- Más de $212.576 millones recaudados entre 2022 y 2025, videos grabados hoy durante un fuerte aguacero y una comunidad que exige saber dónde se están invirtiendo los recursos.
Por: Luis Horgelys Brito Ariza
Hay situaciones que no pueden seguir pasando inadvertidas, especialmente cuando se trata de una institución pública que representa la esperanza de miles de ciudadanos que acuden a ella en busca de atención médica y, en muchas ocasiones, de una oportunidad para conservar su vida.
Hoy, 20 de octubre de 2026, se presentó un fuerte aguacero en el municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira.Durante esta misma jornada fueron grabados dos videos en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, los cuales comenzaron a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp, generando preocupación e indignación ciudadana.
En las grabaciones, realizadas precisamente durante el día de hoy, se observan pisos mojados, presencia de agua y condiciones preocupantes en áreas de circulación y corredores del sector identificado como hospitalización.
Resulta verdaderamente lamentable que, en medio de un fuerte aguacero, las instalaciones de una institución hospitalaria sean escenario de situaciones como las registradas en estas imágenes.
Es necesario que la administración explique si el agua ingresó como consecuencia de filtraciones en las cubiertas, deficiencias en los sistemas de drenaje, problemas en las redes sanitarias o cualquier otra circunstancia que deba establecerse mediante una inspección técnica.
Un fuerte aguacero es un fenómeno natural; pero garantizar que las instalaciones hospitalarias cuenten con mantenimiento, infraestructura adecuada y condiciones seguras para los pacientes es una responsabilidad institucional.
Las grabaciones no permiten determinar por sí solas las causas técnicas del problema ni atribuir responsabilidades individuales. Sin embargo, constituyen un motivo suficiente para exigir explicaciones y verificar las condiciones reales de la infraestructura.
Como sanjuanero, me da pena ajena observar estas condiciones en nuestro hospital. Me produce indignación pensar que una institución que debe representar seguridad, dignidad, calidad y bienestar para sus pacientes tenga que ser objeto de cuestionamientos ciudadanos por situaciones de esta naturaleza.
Pero lo verdaderamente preocupante no son solamente los videos grabados durante el aguacero de hoy.
Lo verdaderamente preocupante aparece cuando comenzamos a revisar cuánto dinero ha ingresado al hospital y cuáles son las inversiones en infraestructura que su propia administración reporta.
## ¿UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O UN NEGOCIO DE UNOS CUANTOS?
En San Juan del Cesar, en las calles, en los tertuliaderos, en las esquinas y en los grupos de WhatsApp, se escucha cada vez con mayor insistencia una expresión que merece una profunda reflexión:
«El Hospital San Rafael ya no parece público. Eso se volvió privado y un grupito lo tiene como una finquita para sacarle leche».
Es una expresión popular, dura e incómoda, que refleja la desconfianza de algunos sectores de la comunidad. No constituye, por sí misma, prueba de apropiación irregular de recursos ni de enriquecimiento ilícito.
Jurídicamente, el Hospital San Rafael continúa siendo una Empresa Social del Estado, una institución pública.
Pero la pregunta que surge es mucho más profunda:
¿De qué sirve que un hospital sea público en los documentos si la ciudadanía comienza a sentir que sus instalaciones, sus servicios y sus recursos están al servicio de intereses particulares?
Y esta preocupación adquiere especial relevancia cuando revisamos la respuesta oficial que la gerente, doctora María Isabel Cristina González Suárez, ratificada para el período 2024–2028, remitió el 28 de abril de 2026 a un derecho de petición que presenté el 13 de marzo del mismo año.
La gerencia informó que el servicio de imágenes diagnósticas funciona mediante una alianza estratégica con la empresa Sociedad Ayudas Diagnósticas S.A.S., mientras que los servicios de cuidados intensivos son operados por GYO Medical S.A.S., mediante un contrato de cuentas en participación.
La participación de operadores privados no es, por sí misma, ilegal. Sin embargo, los sanjuaneros tenemos derecho a conocer los beneficios económicos que generan esos contratos, cuánto reciben las empresas, cuánto ingresa efectivamente al hospital y qué obtiene la comunidad a cambio.
Porque una cosa es contratar para mejorar la prestación de los servicios y otra muy distinta sería permitir que el patrimonio público se convierta en un negocio privilegiado para intereses particulares.
Esa diferencia debe quedar demostrada con contratos, facturas, informes de supervisión y resultados verificables.
¿ LAS CIFRAS QUE LA GERENCIA DEBE EXPLICAR?
En la respuesta oficial, específicamente en el numeral séptimo, la propia administración hospitalaria informó los siguientes recaudos anuales:
Vigencia | Recaudo reportado |
| 2022 | $38.904.020.906 |
| 2023 | $42.675.627.975 |
| 2024 | $54.431.450.320 |
| 2025 | $76.565.355.088 |
| Tota | $212.576.454.289 |
¡Más de 212 mil millones de pesos recaudados en cuatro años!
