Una sala cargada de tensión, donde uniformes militares, mapas del territorio y cifras de criminalidad marcaban el tono del encuentro, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, habló sin rodeos. Su voz no fue la de un discurso protocolario, sino la de una advertencia directa sobre lo que según él se está desbordando en el departamento y en buena parte del país.
“Para mí la paz total es un fracaso y nos ha hecho mucho daño”, soltó, con la contundencia de quien sabe que sus palabras no pasarán desapercibidas.
La escena se dio tras un consejo de seguridad en el que participaron altos mandos de la Fuerza Pública: la Décima Brigada, la Primera División del Ejército y delegados del GAULA nacional. Más que una reunión técnica, fue una especie de diagnóstico colectivo sobre una realidad que, en palabras del mandatario, ya no admite matices.
Un país en alerta, una región bajo presión
El gobernador no habló únicamente de La Guajira. Su relato fue más amplio, casi como un recorrido por un mapa de conflictos recientes en Colombia. Mencionó lo que ocurre en el sur de Bolívar, las crisis recurrentes en el Chocó con múltiples paros armados y el crecimiento de la extorsión en ciudades como Barranquilla, tema que incluso ha sido denunciado por su alcalde, Alejandro Char.
Para Aguilar Deluque, lo que sucede en su departamento no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que golpea con especial fuerza a la región Caribe. “Es una situación sin precedentes”, insistió.
La fractura de una política
En el centro de su crítica aparece la política de Paz Total, una de las banderas del gobierno nacional. Según el gobernador, el problema no radica únicamente en su concepción, sino en sus efectos prácticos.
A su juicio, mientras se avanzaba en diálogos con grupos armados, se debilitó la capacidad operativa de los organismos de inteligencia. Ese “vacío”, como lo describió, habría sido aprovechado por estructuras criminales para reorganizarse, fortalecerse y expandirse, especialmente en territorios vulnerables. “No son palabras mías”, aclaró, al señalar que incluso desde el propio Gobierno Nacional se han reconocido dificultades en la implementación de esta política.
Jóvenes en la línea de fuego
Pero más allá de los debates políticos, lo que realmente preocupa al mandatario tiene rostro y edad. Jóvenes entre 20 y 25 años que, según sus palabras, hoy se están matando entre sí por el control del territorio, por el narcotráfico o por economías ilegales que se han infiltrado en los barrios.
La imagen es cruda: muchachos que hace poco estaban en aulas o canchas deportivas, ahora convertidos en piezas de estructuras criminales. “Los grupos llegaron a los barrios, captaron a los jóvenes, les vendieron falsas expectativas”, dijo, con un tono que mezclaba preocupación y urgencia.
Para Aguilar, el problema no es solo de seguridad, sino también social. La violencia —advierte— no se combate únicamente con operativos, sino con oportunidades reales.
La respuesta: más fuerza pública y acción rápida
Ante este panorama, el gobernador anunció una serie de medidas que buscan contener la escalada de violencia. Entre ellas, la llegada de un GAULA élite que ya opera en municipios clave como Riohacha y Uribia, el refuerzo de la Policía con 60 nuevas unidades en zonas como Maicao y Manaure, y el compromiso de establecer un escuadrón móvil permanente en las vías del departamento.
Además, destacó la articulación con el Ministerio de Defensa Nacional y la cúpula militar, a quienes reconoció su disposición para actuar, aunque insistió en que las respuestas deben ser más rápidas. “No pueden demorarse las órdenes de captura, no pueden demorarse los allanamientos”, enfatizó.
El reto institucional
En su intervención también hubo espacio para reconocer el papel de otras entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, especialmente por la emisión de alertas tempranas que advierten sobre los riesgos en el territorio.
Sin embargo, el llamado fue claro: la lucha contra la violencia requiere una respuesta articulada, rápida y sostenida.
Entre la seguridad y lo social
A pesar del tono crítico, el gobernador insistió en que la solución no puede limitarse a la fuerza. Recordó experiencias pasadas, como cuando siendo funcionario distrital se lograron más de 60 días sin homicidios en Riohacha, gracias a una combinación de acciones institucionales y trabajo comunitario.
Hoy, dice, el desafío es mayor, pero la fórmula sigue siendo similar: llegar a los jóvenes antes que la violencia.
Para ello, destacó inversiones en deporte, infraestructura y programas de emprendimiento, aunque reconoció que aún no es suficiente. “Hay que avanzar más rápido”, repitió varias veces.
Infraestructura estratégica bajo amenaza
Otro de los puntos críticos abordados fue la seguridad en la infraestructura férrea, especialmente la relacionada con la operación de Cerrejón. Según explicó, se implementará vigilancia aérea permanente con apoyo de un helicóptero y unidades investigativas, tras recientes afectaciones en la línea férrea.
Los ataques, aún bajo investigación, encendieron las alarmas por su impacto no solo económico, sino también social en la región.
Una advertencia final
La intervención del gobernador cerró con un mensaje que resume el momento que atraviesa el departamento: la necesidad urgente de replantear estrategias, acelerar respuestas y evitar que la violencia siga ganando terreno. “Lo que estamos viviendo es una jornada difícil”, dijo.
En La Guajira y en buena parte del país la sensación es que el tiempo corre más rápido que las soluciones. Y mientras tanto, en los barrios, en las calles y en las fronteras invisibles del territorio, la disputa continúa, muchas veces protagonizada por quienes apenas comienzan a vivir.