El Ministerio de Justicia y del Derecho destacó el avance del proyecto de ley que fortalece la política estatal para garantizar el orden público y establece nuevas herramientas para el sometimiento a la justicia de actores armados ilegales y estructuras criminales, tras surtir su primer debate en sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. 

La iniciativa busca consolidar un marco jurídico que permita el desmantelamiento efectivo de organizaciones criminales, fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios, garantizar los derechos de las víctimas y promover procesos de sometimiento bajo condiciones estrictas, con control judicial y sin suspender las funciones de la Fuerza Pública ni la acción de la justicia. 

Durante el debate, el ministro de Justicia y del Derecho, *Iván Cancino González*, reiteró que el proyecto representa una herramienta para fortalecer la institucionalidad y enfrentar de manera más efectiva las amenazas contra la seguridad y la convivencia ciudadana. 

“Este proyecto no busca conceder impunidad ni beneficios automáticos. Lo que propone es una ruta clara para que quienes decidan abandonar la ilegalidad se sometan a la Constitución y a la ley, aporten verdad, reparen a las víctimas, entreguen los bienes ilícitos y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales. Es una iniciativa para fortalecer el Estado, proteger a los ciudadanos y recuperar los territorios afectados por la violencia”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia.

El articulado establece condiciones rigurosas para acceder a los beneficios contemplados en la propuesta, entre ellas la dejación de armas, la liberación de personas secuestradas, la entrega de menores reclutados, el aporte efectivo a la verdad, la reparación de las víctimas y la entrega de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. Asimismo, contempla medidas para fortalecer la judicialización, debilitar las economías criminales y promover intervenciones integrales en los territorios más afectados por la violencia. 

Tras este primer debate, el proyecto continuará su trámite legislativo en el Congreso de la República, donde el Ministerio de Justicia y del Derecho seguirá impulsando una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en la recuperación de los territorios para la legalidad y la convivencia.