evaluarlo con equilibrio permite reconocer una gestión que, en un contexto históricamente adverso, ha respondido a las necesidades reales del territorio.