0

Durante una reciente sesión en el recinto de la Asamblea Departamental Luis Robles Suárez, el diputado Olimpo Núñez de Armas, perteneciente al partido MAIS, puso sobre la mesa un debate de vital trascendencia para el futuro económico, social y ambiental del departamento: una radiografía profunda sobre la situación actual de la empresa Cerrejón y el inminente plan de cierre del complejo carbonífero más grande del país.

Un proceso hermético frente a una realidad inminente

El diputado Núñez de Armas alertó a la corporación sobre la falta de claridad y el marcado hermetismo con el que se está manejando el proceso de desmonte de la operación minera. 

Según señaló, las discusiones sobre el futuro del complejo se han mantenido en un círculo cerrado entre la compañía multinacional y el Gobierno Nacional, excluyendo a los verdaderos protagonistas de este territorio: los guajiros. “Se viene hablando en la calle, es más que eso, pero internamente este es un tema que están tratando muy cerrado. ¿Quién lo está tratando? La empresa y el Gobierno Nacional. ¿Y los guajiros, qué? Que son los protagonistas y los que están en este territorio,» expresó con vehemencia el asambleísta.

Las proyecciones apuntan a la finalización de las operaciones hacia la próxima década (2034), un horizonte temporal que, en palabras del diputado, avanza con demasiada rapidez frente a la escasa preparación institucional y social de la región.

Marco normativo y exigencias jurídicas. 

La planeación del cierre exige hoy un rigor técnico y jurídico superior, amparado por normativas nacionales clave como la Ley 2200 de 2022, la Resolución 2824 del 2025 del Ministerio de Minas y Energía, y marcos de referencia recientes como el Decreto 0742 de 2026. Estas disposiciones establecen que la restauración ambiental, el desmantelamiento adecuado de la infraestructura y la estabilidad física y química del suelo deben ser pilares fundamentales e ineludibles en la gestión de los proyectos mineros al término de su vida útil.

Sin embargo, el panorama normativo contrasta con la incertidumbre operativa sobre cómo se están ejecutando estos lineamientos en el terreno.

Impacto en la fuerza laboral y pasivos en salud

Uno de los puntos más críticos expuestos por el diputado gira en torno al componente humano y laboral. Cerrejón cuenta actualmente con una robusta fuerza laboral que supera las 12.000 personas entre empleados directos y contratistas: Empleados directos: Alrededor de 5.300 a 5.400 trabajadores vinculados formalmente a la compañía.Trabajadores indirectos y contratistas: Cerca de 4.500 a 7.000 personas que laboran a través de empresas dedicadas al soporte operativo y logístico de la mina.

Ante el cierre progresivo, surge una gran incógnita sobre el futuro económico de estas familias. Asimismo, Núñez de Armas visibilizó una dolorosa problemática de salud pública que suele quedar en el tintero: “Y qué vamos a hacer con las casi 2.000 personas que salen con muchas enfermedades del carbón?», cuestionó, advirtiendo sobre las secuelas médicas con las que extrabajadores abandonan la operación tras años de servicio.

Regalías, municipios afectados y la voz de los trabajadores

El impacto del cierre no recae únicamente sobre los operarios, sino también sobre la estabilidad fiscal de los municipios que históricamente han percibido importantes recursos por regalías. 

Localidades como Maicao, Uribia, Barrancas, Hatonuevo y demás municipios pertenecientes a la zona de influencia verán sacudidas sus finanzas locales si no se anticipa una diversificación económica efectiva.

Frente a este escenario, la Asamblea Departamental de La Guajira determinó que no puede permanecer pasiva. En el año 2024, la corporación había abierto este diálogo con la entonces presidenta de la compañía, Claudia Bejarano. Hoy, bajo la dirección del nuevo presidente de la empresa, Edgar Alfonso, la duma departamental prepara citaciones formales para exigir respuestas claras.

Asimismo, se prevé la vinculación activa de los actores sindicales, destacando el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), para estructurar un frente común de veeduría y defensa de los derechos de los trabajadores.

Convocatoria y próximos pasos en la Asamblea

Para dar un carácter formal y resolutivo a estas inquietudes, el diputado Olimpo Núñez anunció que presentará una proposición formal ante la plenaria para citar a las directivas de Cerrejón, a los representantes del Gobierno Departamental, a los alcaldes de los municipios productores y a las agremiaciones sindicales.

La meta es clara: transformar las especulaciones de la calle en una agenda pública transparente que garantice que La Guajira sepa con exactitud hacia dónde va, cómo va a quedar el territorio y cuáles serán las garantías reales de sostenibilidad social, económica y ambiental para las futuras generaciones de guajiros.