Es importante precisar que esas cifras corresponden al recaudo institucional total, no a dinero disponible exclusivamente para infraestructura. El hospital también debe financiar personal, medicamentos, insumos, equipos y demás obligaciones de funcionamiento.
No obstante, son cifras suficientemente significativas para exigir una rendición de cuentas exhaustiva.
Durante las vigencias 2024 y 2025, correspondientes al actual período gerencial, el recaudo reportado ascendió a $130.996.805.408.
Entonces, como ciudadano y veedor, pregunto:
¿Dónde está reflejado ese recaudo en la calidad de los servicios, en el mantenimiento de las instalaciones y en las condiciones que encuentran diariamente los pacientes?
¿Cuánto se ha destinado efectivamente al mantenimiento preventivo de cubiertas, desagües, redes sanitarias y pasillos? ¿Qué controles se han realizado para evitar situaciones como las observadas en los videos?
Porque recaudar miles de millones es una cosa. Administrarlos eficientemente, garantizar resultados y responder ante la comunidad es otra.
¿CUÁNTO SE HA INVERTIDO REALMENTE EN INFRAESTRUCTURA?
El numeral 17 de la respuesta oficial de la gerente contiene una relación de inversiones en infraestructura hospitalaria:
| Vigencia | Inversiones reportadas |
| 2023 | $158.567.329 |
| 2024 | $144.610.058 |
| 2025 | $1.505.108.426 |
| 2026, según respuesta de abril | $50.061.744 |
| Total reportado $1.858.347.557|
Estas inversiones comprenden distintos establecimientos y áreas de la E.S.E., no exclusivamente la sede principal. Además, los datos de 2026 son parciales y corresponden a lo informado hasta la fecha de la respuesta.
Un dato merece especial atención: durante 2024 y 2025 se reportaron inversiones en infraestructura por $1.649.718.484, equivalentes aproximadamente al 1,26 % del recaudo de esas dos vigencias.
Esta comparación no demuestra desviación de recursos, pues recaudo e inversión física son categorías presupuestales diferentes. Pero sí justifica una pregunta que considero fundamental:
¿Es suficiente lo destinado al mejoramiento físico de la institución frente a sus necesidades reales y al volumen de recursos que administra?
El detalle de 2025 también merece examen. De los $1.505 millones informados, aproximadamente $1.387 millones corresponden a proyectos en los puestos de salud de Corral de Piedra, Cañaverales, El Hatico de los Indios y Los Haticos.
Esas inversiones son importantes y necesarias para nuestras comunidades rurales.
Sin embargo, ¿qué está ocurriendo con las necesidades prioritarias de la sede hospitalaria principal de San Juan del Cesar?
¿Dónde están los diagnósticos técnicos de su infraestructura? ¿Cuánto cuesta corregir las deficiencias que puedan existir? ¿Qué mantenimiento preventivo se ha realizado y qué garantías tienen las obras ejecutadas?
Y hay otro dato que llama la atención.
Para 2026, la respuesta reportó
$23.890.318 para adecuaciones del quirófano número tres y $26.171.426 para la construcción y adecuación de una oficina administrativa.
No afirmo que esas obras sean innecesarias. Lo que cuestiono son las prioridades institucionales frente a las condiciones que debe garantizar un establecimiento hospitalario.
Si existen recursos para adecuar oficinas administrativas, también debe existir una planificación seria, verificable y prioritaria para proteger las áreas por donde circulan pacientes, familiares y trabajadores.
Los sanjuaneros necesitamos conocer las actas de ejecución, los informes de interventoría, las fuentes de financiación y las evidencias materiales de cada una de esas inversiones.
No basta presentar una tabla con cantidades de dinero. Hay que demostrar las obras, su calidad, su utilidad y el beneficio que efectivamente recibe la comunidad.
¿QUIÉNES ESTÁN HACIENDO NEGOCIO CON EL HOSPITAL?
No podemos seguir tratando el manejo de los recursos públicos como si fuera un asunto reservado exclusivamente a quienes ocupan cargos administrativos.
La respuesta oficial informa que, dentro del contrato de cuentas en participación relacionado con los servicios de cuidados intensivos, se pactó a favor del hospital una participación del 8 % de la facturación neta del operador y una compensación mensual de $6.000.000 por las áreas físicas utilizadas, sujeta a las actualizaciones contractuales.
Para el servicio de imágenes diagnósticas también se establecieron porcentajes de participación y una compensación mensual por uso de espacios físicos.
Todo esto abre interrogantes legítimos:
¿Cuánto han facturado realmente esos operadores privados? ¿Cuánto dinero han pagado al hospital? ¿Se han cumplido íntegramente las obligaciones contractuales? ¿Cuál es el beneficio económico real que obtiene la institución pública?
Y más importante todavía:
¿Quién vigila estos negocios, quién controla sus resultados y quién verifica que los recursos y bienes públicos estén siendo utilizados en beneficio de la comunidad y no de intereses particulares?
