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Un esfuerzo por fortalecer la seguridad y el orden público en el municipio, el alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón González, planteó ante el Gobierno Nacional y el nuevo director de Migración Colombia la necesidad urgente de articular acciones con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
La propuesta busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que permite la expulsión del país de ciudadanos extranjeros tras cumplir sus condenas penales.
Articulación institucional y control migratorio
El mandatario local enfatizó que se han detectado múltiples casos de migrantes reincidentes en conductas delictivas. A pesar de cumplir sus penas en establecimientos penitenciarios, estos individuos retornan a las calles en lugar de ser deportados o expulsados, como lo establecen los reglamentos vigentes.
«Las personas vienen cometiendo delitos, siendo condenadas una y otra vez y volviendo nuevamente a nuestras calles. Hemos solicitado que esa importante articulación se pueda dar para expulsar a los exconvictos de nuestro país», señaló Aragón González.
Asimismo, el alcalde planteó medidas específicas para los habitantes de calle de origen extranjero que afectan la convivencia y el orden público. Se propuso su traslado y expulsión a través de diferentes puntos fronterizos y terminales aéreos o terrestres mediante convenios institucionales.
El mandatario aclaró de manera enfática que estas medidas no promueven la xenofobia ni pretenden estigmatizar a la población migratoria en general, sino enfocarse estrictamente en la persecución y prevención del delito. La iniciativa contó con el respaldo del Presidente de la República, quien reforzó el compromiso de evaluar estas estrategias de control.
Gestión de recursos para el acceso al agua
Aprovechando el encuentro con el Gobierno Nacional, el alcalde Miguel Felipe Aragón también priorizó la gestión de proyectos de infraestructura de agua potable para Maicao.
Actualmente, cursa en instancias gubernamentales un proyecto en etapa de viabilización técnica. Se espera que tras la aprobación de este proceso se aseguren los recursos financieros requeridos para garantizar el suministro del vital líquido a las comunidades del municipio.
