Un hecho que ha generado conmoción en el ámbito judicial y académico de La Guajira Carlos Arturo Robles, rector de la Universidad de La Guajira, informó a la opinión pública que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal séptimo especializado en Antinarcóticos y Lavado de Activos, Rafael Francisco Rojas Orcasitas, y el ciudadano Eddie José Gnecco, por presuntos delitos de extorsión, persecución y uso indebido de instituciones del Estado con fines particulares.
Según lo relatado por Robles en un comunicado difundido este sábado, los hechos se originaron tras su negativa a participar en lo que calificó como un intento de soborno relacionado con la compra de un lote para la Universidad de La Guajira, que se pretendía adquirir por un valor muy superior a su avalúo real. El rector aseguró que esta transacción hubiese representado un claro detrimento patrimonial para el ente universitario.
Tras oponerse a dicha negociación, Robles denuncia haber sido víctima de amenazas, presiones y una campaña de persecución en su contra, que habría incluido la indebida vinculación de su nombre a actividades ilícitas, culminando en un allanamiento a su residencia el pasado viernes 26 de septiembre de 2025, procedimiento que, asegura, se realizó bajo acusaciones infundadas y perturbando la tranquilidad de su familia.
“Me he negado de manera categórica a cualquier tipo de soborno o negociación ilegal y lo seguiré haciendo, a pesar de las presiones”, enfatizó Robles, al tiempo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación que las investigaciones se adelanten con celeridad e imparcialidad, para esclarecer los hechos y proteger su integridad y buen nombre.
El rector también expresó su disposición plena a comparecer ante las autoridades competentes, con el objetivo de demostrar su inocencia y presentar las pruebas que, según indicó, desvirtúan cualquier señalamiento en su contra.
Este caso, que involucra a un fiscal especializado, pone nuevamente bajo la lupa la transparencia en la administración de justicia y el uso de las instituciones estatales, y podría derivar en nuevas investigaciones al interior del ente acusador.