POR NICOLAS LUBO M.
Un reciente documento ha contribuido al debate público en torno al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, planteando una preocupación legítima: el riesgo de que un evento de esta magnitud se reduzca a lo protocolario, sin traducirse en compromisos concretos ni en políticas sostenibles para la atención integral a la población migrante, retornada y a quienes, desde Riohacha, han debido migrar en busca de oportunidades.
Existe consenso en que Riohacha no puede seguir improvisando ni enfrentando en solitario la complejidad del fenómeno migratorio. Es urgente construir una gobernanza migratoria local con recursos adecuados, metas claras y una responsabilidad compartida entre el Distrito, el Estado y la cooperación internacional. La migración, lejos de ser una carga, puede convertirse en una oportunidad para repensar la ciudad, fortalecer su institucionalidad y mejorar las condiciones de vida de quienes la habitan y transitan por ella.
Esta oportunidad histórica exige un equilibrio entre técnica y narrativa, entre planeación y afecto. Las ciudades no se transforman únicamente con decretos o modelos de atención, sino también con símbolos, imaginarios y emociones compartidas. En ese sentido, el mensaje “Riohacha Anfitriona y Resiliente” debe asumirse más allá de lo retórico: como una invitación a pensarse no solo como territorio receptor, sino como ciudad-refugio, como frontera solidaria, como puerto de dignidad.
Desde esa mirada, se propone una política migratoria local de doble vía, que atienda tanto a quienes llegan como a las juventudes y familias locales que han migrado. La migración no es solo un fenómeno externo; también es una herida interna. Así como se acoge, también se debe abogar por quienes parten y proteger sus derechos más allá de las fronteras. Esta política debe incorporar un enfoque de derechos y atención diferencial a mujeres, infancia, comunidades LGBTIQ+, pueblos étnicos y personas con discapacidad.
Riohacha no es únicamente una frontera geográfica: es también frontera ancestral, afrocaribe y wayuu. Por eso, cualquier política debe construirse desde el diálogo intercultural, la equidad social y la participación comunitaria.
Una de las propuestas centrales es la creación de una Unidad Técnica de Migración Local, con capacidad de articulación institucional, seguimiento técnico y coordinación territorial. Esta unidad permitiría sistematizar información, definir rutas de atención, articular actores e incidir en el diseño de políticas públicas con base en evidencia.
También se plantea una política urbana que responda al fenómeno migratorio desde una lógica de corresponsabilidad solidaria, en la que tanto migrantes como población local se beneficien. Legalizar asentamientos, mejorar barrios vulnerables, ampliar la cobertura educativa o garantizar el derecho a la salud deben entenderse como apuestas de ciudad, no como respuestas coyunturales.
Además, es necesario promover una narrativa ciudadana que acompañe la gestión pública: una narrativa que reivindique la acogida como valor cultural y ético. Acciones simbólicas, culturales y pedagógicas pueden fortalecer el sentido de comunidad, contrarrestar la estigmatización y fomentar la empatía social. La migración también debe tener un lugar en la memoria viva de la ciudad: en sus murales, archivos, fiestas, literatura y expresiones populares.
En definitiva, se propone una política migratoria local que combine seis dimensiones complementarias y estratégicas:
1. Gobernanza compartida, con metas claras y recursos definidos.
Un modelo de corresponsabilidad que supere la fragmentación institucional, permita definir objetivos verificables y asegure una planificación concertada entre el Distrito, la Nación y la cooperación internacional. Esta gobernanza debe ser estable, transparente y con asignación presupuestal que garantice su sostenibilidad.
2. Unidad Técnica de Migración Local, con capacidad de coordinación e incidencia.
Una instancia especializada que permita articular actores, sistematizar información, acompañar territorialmente a las comunidades e incidir en el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque territorial.
3. Enfoque de doble vía que atienda tanto a quienes llegan como a quienes parten.
Una política que reconozca el éxodo de jóvenes y familias locales, y que construya vínculos con la diáspora riohachera, al tiempo que garantice procesos de acogida digna para quienes llegan, sin discriminación ni exclusión.
4. Atención diferencial e inclusiva, con enfoque de derechos.
Protocolos, programas y acciones que reconozcan y respondan a la diversidad de trayectorias, identidades y vulnerabilidades: mujeres, niñez, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, personas con discapacidad. La inclusión no puede ser un discurso, debe ser una práctica institucional permanente.
5. Mejoramiento integral de barrios desde la solidaridad y la justicia urbana.
Legalización de asentamientos, acceso a servicios básicos, mejoramiento del hábitat y fortalecimiento del tejido comunitario. Invertir en los barrios donde conviven migrantes y locales es apostar por la cohesión social y la equidad territorial.
6. Narrativa pública que promueva convivencia, afecto y dignidad compartida.
Más allá de la técnica, se requiere un relato colectivo que humanice la migración, fortalezca los lazos comunitarios y promueva una ciudadanía sensible, empática y corresponsable. La narrativa importa: moviliza, transforma, deja huella.
El Foro Mundial puede ser una vitrina, pero también una posibilidad. Lo fundamental es no asumirlo como una meta, sino como un punto de partida para construir una política migratoria local que sea digna, sostenible y transformadora. Para ello se necesita técnica, sí, pero también empatía, memoria y visión compartida.
Hoy más que nunca, Riohacha tiene la posibilidad de dejar de ser solo una frontera geográfica y convertirse en una frontera ética, una frontera de humanidad.