Por JULIA HURTADO ARELLANO
Colombia ya superó la exclusión de la mujer en política. Y estamos superando la forma en la que se ha pretendido definirla.
Durante gran parte de la historia republicana, la política colombiana fue un espacio deliberadamente cerrado para las mujeres. No se trató de una exclusión circunstancial, sino de una estructura sostenida por normas, prácticas y visiones que limitaron su participación en lo público. Solo hasta el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se reconoció el derecho al voto femenino, ejercido por primera vez en 1957. A partir de ese momento, la presencia de la mujer en la política dejó de ser una aspiración marginal para convertirse en una conquista en construcción.
Esa conquista no fue inmediata ni lineal. Fue el resultado de trayectorias individuales que desafiaron inercias profundas. La historia nos retrata, figuras como Esmeralda Arboleda Cadavid y Josefina Valencia, quienes abrieron camino en escenarios donde la legitimidad de la voz femenina era constantemente cuestionada. Décadas después, liderazgos como los de Noemí Sanín y Marta Lucía Ramírez consolidaron una idea que hoy parece evidente, pero que durante mucho tiempo no lo fue: la mujer no solo podía participar en política, sino aspirar y ejercer los más altos niveles del poder.
Sin embargo, el avance de la participación femenina no ha estado exento de nuevas tensiones. Paradójicamente, en la medida en que se han abierto espacios, también han surgido formas más sutiles de condicionamiento. Ya no se trata de excluir a la mujer de la política, sino, en algunos casos, de delimitar cómo debe habitarla. En un entorno marcado por la polarización, la representación femenina parece debatirse entre expectativas que, lejos de ampliar su legitimidad, corren el riesgo de encasillarla.
En este sentido resulta idóneo preguntarnos, ¿Debe una mujer en política responder a una identidad previamente definida para ser considerada legítima? ¿Se le exige representar una causa colectiva antes que defender sus propias convicciones? ¿En qué momento una reivindicación histórica comienza a transformarse en una nueva forma de restricción?
Interrogantes como estos resultan ser idóneos cuando procuramos habitar en un país netamente político en el que las mujeres representamos un papel no solo fundamental, si no decisivo en el rumbo del mismo.
Es en ese contexto donde cobra relevancia la candidatura de Paloma Valencia a la presidencia de la República. Más allá de afinidades ideológicas, su aspiración reabre una discusión de fondo: si la representación de la mujer en el poder debe entenderse como una cuestión de identidad o como una expresión de autonomía política.
Durante años, la participación de la mujer ha estado acompañada de una expectativa implícita: la de representar no solo ideas, sino una causa homogénea. Sin embargo, esa expectativa puede convertirse en una forma de limitación. ¿Puede hablarse de verdadera igualdad cuando se espera uniformidad en el pensamiento? ¿No es acaso la posibilidad de disentir —incluso entre mujeres— una de las expresiones más auténticas de libertad?
La verdadera igualdad no consiste en reemplazar una exclusión histórica por nuevas formas de uniformidad discursiva. Tampoco en establecer parámetros sobre lo que debe pensar o defender una mujer para ser considerada legítima en política. Por el contrario, radica en reconocer que la autonomía intelectual —incluida la posibilidad de disentir— es una expresión esencial de esa misma igualdad que durante décadas se reclamó.
En ese sentido, el debate sobre la representación femenina no puede agotarse en el género como categoría suficiente. El acceso al poder, en una democracia que aspire a la madurez, no puede medirse únicamente por la identidad de quien lo ocupa, sino por las condiciones en las que accede a él: el mérito, la trayectoria, la capacidad de liderazgo, la solidez de las ideas y la coherencia en su ejercicio.
Porque, en el fondo, la legitimidad no se proclama, se demuestra.
La capacidad que necesita ser anunciada pierde parte de su fuerza.
Y cuando el discurso reemplaza al ejercicio, el poder pierde sustancia.
Figuras políticas como la de paloma valencia nos lleva a inferir, que no es necesario reivindicar permanentemente el carácter o la capacidad de la mujer para ejercer la política, la justicia o el liderazgo público en igualdad de condiciones. Es el ejercicio mismo —la forma en que se participa, se decide y se asume el poder— el que deja en evidencia esas capacidades.
