Por Mosises Carreño
En #LaGuajira estamos acostumbrados a cargar con etiquetas que casi siempre construyen otros desde afuera, corrupción, abandono, ilegalidad, atraso. Cada vez que estalla un escándalo, pareciera que el departamento entero termina sentado en el banquillo de los acusados.
Por eso no es un asunto menor que se diga que la Universidad de La Guajira es una “fachada” para cometer delitos, ni que se usen expresiones que terminan estigmatizando a su rector. Menos aún cuando se trata de una institución pública que, durante años, ha dado resultados concretos y verificables.
Los datos hablan por sí solos. Desde 2009, la Uniguajira pasó de cerca de 6.500 a 17.125 estudiantes y de 15 a 29 programas profesionales; hoy ofrece nueve maestrías propias y dos doctorados; multiplicó sus grupos de investigación de 7 a 56 y duplicó su infraestructura. En 2024, además, obtuvo por primera vez la Acreditación Institucional en Alta Calidad y siendo justos, a todo señor, todo honor, estos logros coinciden con el periodo de rectoría de Robles Julio, por lo que merece ser reconocido por estos grandes avances educativos.
¿Dan estos resultados licencia a la Universidad, a sus directivos o a su rector para estar por encima de la ley? Por supuesto que no. Nadie lo está. Pero esos logros tampoco pueden borrarse de un plumazo por cuenta de un titular.
Celebro que el presidente Abelardo De La Espriella muestre firmeza frente a la corrupción y las organizaciones criminales. Precisamente por eso, hay otras preguntas que también merecen toda la berraquera del Estado:
– ¿Qué pasó con las regalías, principalmente las del carbón y del gas que La Guajira recibió durante tantos años?
– ¿Qué pasó con los recursos destinados a resolver el histórico problema del agua?
– ¿Qué pasó con la represa del ranchería?
– ¿Cuánto dinero llegó?
– ¿En qué se invirtió?
– ¿Cuánto se ejecutó?
– ¿Qué obras se hicieron y qué proyectos fracasaron?
– ¿Quién respondió cuando la plata no llegó a donde debía?
Si de verdad queremos combatir la corrupción y la criminalidad, investiguemos todo y que no sea solo la Fiscalía, también la Procuraduría, la Contraloría y los demás organismos de control, cada uno dentro de sus competencias. Que cumplan el mandato constitucional y legal para el que fueron creados y no terminen convertidos en simples adornos institucionales a la hora de vigilar los recursos públicos de los guajiros.
La Guajira necesita investigaciones, pero también necesita resultados y necesita reconocer lo que sí funciona, como la Universidad de La Guajira, una institución pública que ha crecido de manera sostenida en un departamento donde la inestabilidad política, la pobreza y la falta de agua, energía y servicios básicos han sido una constante. Tiene estudiantes, profesores, investigadores, programas académicos, infraestructura, una acreditación de alta calidad y una gran gestión de su actual rector; nada de eso desaparece por señalamientos o investigaciones a uno de sus directivos.
Los guajiros, además de padecer problemas históricos, solemos cargar con el estigma. El escándalo de la UNGRD es un ejemplo patético, un caso de corrupción de alcance nacional que terminó dejando sobre nuestra región el peso de la sospecha y la mala fama. Los guajiros no tenemos por qué pagar los platos que otros rompieron.
El rector Carlos Arturo Robles Julio como cualquier ciudadano, está sometido a la ley colombiana. Si hay motivos para investigarlo, que las autoridades lo hagan con todo rigor, todas las garantías y que se decida lo que en derecho corresponda, sin convertir la investigación en condena, ni el señalamiento en sentencia; las actuaciones de una persona no convierten automáticamente a una universidad en una “fachada”.
Una precisión, “Kaloy” no es un alias, es el sobrenombre que Carlos Arturo Robles Julio lleva desde niño en su natal Manaure, La Guajira, tierra donde los apodos hacen parte de la vida cotidiana. Kaloy viene de Carlos; así de simple, presentarlo como si se hubiera descubierto un secreto, es inflar la información y eso le resta seriedad y credibilidad a quien informa.
Que se investigue lo que haya que investigar y se juzgue lo que deba juzgarse, pero con rigor y objetividad, sin inventar historias ni dañar la imagen de la Universidad de La Guajira, el principal centro de educación superior del departamento y mucho menos que se convierta en un botín político-burocrático.
Los guajiros como colombianos y ciudadanos, tenemos derecho a exigir que nuestros recursos públicos se administren con transparencia, sean vigilados por los organismos de control y se destinen a mejorar la vida de nuestra gente.
La actual universidad pública y de alta calidad es patrimonio de los guajiros, también lo son, defender su buen nombre, su dignidad y sus instituciones.»