Por: Emmanuel Rangel Redondo
La Guajira, un departamento de enormes riquezas culturales, ambientales y humanas, también ha vivido décadas de profundas desigualdades, conflictos por el acceso a servicios básicos y una política marcada por estructuras tradicionales de poder. Con el paso del tiempo, estas dinámicas han consolidado lo que muchas personas llaman “clanes políticos”: familias o grupos de poder que, a través de prácticas clientelistas y redes de influencia, han mantenido el control de la toma de decisiones y de la representación institucional.
Los clanes y la política tradicional
Los clanes políticos en La Guajira se han caracterizado por:
Monopolizar espacios de poder por generaciones, donde el acceso a cargos públicos suele repetirse dentro de un mismo grupo familiar o allegado.
Clientelismo y prebendas, con la entrega de favores, dinero o apoyos locales a cambio de respaldo político.
Debilitamiento de la participación ciudadana, especialmente juvenil y comunitaria, frente a la centralización del poder.
Estas prácticas han generado una sensación de que la política está alejada de las necesidades reales de poblaciones rurales, indígenas, campesinas y jóvenes que buscan soluciones a problemas urgentes: acceso a agua potable, educación de calidad, salud, oportunidades de empleo y participación efectiva.
Un clamor popular por renovación.
En los últimos años, se ha venido fortaleciendo un sentimiento colectivo: La Guajira necesita líderes que representen de verdad a su gente, no intereses de grupo. Este clamor no es casualidad, sino respuesta a experiencias de años donde las prioridades de comunidades han quedado a un lado frente a agendas particulares.
Diversos sectores sociales —comunidades indígenas wayuu y de otros pueblos, jóvenes, mujeres, organizaciones sociales y académicas— han empezado a proponer nombres, ideas y proyectos políticos que:
Tienen raíces comunitarias, construidos desde la base y no desde el poder.
Articulan propuestas claras en torno a problemas reales, como la crisis de agua, la educación bilingüe e intercultural, la salud pública y la protección del medio ambiente.
Promueven liderazgo juvenil, reconociendo la energía, creatividad y compromiso de jóvenes con su territorio.
Retos para elegir personas idóneas.
Para que este cambio sea real y sostenible, la sociedad guajira enfrenta varios retos:
1. Transición de clientelismo a política programática
Es fundamental que la ciudadanía deje de votar por favores o promesas superficiales y comience a apoyar programas y proyectos serios, con metas claras y vértices de evaluación pública.
2. Educación política para jóvenes y comunidades
Entender cómo funciona el Estado, cómo se presentan iniciativas legislativas o de gobierno, cómo se controla la gestión pública, fortalece la capacidad de exigir resultados y de participar de forma activa, y no solo como electores pasivos.
3. Apoyo a liderazgos comunitarios
Las comunidades ya tienen líderes —en pueblos indígenas, juntas de acción comunal, organizaciones ambientales y sociales— que conocen los problemas y han propuesto soluciones. Necesitan respaldo para dar el salto a cargos de representación con acompañamiento, capacitación y redes amplias.
4. Transparencia y rendición de cuentas
Elegir líderes competentes también implica demandar mecanismos de transparencia: plan de gobierno claro, rendición pública de cuentas periódica y evaluación de resultados. La política debe acercarse más a la gente que la elige.
Un llamado a la acción colectiva.
El futuro político de La Guajira no está escrito. La historia reciente muestra que los cambios son posibles cuando comunidades organizadas, informadas y decididas alzan su voz y actúan con conciencia crítica.
Elegir personas idóneas —no por apellido ni por la fuerza de un clan, sino por su trayectoria, compromiso y propuestas concretas— es un paso esencial para transformar las realidades locales. Eso requiere una ciudadanía activa que no solo vote, sino que también exija, participe y se forme políticamente.
La Guajira merece una política que responda a sus necesidades, reconozca su diversidad cultural y promueva el bienestar para todos sus habitantes. Ese sueño solo será posible si quienes representan a sus comunidades en cargos públicos llevan consigo las voces de esas mismas comunidades, y no los intereses de unos pocos.