Y es precisamente allí donde se produce el verdadero punto de inflexión: cuando la acción reemplaza al discurso, la discusión deja de girar en torno al género y se desplaza hacia lo que realmente importa. Ya no quién ocupa el espacio, sino cómo lo ejerce.
Porque insistir en la validación constante desde la identidad puede, paradójicamente, mantener a la mujer dentro del mismo marco del que históricamente ha buscado salir. Mientras que el mérito, el carácter y la solidez en el ejercicio del poder tienen un efecto distinto: desbordan esa discusión y la vuelven innecesaria.
Porque, en el fondo, la pregunta es más exigente: ¿queremos una política que represente identidades o una política que resuelva problemas? ¿Buscamos símbolos o liderazgos? ¿Cuotas o capacidades?
En este punto, candidaturas como la de Paloma Valencia resultan particularmente relevantes, no solo por lo que representan en el escenario electoral, sino por el tipo de discusión que obligan a abrir. Su hoja de vida, Abogada de formación, con trayectoria en el Congreso de la República y una presencia sostenida en el debate público nacional, su carrera política se ha desarrollado a través de varios periodos como senadora, con participación en comisiones constitucionales y un papel activo en debates de control político, asuntos institucionales y reformas de justicia, la ubican en un escenario político valorables.
Su recorrido no ha estado exento de controversias, pero precisamente en ese escenario ha consolidado un rasgo que resulta central para el análisis: la consistencia en la defensa de sus posiciones y la disposición a sostenerlas en contextos adversos. Esa trayectoria, más allá de afinidades, permite ubicar su candidatura dentro de una lógica de ejercicio político basada en la visibilidad, la argumentación y la confrontación de ideas.
Quizás podremos observar que Su figura incomoda ciertos marcos preestablecidos precisamente porque no encaja de forma automática en una única lectura sobre lo que significa ser mujer en política. Y esa incomodidad, lejos de ser un problema, es una oportunidad: la de ampliar el debate más allá de categorías reductivas.
Pero el alcance de esta discusión no se limita al presente. Se proyecta, inevitablemente, hacia el futuro. ¿Qué tipo de referentes estamos construyendo para las nuevas generaciones de mujeres que aspiran a participar en lo público? ¿Referentes definidos por la adhesión a discursos preestablecidos, o referentes que encarnen la posibilidad real de pensar con independencia, de asumir posturas propias y de ejercer el poder desde la convicción?
Porque el impacto de estas discusiones no se agota en una elección. Se extiende a quienes hoy observan la política como un espacio posible, pero también exigente. A jóvenes que no solo buscan participar, sino hacerlo sin renunciar a su individualidad.
Tal vez el problema nunca fue la falta de espacio, sino la forma en que se pretende ocuparlo.
En ese sentido, el verdadero valor de una figura pública no radica en su capacidad de encajar, sino en su capacidad de ampliar el espacio para otros. En demostrar que la participación política no exige uniformidad, sino criterio; no exige alineación automática, sino carácter.
Colombia, como muchas democracias contemporáneas, enfrenta hoy el reto de trascender discusiones que, aunque necesarias en su momento, resultan insuficientes frente a la complejidad actual, y es allí donde deberíamos enmarcar todo el debate político, en que más allá del género, lo esencial, son las ideas, son los méritos. Es necesario entender que La inclusión ya no puede ser el único horizonte; debe ir acompañada de una reflexión más exigente sobre la calidad de esa participación y sobre los referentes que se consolidan a partir de ella.
Tal vez el verdadero avance no consista en seguir preguntando cuántas mujeres ocupan espacios de poder, sino en cómo llegan a ellos y qué hacen con ese poder una vez lo ejercen.
En últimas, reconocer a la mujer como sujeto político pleno implica aceptar su pluralidad. Implica entender que no existe una única forma legítima de pensar, de representar o de ejercer el poder desde lo femenino. Y, sobre todo, implica asumir que la dignidad de esa representación no se agota en el género, sino que se construye en el mérito, en el carácter y en la capacidad de transformar la realidad desde la política.
Porque una democracia madura no pregunta de dónde viene una voz, sino qué propone.
Porque el poder no se dignifica por quien lo ocupa, sino por cómo se ejerce.
Y porque reducir a la mujer al género que representa es, en el fondo, otra forma de negarle la plenitud de lo que puede llegar a ser.