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• La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales del exgobernador y ordenó dejar sin efecto el apartado que disponía su captura inmediata. La condena de 22 años de prisión continúa vigente, mientras la Corte Suprema deberá justificar nuevamente si procede su privación de la libertad antes de que el fallo quede en firme.

La historia judicial de Jorge Eduardo Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira, dio un giro que cambió su horizonte inmediato. Cuando parecía que su destino estaba ligado a los muros de la cárcel La Picota, en Bogotá, una decisión de la Corte Constitucional abrió la puerta para que recuperara la libertad y pudiera regresar a su tierra natal, mientras continúa la batalla jurídica por una condena de 22 años de prisión.

El pronunciamiento no borró los señalamientos ni puso fin al proceso penal. Tampoco significó que el exmandatario hubiera sido absuelto. Lo que hizo fue poner bajo examen la forma en que se ordenó su captura inmediata, en un momento en que la sentencia condenatoria todavía estaba pendiente de revisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión, adoptada tras estudiar una acción de tutela presentada en defensa de sus derechos fundamentales, volvió a situar en el centro del debate una pregunta esencial para la justicia colombiana: ¿puede una persona comenzar a cumplir una pena de prisión antes de que su condena quede en firme, sin que exista una justificación específica para mantenerla privada de la libertad?

Una orden de captura bajo la lupa constitucional

El origen inmediato de la controversia se remonta al 9 de abril de 2025, fecha en la que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Pérez Bernier por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

La sentencia le impuso una pena de 22 años de prisión y dispuso su captura inmediata. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de apelación, lo que mantuvo abierta la discusión judicial sobre la condena.

Fue precisamente en ese punto donde la Corte Constitucional encontró motivos para intervenir. Al revisar la tutela, el alto tribunal concluyó que la decisión de ordenar el encarcelamiento inmediato no contenía una explicación independiente y suficiente sobre la necesidad de privar de la libertad al exgobernador mientras se resolvía la apelación.

Según el análisis constitucional, la autoridad judicial se había concentrado en asuntos relacionados con la negativa de beneficios penales, sin desarrollar una motivación específica que justificara la captura anticipada.

La diferencia no era menor. Una cosa es establecer la responsabilidad penal de una persona en una sentencia de primera instancia y otra, jurídicamente distinta, explicar por qué debe permanecer detenida antes de que esa decisión adquiera firmeza.

La presunción de inocencia, en el centro de la discusión

El fallo también puso de relieve la importancia de la presunción de inocencia y del debido proceso. Aunque la legislación permite, en determinadas circunstancias, adoptar medidas privativas de la libertad antes de que una condena quede ejecutoriada, esa posibilidad no opera de manera automática.

La decisión debe estar respaldada por razones estrictas, individualizadas y suficientes, distintas de aquellas que sustentan la declaración de responsabilidad penal.

En el caso de Pérez Bernier, la Corte Constitucional cuestionó que se considerara desvirtuada la presunción de inocencia sin que la condena estuviera en firme y advirtió la necesidad de justificar específicamente la medida de encarcelamiento anticipado.

Por esa razón, amparó sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso.

La orden fue dejar sin efecto únicamente el apartado de la sentencia que disponía la captura inmediata y exigir a la Sala Especial de Primera Instancia un nuevo pronunciamiento, debidamente sustentado, dentro de un plazo máximo de 48 horas contado a partir de la notificación de la decisión constitucional.

La medida de libertad está condicionada a que no exista otra orden judicial vigente que justifique su reclusión.

Así, el debate dejó de centrarse exclusivamente en la pena impuesta y pasó a examinar también las razones jurídicas que deben respaldar una privación anticipada de la libertad.

Un regreso pendiente a La Guajira

La decisión constitucional abrió la posibilidad de que el exgobernador abandone La Picota y regrese a La Guajira en los próximos días. Su eventual retorno representaría un nuevo episodio en la historia política y judicial de un exmandatario cuyo nombre permanece ligado a un proceso de alto impacto regional.

Pero su salida de prisión, en los términos establecidos por la Corte Constitucional, no equivale al cierre del caso. La Sala Especial de Primera Instancia deberá emitir el nuevo pronunciamiento ordenado, con una motivación que explique si existen razones constitucionalmente suficientes para disponer su privación de la libertad antes de que la condena quede en firme.

Al mismo tiempo, la Sala de Casación Penal deberá continuar con el trámite de la apelación contra la sentencia de 22 años de prisión. El resultado de ese recurso será determinante para definir el futuro penal del exgobernador.

Por ahora, la libertad depende también de que no exista otra orden judicial que impida su excarcelación.

Una decisión que trasciende un nombre propio

El caso de Jorge Eduardo Pérez Bernier plantea una tensión que atraviesa todo Estado de derecho: la necesidad de responder frente a los delitos contra la administración pública y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones judiciales respeten los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional no desconoció la importancia de investigar y sancionar la corrupción. Su intervención se concentró en exigir que una decisión tan trascendental como la privación de la libertad antes de la firmeza de una condena esté respaldada por una justificación clara, individualizada y constitucionalmente suficiente.

La historia, por tanto, continúa abierta. De un lado, permanece una condena de primera instancia por hechos relacionados con el manejo de recursos públicos; del otro, una decisión constitucional que obliga a revisar la motivación de la captura inmediata.

La libertad que se abre ante él no es una absolución ni una victoria definitiva en los tribunales. Es, por ahora, un nuevo capítulo de un proceso que sigue pendiente de decisiones cruciales y que mantiene bajo la mirada pública tanto la lucha contra la corrupción como la obligación de garantizar el debido proceso.