El murmullo solemne que habitaba el recinto de la Honorable Asamblea Departamental de La Guajira cedió paso a un aplauso cerrado, caluroso y prolongado.
No era para menos. En el centro del recinto, con la sobriedad que otorga el peso de los años y el deber cumplido, el destacado abogado Limbano Segundo Díaz Pimienta recibía la Medalla Luis Antonio Robles Suárez, la máxima exaltación a la dignidad, la inteligencia y el servicio público de la península.
Recibir una distinción que lleva el nombre del ‘El Negro Robles’ no es un trámite protocolario cualquiera; es el eco de una historia de superación que en Limbano Díaz encuentra un reflejo casi especular.

Los orígenes: barro, yotojoro y convicción
Para entender el valor de este homenaje hay que retroceder hasta el 30 de marzo de 1946 en Uribia. Allí, en el corazón de la capital de la entonces Comisaría Especial de La Guajira, nació Limbano en el seno de una familia humilde, bajo un techo de yotojoro y entre paredes de barro.
Fue en las aulas de la escuela pública de su pueblo donde comenzó a forjar la disciplina que más tarde lo llevaría al Liceo Nacional Padilla de Riohacha y, posteriormente, a las frías aulas de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. El 13 de marzo de 1971 obtuvo el título de abogado, pero jamás olvidó el polvo ni la dignidad de la tierra que lo vio nacer.
«La toga no borra las raíces; las honra», ha sido la premisa silenciosa de un hombre que hizo de la ley un instrumento de equidad para los más vulnerables, especialmente para las comunidades originarias Wayuu, de las cuales fue siempre un defensor e interlocutor natural.
Una huella imborrable en la justicia y la vida pública
Apenas dos meses después de graduarse, el 26 de mayo de 1971, inició una intachable carrera judicial como Juez Promiscuo Municipal de San Juan del Cesar. Con los años, su rectitud lo llevó a recorrer los estrados como Juez Civil Municipal, Juez del Circuito, Magistrado encargado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y Conjuez por más de una década.
Pero su vocación de servicio no se detuvo en los despachos judiciales: Gestión Pública y Buen Gobierno: Ocupó la Alcaldía de Riohacha en los años ochenta, la Gobernación de La Guajira en calidad de encargado, y diversas Secretarías departamentales (Gobierno, Hacienda y Desarrollo Comunitario).
Defensa Institucional y Moralización: Como Procurador Departamental entre 1991 y 1993, transformó el control disciplinario en el departamento, ganándose el reconocimiento por escrito del entonces Procurador General, Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
Voz de los vulnerables: Durante más de 15 años ejerció como Defensor Público, asegurando que el derecho a la defensa no fuera un privilegio de pocos, sino una garantía para los necesitados.
Su legado no solo quedó inscrito en decretos y sentencias, sino en el seno de su propio hogar. Una de sus hijas, siguiendo sus pasos, se graduó también en el Externado y hoy ocupa altos cargos en la Rama Judicial, perpetuando el amor por el Derecho que se respiró siempre en su casa.

El tributo a un legado vivo
Este merecido reconocimiento en la Asamblea Departamental llega tras una serie de distinciones académicas y gremiales que han reafirmado su estatura moral. Apenas en octubre de 2025, el Colegio de Abogados de Riohacha lo incorporó como Miembro de Honor, tras haber recibido el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos otorgado por el Instituto Socrático Americano y la Colegiación Internacional de Abogados.
Al prenderse la Medalla Luis Antonio Robles Suárez sobre su pecho, la Asamblea de La Guajira no solo condecoró a un jurista intachable, a un exalcalde o a un exmagistrado.
Condecoró la vida de aquel niño que salió de una casa de yotojoro en Uribia con el sueño de defender la justicia, y que terminó convirtiéndose en uno de los pilares éticos e institucionales más sólidos de la historia contemporánea de La Guajira


