En las calles de Dibulla, La Guajira, donde el mar Caribe se encuentra con las montañas de la Sierra Nevada, terminó la carrera criminal de Carlos Alberto Pérez, conocido en el mundo ilegal como alias «Calavera». Su captura, ejecutada por la Policía Nacional a través de la DIJIN e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, representa uno de los golpes más contundentes contra la estructura logística de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS).
Durante años, según las investigaciones de las autoridades, «Calavera» habría operado lejos de los reflectores, pero en una posición estratégica dentro de la organización armada. No era quien aparecía dando órdenes en los territorios ni quien encabezaba acciones violentas; su papel era aún más determinante: garantizar que nunca faltaran armas, municiones y equipos para mantener la capacidad de fuego del grupo criminal.
De acuerdo con los organismos de inteligencia, Pérez era el principal responsable de la consecución de material bélico e intendencia para las ACS. Para cumplir esa misión habría tejido una compleja red transfronteriza que le permitía adquirir armamento en los estados venezolanos de Táchira y Zulia, desde donde posteriormente ingresaba a territorio colombiano para fortalecer el aparato armado de la organización.
Las autoridades también investigan su presunta participación en el desvío de municiones provenientes de las Fuerzas Militares, una línea investigativa que podría revelar nuevos alcances de la red criminal que lideraba. Según el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, alias «Calavera» era una pieza clave en la logística armada del grupo delincuencial.
Dentro de las ACS, el capturado gozaba de la confianza absoluta de alias «Nain» o «Bendito Menor», señalado cabecilla del frente «Javier Cáceres». Esa cercanía le permitió ocupar una posición privilegiada en la estructura criminal y participar en decisiones relacionadas con el fortalecimiento militar de la organización. Además, su nombre aparece vinculado en investigaciones relacionadas con homicidios y otros delitos cometidos en la región Caribe.
Las cifras que manejan los investigadores reflejan la magnitud de su presunta actividad criminal. Bajo su coordinación, habrían sido adquiridos cerca de 25.000 cartuchos de diferentes calibres, una cantidad suficiente para incrementar significativamente el poder de fuego de las ACS y facilitar la ejecución de delitos de alto impacto en varios departamentos del norte del país.
Tras su captura, alias «Calavera» fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento realizado por las autoridades. Ahora deberá enfrentar el proceso judicial en el que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y explosivos.
Con la caída de quien era considerado uno de los principales abastecedores de armamento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, las autoridades buscan debilitar una de las líneas más sensibles de esta organización: la capacidad de conseguir armas y municiones para sostener sus actividades criminales en la región Caribe. Mientras avanza el proceso judicial, la captura de «Calavera» se convierte en un nuevo capítulo de la ofensiva estatal contra las estructuras armadas que continúan disputándose el control territorial en el norte del país.