Por Martín Barros Choles
La politización es una verdad de apuño, en la práctica de corrupción, que opera con acciones ilícitas y conductas delictivas, ejercida por servidores públicos, en condición de representante y autoridad competentes, en poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, órganos de controles (Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo) y por último, en la Fiscalía, con las dependencias, subordinadas. Los poderes públicos, que deben manejarse de manera transparente e independiente, están ligado y amangualado, con los partidos políticos, que carecen de credibilidad, por inseríos y manipuladores, engañando a quienes les desconocen, intenciones y objetivos, los dejan mal parado. Predomina el dinero y tráfico de influencia, para cualquier solución de función natural en trámite, sin que sea necesario, ofertas lucrativas de sobornos para beneficio particular y personal, de quien ejerce la autoridad. La politización no es más que un concierto de los delincuentes que gobierna, legislan, disciplinan, penalizan y judicializan; con ramificaciones extensivas. Si no hay confianza por las autoridades y servidores público, que actúan de mala fe, al estilo mafioso, ¿cómo podemos evitar la injerencia, participación y relaciones politizadas; impuestas por los altos mandos politiqueros de bancadas, atornillado y pegado de las tetas, de recursos públicos, desde hace más de un siglo, en las instituciones publica, cooperándose en enlaces, retribuciones, contraprestaciones y favores mutuos?
¿Que la justicia debe reformarse? Están en mora de hacerlo. ¿Pero que garantiza una reforma en la justicia, si siguen los mismos, en forma directa e indirecta, que la han hundido en el desprestigio, por la mala reputación que la demerita? El asunto es mas de ética y moralidad que, de contenido textual, normativo insertado en las reformas. Muchas leyes han sido promulgadas y reglamentadas por decreto, para combatir y erradicar la corrupción, pero de nada sirven, letra muerta, porque los corruptos no aplican, la condicionan a negocio de valor económico o la utilizan para sancionar con castigos, en venganza a opositores y contradictores, por ordenación o encargo, político y remunerativo. Donde no hay justicia, jamás habrá paz. Eso ocurre no solo en Colombia, sino en naciones y territorios, donde la justicia gira en dirección torcida e indecente; víctima de operadores y dictadores absoluto, que la secuestra y colocan a sus servicios, violando derechos y garantías de defensa, ofendiendo y degradando la humanidad. En la justicia el problema es de fondo, más que de forma. Para ganar confianza en la administración de justicia, es necesario descontaminarla y purificarla, comenzando con engendrar nuevos cultivos especializados en manejos judiciales tecnificado, que estén dotados de condiciones y calidades personales, en: ética moral y humanidad, llegando a la administración de justicia en concurso meritorios, diferente a lo que hoy practican, para no tener que deber favor de padrinazgo o político; en la sustitución de plano, sobre los individuos y elementos, que les causan daños y perjuicio a la justica, etiquetándola con el cartel de la toga.
Los cargos de elección y nombramientos de magistrados de la Corte Constitucional y Procurador, están a cargo del Senado. El del Contralor por la Cámara de Representante y el Fiscal, por la Corte Suprema de Justicia, de terna que remite el presidente de la república. La selección y escogencia, de las referenciadas autoridades, depende de manejos políticos entre corruptos, interesados en ganar y compartir, reparticiones burocráticas y espacios, de explotación económica; en instituciones de elección en designación a periodo de termino. La detención del ex: presidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, por orden de la Corte Suprema, ha levantado un polvorín en el partido Centro Democrático, en cuya protesta de inconformidad, claman con emoción por una Asamblea Constituyente, para que reduzca el poder judicial en una sola corte y beneficie a Álvaro Uribe, liberándolo y limpiando la imagen de Uribe, quien se auto domina secuestrado por la máxima autoridad judicial. Pero el mismo Centro político, (quejoso) tiene a favor de sus toldas, al Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado y también, aseguraron la elección de la procuraduría, en cabeza, de la exmagistrada de la Corte Suprema y actual Ministra de Justicia, Margarita Ceballos. El partido que gobierna, quiere acabar lo que no comulguen con Uribe y el blanco que tiene en la mira, es la corte. Igual con quienes no los encubren, favorecen y contradigan. Como podrán observar el gobierno de Uribe e Iván Duque, tiene en el bolsillo, Fiscalia y Procuraduría, pero en contra tiene a la Corte Suprema. Así se disputan los poderes e instituciones publica, en la politización de la justicia, persiguiendo por un lado y tapando por otro.