No pretendo afirmar, sin pruebas, que exista un grupo de personas enriqueciéndose ilícitamente. Precisamente por eso reclamo una revisión seria, independiente y documentada.
Si los negocios son legales, convenientes, transparentes y beneficiosos, que se demuestre públicamente.
Pero si existen irregularidades, conflictos de intereses, incumplimientos contractuales o afectaciones al patrimonio público, que se investiguen y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El hospital no puede ser la finca de nadie. No puede convertirse en una vaca lechera para unos pocos. Su razón de existir es atender a la población, no garantizar negocios particulares.
SEÑORA GERENTE: SAN JUAN DEL CESAR MERECE EXPLICACIONES
Doctora María Isabel Cristina González Suárez:
La comunidad merece una explicación clara sobre las condiciones que aparecen en los videos.
Resulta indispensable establecer qué sucedió, cuáles fueron las causas de la presencia de agua, qué dependencias resultaron afectadas, cuáles medidas correctivas se adoptaron y qué mantenimiento se había realizado previamente.
También es necesario identificar las inversiones que efectivamente corresponden a las instalaciones del hospital principal y diferenciarlas de las ejecutadas en los puestos de salud.
No se trata de desconocer los esfuerzos institucionales ni de descalificar al personal médico y asistencial. Por el contrario, los trabajadores de la salud y los pacientes merecen instalaciones seguras, limpias y adecuadas.
Un hospital no se administra únicamente con balances financieros, cifras de recaudo y discursos de rendición de cuentas. Se administra demostrando resultados.
Y los resultados deben sentirse donde más importan: en la atención de los pacientes, en la calidad de los servicios y en la dignidad de las instalaciones.
UN LLAMADO AL TIGRE: ¡QUE LE PONGAN EL OJO AL HOSPITAL SAN RAFAEL!
Quiero dirigir un llamado público al presidente de la república de Colombia , Abelardo de la Espriella, «El Tigre», y a las autoridades nacionales responsables de proteger el patrimonio público.
Señor De la Espriella:
Usted ha construido parte de su discurso público alrededor de la lucha contra la delincuencia, la corrupción y la defensa del orden institucional.
Pues bien: ¡que ese llamado contra la vagabundería y los delincuentes también sirva para exigir vigilancia sobre los recursos públicos en San Juan del Cesar, La Guajira!
Solicito que las autoridades competentes, respetando sus atribuciones constitucionales, promuevan una revisión rigurosa de la administración de los recursos públicos, de la contratación con operadores privados y del estado de la infraestructura de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.
Que se examine cuánto dinero ha ingresado, cómo se ha gastado, qué se ha contratado, qué obras se han entregado y quiénes han resultado beneficiarios de los contratos.
Que se determine si existe alguna irregularidad que comprometa el erario, el tesoro público o los derechos de los usuarios.
Proteger el patrimonio público también significa impedir que los recursos destinados a la salud terminen beneficiando indebidamente a particulares.
No estamos solicitando condenas anticipadas ni persecuciones personales. Estamos reclamando transparencia, vigilancia, resultados y, cuando haya mérito, investigaciones y sanciones con todas las garantías legales.
SANJUANEROS: ¡EL SILENCIO NO PUEDE SEGUIR SIENDO NUESTRA RESPUESTA!
Invito a todos los sanjuaneros, a los líderes sociales, a las organizaciones comunitarias, a los periodistas, a los usuarios del hospital y a los ciudadanos que verdaderamente desean defender lo público a que compartan esta columna.
Compártanla, debátanla y etiqueten a Abelardo de la Espriella, «El Tigre».
Que conozca las inquietudes de nuestra comunidad. Que las autoridades de vigilancia y control examinen los documentos y verifiquen las condiciones de la institución.
También hago un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Contraloría competente y a los demás organismos de control para que, dentro de sus atribuciones, atiendan estos cuestionamientos.
El Hospital San Rafael no pertenece a una gerente, a un contratista, a un grupo político ni a un supuesto colectivo de privilegiados.
EL HOSPITAL SAN RAFAEL ES PATRIMONIO PÚBLICO Y DEBE ESTAR AL SERVICIO DE LOS SANJUANEROS.
Quienes administran sus recursos tienen la obligación de rendir cuentas. Quienes contratan con él deben cumplir sus obligaciones. Y quienes ejercemos veeduría ciudadana tenemos el derecho y el deber de hacer las preguntas que otros prefieren callar.
No podemos normalizar que una institución recaude miles de millones de pesos mientras sus condiciones físicas generan preocupación y cuestionamientos públicos.
No queremos un hospital convertido en una finquita para sacarle leche. Queremos un hospital público, digno, transparente, eficiente y al servicio de su gente.
Porque la salud de los sanjuaneros no es un negocio cualquiera.
¡CON LA SALUD NO SE JUEGA, EL PATRIMONIO PÚBLICO SE RESPETA Y LOS RECURSOS DEL PUEBLO SE DEFIENDEN!