Un nuevo capítulo se abrió en la controversia jurídica y patrimonial por el lote San Ramón, ubicado en esta ciudad capital. Franklin Juscelino Rojas Ramírez, tío del fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas y vocero de la familia Rojas Ramírez, difundió un contundente comunicado en el que cuestiona severamente la actuación del funcionario en el marco de este prolongado litigio.
En el documento, el vocero señala al fiscal de utilizar su investidura para relacionar un predio de estricta tradición familiar con señalamientos y estigmas de narcotráfico, buscando presionar e intimidar a los miembros de la familia, a directivos de la Universidad de La Guajira y a los funcionarios judiciales encargados del caso.
Antecedentes y disputa por la titularidad
El pronunciamiento familiar se enlaza con tensiones previas reportadas en la región. Cabe recordar que en septiembre de 2025, el rector de la Universidad de Uniguajira, Carlos Arturo Robles Julio, interpuso una denuncia penal contra el propio fiscal Rojas Orcasitas y el empresario Eddie José Gnecco por presuntos hechos de extorsión, persecución y uso irregular de instituciones del Estado con fines particulares, derivado de presiones para que la institución educativa adquiriera el codiciado terreno.


De acuerdo con el reciente comunicado, la propiedad del inmueble se encuentra distribuida de la siguiente manera:
Sociedad Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S.: 52,99%
Universidad de La Guajira: 30,3046%
Rafael Rojas Orcasitas: 16,66% (porcentaje adquirido de su padre en mayo de 2023 por diez millones de pesos, una cifra cuyo total acumulado con los demás socios deja un margen pendiente de precisión).
Litigio histórico y el rol del Fiscal
La familia Rojas Ramírez enfatizó que la recuperación jurídica y material del lote fue el resultado de un desgastante proceso judicial de más de una década (Proceso No. 2013-0124, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha), financiado exclusivamente por el núcleo familiar.
Asimismo, aclararon que la participación de Rafael Francisco Rojas Orcasitas en la última diligencia de desalojo se limitó a una supuesta colaboración logística en su calidad de funcionario público, desmintiendo que él haya gestionado la restitución. Los firmantes sostienen que, tras dicha intervención, el fiscal intentó apropiarse de la posesión e imponer proyectos personales y comerciales sin autorización, llegando a exigir poderes amplios para vender el bien a terceros o a sí mismo, propuesta que fue categóricamente rechazada.
Controversias económicas y procesos judiciales en curso
El informe familiar detalla una serie de disputas económicas surgidas tras la recuperación del terreno. En una reunión llevada a cabo el 28 de noviembre de 2023, el fiscal habría alegado inversiones de 800 millones de pesos en el desalojo sin soportes válidos, además de oponerse a una división pacífica del predio e involucrar a terceros ajenos a la familia.
Adicionalmente, se expuso una compleja controversia sobre honorarios profesionales y cesiones de créditos que actualmente se ventila en el Proceso No. 11001310302620250020700 ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Garantías procesales y estado actual
Frente a los cuestionamientos sobre los desalojos, los firmantes aseguraron que los procedimientos se cumplieron con estricto apego a la ley, con intervención de inspecciones de policía y decisiones avaladas por instancias judiciales como la Corte Suprema de Justicia, negando tajantemente la existencia de desplazamientos forzados durante la diligencia. No obstante, el vocero familiar denunció que las amenazas y seguimientos posteriores lo obligaron a abandonar temporalmente su tierra natal.
Finalmente, la familia ratificó su respeto por la justicia e indicó que el proceso divisorio para poner fin formal al estado de indivisión del lote avanza de manera transparente bajo la radicación del Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Riohacha, rechazando lo que califican como un montaje judicial orientado a despojarles de su patrimonio generacional.

